Enviará el IFE lista de prohibiciones a todos los niveles del gobierno

Mireya Cuéllar Ť El Instituto Federal Electoral (IFE) hará llegar a todas las dependencias gubernamentales -en todos los niveles -``una minuciosa descripción'' acerca de lo que la ley prohíbe a los funcionarios de frente a las campañas electorales, para evitar que los recursos públicos se usen con fines partidistas.

Se trata, informó el IFE, de una labor de difusión para que ningún funcionario desconozca los límites que le impone la ley; ``es una medida que coloca a todos en un piso común de información y, por lo tanto, que tiende a generar un contexto de exigencia que previene, o pone sobre aviso, de conductas irregulares a todo funcionario público sin importar su partido o afinidad política''.

Asimismo, en los días previos a la elección del 6 de julio, el órgano electoral realizará una amplia y masiva campaña de radio y televisión sobre las garantías de libertad y de secreto del voto que ofrecen la ley y el propio instituto al ciudadano.

En el contexto de evitar ``la actuación facciosa de los funcionarios públicos'', el IFE ha decidido no sólo informarles ``minuciosamente'' lo que tienen prohibido con motivo de las elecciones, sino que formó -en la pasada sesión- una comisión especial que recibirá las denuncias en este sentido. Exhortó además a los gobiernos (federal, estatales y municipales) a suspender la publicidad de sus programas sociales, que no su curso, 30 días antes de la elección. Esta recomendación del Consejo General del IFE tiene un significado eminentemente político, que no valor jurídico.

El objetivo es que la difusión de los programas gubernamentales no se confunda con la propaganda de los partidos políticos; que la publicidad de algunos programas gubernamentales no pueda ni deba tomarse como una especie de ``propaganda soterrada''.

Todas estas medidas, dice el IFE, son una respuesta a ``dudas razonadas'' y expresadas por los distintos actores políticos, y tienen como objetivo evitar que los recursos públicos sean desviados a campañas partidistas, conductas ilícitas y que se precisen los límites de la acción pública durante las contiendas electorales.

Hay que recordar que en 1994, por decisión propia, el Ejecutivo federal suspendió 20 días antes de los comicios del 21 de agosto la publicidad de sus programas de gobierno.