Panistas en Nuevo León: cambios de nomenclatura y medidas morales

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 29 de marzo Ť Las administraciones panistas de Nuevo León han incurrido también en la práctica de pretender la imposición de sus criterios ideológicos y políticos a la población.

En lo referente a los nombres de calles, en víspera del aniversario de la Carta Magna, el alcalde panista de Monterrey, Jesús Hinojosa Tijerina, le impuso al bulevar Constitución el nombre de Antonio L. Rodríguez, quien fuera un empresario nuevoleonés, miembro de la primera diputación federal panista.

Asimismo, el cabildo regiomontano le impuso el nombre de Padre Raymundo Jardón a un tramo de la calle Melchor Ocampo. Historiadores y otros intelectuales locales cuestionaron que Hinojosa Tijerina mostrara desprecio por uno de los próceres de la Reforma y honrara, en su lugar, a un cura de barrio.

Asimismo, el cabildo panista le impuso el nombre de Valle de Santa Lucía a la colonia Granja Sanitaria, sin tener en cuenta la protesta de vecinos, quienes fueron sacados por guardias a golpes del palacio municipal.

En San Nicolás de los Garza, el alcalde panista, Adalberto Núñez Ramos, anunció que impondrá el nombre de personajes locales a calles del municipio, a través de un consejo que analizará las trayectorias. Uno de los primeros homenajeados fue el empresario ya fallecido Mario Jorge Montemayor, quien fuera dueño de Conductores Monterrey, Prolamsa y Axa Yasaky, entre otras empresas. Se impuso su nombre a la avenida Las Américas, que pasa junto al complejo industrial referido.

Javier Orellana Cota, coordinador de la agrupación civil Defensa Ciudadana declaró que el edil Núñez Ramos recompensó, de esa forma, los apoyos económicos que los hijos de Mario Jorge Montemayor dieron para su campaña por la alcaldía.

En Santa Catarina, durante el trienio (1991-1994), el ex alcalde Atanasio González Puente le devolvió al bulevar Manuel Ordóñez el nombre que el ex alcalde cetemista, Juan Francisco Caballero Escamilla, le había cambiado por el de Fidel Velázquez.

Los ayuntamientos panistas también han sido polémicos por pretender imponer criterios de moralidad, buenos modales y buen comportamiento.

El alcalde regiomontano, Jesús Hinojosa, desató una campaña contra los centros nocturnos donde se presentaban espectáculos de table dance, al considerar que se atentaba contra la dignidad de la ``persona humana''. Pasado el escándalo y luego de varias clausuras, dichos lugares operan con normalidad. Los opositores al alcalde sostienen que sólo se siguieron fines recaudatorios.

Asimismo, pretendió sacar adelante un reglamento que impedía entrar a espectáculos masivos en pantalones cortos y, además, por ``inmorales'', evitaría los desnudos en teatro.

El alcalde de San Nicolás de los Garza, Adalberto Núñez Ramos, puso en marcha la denominada Operación Mochila, mediante la cual la policía municipal hacía revisiones entre los útiles escolares de los estudiantes de secundaria para buscar armas punzocortantes. La medida se suspendió luego de fuertes denuncias ciudadanas que la calificaron de inconstitucional.

Recientemente, el cabildo de San Nicolás aprobó una reglamentación que castiga con multa a los vecinos que eleven más allá de lo normal el volumen de sus aparatos estereofónicos. El problema es que los ruidosos son sancionados a criterio del juez auxiliar o los jueces calificadores del municipio, ya que la administración no cuenta con decibelómetros, que tienen un costo de más de mil dólares cada uno.