Los consejeros electorales que asumieron la función de organizar las elecciones de 1997 han demostrado rectitud, imparcialidad y buena fe durante su, todavía, breve desempeño. Sin embargo, ya han tropezado con algunas piedras en su camino y no han sabido removerlas, pues se han constreñido a darles la vuelta para seguir adelante.

En una sola sesión realizaron dos veces la operación de bordear los obstáculos, con el ánimo evidente de conciliar lo inconciliable. Me refiero a los acuerdos sobre financiamiento externo a los observadores electorales; y a la exhortación dirigida a las autoridades federales, estatales y municipales, para que suspendan la difusión de su labor en un lapso de 30 días anteriores al 6 de julio.

En ambos casos se requería de la aplicación estricta del marco constitucional y de sus implicaciones legales y, por tanto, una definición clara y contundente del criterio que, como máxima autoridad en materia electoral, sustenta el Consejo General del IFE. Los acuerdos adoptados fueron equivalentes a los actos de gobierno que, en su tiempo, Melchor Ocampo bautizó como medidas medias, o sea las que se dictan para resolver sin solucionar. Algunos suponen que así era la justicia salomónica.

Por exigencias de espacio, me referiré solamente al primer asunto y reservaré el segundo para otra ocasión. Jurídicamente la cuestión es muy simple: en nuestro sistema constitucional los derechos políticos son exclusivos de los ciudadanos mexicanos, pues ni siquiera se reconoce a los extranjeros residentes en territorio nacional. Por mayoría de razón, está vedado a agencias u organismos multinacionales inmiscuirse en nuestros procesos electorales, directa o indirectamente.

El nudo interpretativo es si proveer de recursos a una asociación de mexicanos para que participen, así sea como observadores, en un proceso electoral, es una forma indirecta (y por tanto un subterfugio) para tomar parte en nuestros asuntos políticos. Para desatar el nudo, basta con entender el sentido literal de la denominación del programa que sería apoyado con la provisión de recursos externos.

En esa denominación se hace constar su finalidad. Según el documento que circuló en el Consejo General del IFE, no es otra que ``crear las condiciones que permitan que las elecciones para gobernador del Distrito Federal sean limpias y confiables''. Se pretende ignorar que crear esas condiciones es asunto exclusivo de los mexicanos, por lo que aceptar el financiamiento de la Unión Europea implicaría admitir que concierne también a otros países.

Cabe recordar que la legislación electoral prohíbe expresamente a los partidos recibir aportaciones o donativos de personas físicas o morales extranjeras. Se dirá que es inherente a los partidos pretender inclinar a su favor los procesos electorales, pues su objetivo connatural es tener acceso a cargos legislativos y ejecutivos, mientras que los organismos de observadores persiguen otros fines y están sujetos a otras normas, por cierto rigurosas, para asegurar su imparcialidad.

Solamente los ingenuos podrían creer que un programa que se basa en el supuesto de que no existen condiciones para que las elecciones en el DF sean limpias y confiables, ya que su propósito explícito es crearlas, cumple el requisito de imparcialidad. Es obvio que sus promotores actuarán a partir de una urdimbre de prejuicios que involucran la tácita impugnación del marco constitucional y legal de los comicios y de su aplicación por órganos donde el poder de decisión se ha puesto en manos de ciudadanos apartidistas, desde el Consejo General hasta las casillas. Según el peculiar punto de vista de los pedigüeños, deberá ser su propia labor de observación el instrumento indispensable para crear las condiciones de limpieza y credibilidad hasta ahora inexistentes.

¿Qué determinación tomó el Consejo General del IFE? Buscar una salida tangencial: que se eliminen las expresiones que identifican al programa de observación propuesto y se les sustituya por otras inocuas, como si con suprimirlas fuese a cambiar el enfoque tendencioso de sus promoventes. Se propuso además que los fondos sean manejados por el IFE, como parte de un acervo que incluya los captados en otras fuentes. Mucho me temo que subsistiría el prejuicio que motivó la decisión filantrópico-injerencista, y que los observadores apalabrados con la Unión Europea (ya identificados de antemano) terminarían informando y rindiendo cuentas a sus patrocinadores. Conozco precedentes.