Plantea la ARDF igualar salarios de defensores de oficio y de la Procuraduría

Ricardo Olayo Ť La Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) plantea en el proyecto para la Ley de Defensoría de Oficio acabar con la sobrecarga de trabajo, equilibrar los bajos salarios que obligan a los defensores a contratarse con particulares y permitir que un detenido se inconforme con el abogado que se le asigne para que pueda cambiársele.

En el texto, que podría ser votado el próximo mes, por primera vez se establece la selección, capacitación y actualización de los defensores, pues aunque la ley pide que éstos sean abogados muchos de ellos sólo son pasantes, indica la exposición de motivos de la iniciativa.

Por todas estas circunstancias, la Comisión de Derechos Humanos de la ARDF considera que hay una ``franca desventaja'' de quienes son sujetos a un procesos frente a los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la cual tiene recursos materiales y económicos.

El texto propone igualar los salarios de los defensores con los agentes del Ministerio Público, lo que significaría un incremento de más de 150 por ciento para los primeros.

Este aumento ha sido recomendado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por el desequilibrio en la actividad, pero no se ha logrado. El responsable de esta tarea en el Departamento del Distrito Federal era el actual procurador de Justicia, Lorenzo Thomas Thorres.

El proyecto de ley indica que las fallas que tiene la defensoría conducen inevitablemente a que el grupo social de menores recursos sea ``especialmente vulnerable ante la ley'', que la desigual situación constituye una violación a las garantías fundamentales porque ``es intolerable que la justicia sea una para quienes pueden pagar por una defensa y otra muy distinta para quienes no lo pueden hacer''.

Respecto a la equidad en salarios, el texto propone igualar los sueldos de un defensor de oficio con el de un agente del Ministerio Público; se señala que sus condiciones de trabajo son tan deplorables que en muchos casos no cuentan con una oficina en los juzgados ni con personal de apoyo.

Otra de las propuestas de ``especial importancia'' es la posibilidad de que una persona representada por el defensor de oficio en un juicio solicite que le sea asignado otro si tiene dudas fundadas sobre su actuación.

De la investigación hecha por los asambleístas, en particular el panista Salvador Abascal Carranza, se encontró que la defensoría de oficio, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Departamento del Distrito Federal ``se encuentra en franca desventaja frente a la fiscalía, es decir, frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El defensor se encuentra en desventaja frente al fiscal en cuanto se refiere a apoyo técnico, recursos y capacitación''.

Además, se indica que la defensoría tiene ``un desproporcionado volumen de causas por atender. Se ha calculado que los defensores de oficio fungen actualmente como tales en más de 100 casos cada uno''.

Se añade que su preparación es deficiente, pues una gran parte de ellos son pasantes, no se les exige experiencia como litigantes y tampoco tienen opciones de desarrollo profesional.

Los defensores se encuentran ``pésimamente remunerados y no cuentan con un sistema de estímulos'', además de que no pueden cobrar en su lugar de trabajo, sino que deben acudir a oficinas centrales para hacerlo.

Por los bajos salarios, muchos defensores se contratan con los particulares con el fin de prestar una mayor atención a los expedientes. El proyecto de Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal consta de 15 capítulos y 80 artículos, y según la presentación del texto, propone crear un organismo público descentralizado que tenga a su cargo el servicio.

Una de las medidas para dar un trato equitativo a todas las personas es otorgar asesoría jurídica, lo cual es una necesidad de muchos habitantes de la ciudad. Asimismo, se plantean cambios en la estructura jurídica de la defensoría de oficio y la creación de una dirección general, así como otras de servicios jurídicos, selección y capacitación. Además habrá un director administrativo, una contraloría interna y un consejo de colaboración.