Priístas siembran terror en Chiapas

Juan Manuel Venegas Ť Asesinatos, violaciones, secuestros, intimidaciones y despojos atribuidos a la organización priísta Paz y Justicia obligaron a 4 mil chiapanecos de cuatro comunidades de los municipios de Tila y Sabanilla a desplazarse hacia otras regiones, en espera de que el gobierno del estado ``se decida a intervenir y restablezca las garantías a la población''.

Los dirigentes de Paz y Justicia --Marcos Albino, regidor de Tila, y Diego Vázquez-- deciden quién entra, quién sale, a qué partido deben pertenecer y qué niños pueden asistir a la escuela, todo contra los habitantes de las comunidades de Jolnistie y Masholja Shulja, en Tila, y Paraíso y Buenavista, en Sabanilla, dio a conocer la diputada federal Adriana Luna Parra, quien regresó de una gira de cuatro días por la zona norte de Chiapas, ``en donde no existen garantías para la población''.

Explicó que aunque los representantes de los indígenas y campesinos desplazados han buscado dialogar con las autoridades municipales y estatales a fin de buscar restablecer el clima de paz, ``no ha habido ninguna señal oficial, hasta ahora, que permita ser optimistas''.

En Masholja hubo once asesinatos y robo al patrimonio de los choles, y en Paraíso y Buenavista mataron a Manuel Vázquez y a las niñas Guadalupe y Rebeca Pérez Torres, de 11 y 14 años, luego de ser detenidas, secuestradas y torturadas durante más de 10 días. A todos estos hechos de violencia, el subprocurador para Asuntos Indígenas y director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia del estado, David Gómez, simplemente ha dicho que sostendrá reuniones con los agentes del Ministerio Público de cada región para recoger las denuncias.

Lo anterior significa que las investigaciones ni siquiera han comenzado y que el único compromiso de las autoridades estatales es levantar las actas de los crímenes sucedidos en esas comunidades.

Pero además de los homicidios aún sin investigar, Luna Parra señaló que a los indígenas y campesinos que han pretendido regresar a sus comunidades de origen, Paz y Justicia les impone una serie de condiciones que atentan ``contra todo orden y obligan a los indígenas a vivir prácticamente en estado de sitio''.

Cuotas y salvoconductos, entre las prácticas comunes en la zona

Es el caso de Jolnistie, en donde a los retornados se les exige un pago de mil a mil 500 pesos; la firma de una carta en la que renuncian a pertenecer a otra organización o partido político que no sea el Revolucionario Institucional; se les impide el libre tránsito y sólo pueden salir o entrar en la comunidad con salvoconductos firmados por Paz y Justicia.

Además, los niños de las familias retornadas, indicó la diputada Luna Parra, no tienen acceso a la escuela ``y la segregación impuesta obedece a que sus padres están identificados por Paz y Justicia como simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática; esto es, sólo podrán entrar en un salón de clases, cuando sus padres firmen renunciando a su militancia partidista''.

Explicó que ante las amenazas y actos de terror promovidos por los dirigentes de Paz y Justicia y la desatención del gobernador Julio César Ruiz Ferro y del secretario de Gobierno estatal, Eraclio Zepeda, los desplazados se han organizado y han hecho un llamado para establecer un diálogo que permita restablecer las garantías en esas poblaciones.

No obstante, los desplazados han puesto sus condiciones para sentarse a dialogar, ``porque no es posible que sigan soportando todo tipo de injusticia, sin que el gobierno garantice ninguna seguridad a sus familias y a su patrimonio'', informó.

Esas condiciones son restablecimiento del libre tránsito, cese de las hostilidades, castigo a los autores de los asesinatos ocurridos en los últimos tres meses, indemnización por las pérdidas que tuvieron durante su desplazamiento, restitución de los documentos civiles y agrarios que les fueron sustraídos o quemados durante los desalojos de que fueron víctimas y libertad a los presos de Cerro Hueco, que fueron detenidos sin orden de aprehensión.