5 mil agentes más de EU a la frontera
Notimex, Washington, 28 de marzo Ť El despliegue de unos cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza, adicionales a los que ya operan, es una de las previsiones que figuran en la nueva ley migratoria estadunidense que entrará en vigor el próximo primero de abril.
El ordenamiento es considerado como una de las leyes migratorias ``más drásticas de la época moderna'' y su objetivo es reducir la inmigración legal e indocumentada a Estados Unidos.
La denominada Acta de 1996 para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Inmigratoria, está integrada por seis capítulos y fue adoptada en septiembre pasado por el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Su capítulo primero incluye medidas para reforzar el combate contra la inmigración ilegal, entre ellas el despliegue de cinco mil agentes adicionales de la Border en la frontera suroeste durante los próximos cinco años.
Prevé asimismo incrementar el número de inspectores del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para detectar a personas cuyos permisos de permanencia en Estados Unidos hayan expirado, traficantes de indocumentados y contratación ilícita de migrantes por empresas en Estados Unidos.
Autoriza también el mejoramiento y construcción de nuevas bardas o enrejados en la frontera suroeste ``para combatir la inmigración ilegal'', así como adquisición de equipo adicional para la Patrulla Fronteriza, incluidos helicópteros, vehículos y visores nocturnos.
Su capítulo dos trata lo referente al refuerzo de sanciones carcelarias y monetarias contra traficantes de indocumentados y por uso de documentos migratorios falsos y su elaboración, además de otorgar mayores facultades a agencias policiales para intervenir conversaciones en investigaciones contra ese tipo de delitos.
El capítulo tres habla de mejorar la inspección, detención, arresto, adjudicación y procedimientos de deportaciones mediante procesos de expulsión expedita, entre otros.
La nueva ley otorga facultades a funcionarios del SIN, bajo el capítulo aludido y en casos específicos, para determinar la expulsión de extranjeros indocumentados, sin necesidad de que sean presentados ante un juez migratorio.
Autoriza también al SIN a solicitar el apoyo de policías locales y estatales para realizar detenciones de indocumentados.
Alienta y acelera la deportación voluntaria de indocumentados y prohíbe la entrada, por un plazo de tres y diez años a Estados Unidos, a personas sin permisos vigentes que permanezcan en el país por seis meses o un año, respectivamente, después del primero de marzo.
La ley extiende hasta septiembre la posibilidad para ``ajustar'' sin salir de Estados Unidos, a aquellas personas con situación migratoria irregular que han permanecido por largo tiempo en este país y que tienen por hijos o esposos a ciudadanos estadunidenses o residentes legales.
El gobierno de Bill Clinton ha solicitado al Congreso que ese tipo de regularización de situaciones migratorias sea incluida en la ley de manera permanente, pero hasta ahora no existe una decisión final.
Bajo la sección 240 de la nueva ley, ``sólo individuos indocumentados con diez años de residencia en Estados Unidos, con buen carácter moral, y que no han sido encausados por ofensas criminales'', pueden solicitar la cancelación de una orden de deportación en su contra.
``La cancelación de la orden de deportación sólo se otorgará si el extranjero demuestra que su salida del país resultaría en daño excepcional y extremo a un residente permanente legal o a un ciudadano estadunidense'', establece la legislación.
Añade que la procuradora general de Justicia no podrá ``ajustar'' la situación migratoria de más de cuatro mil extranjeros en un año fiscal (que va de octubre a septiembre).
El capítulo cuarto prevé nuevas medidas para reducir la contratación de indocumentados por empresas estadunidenses, que incluyen programas piloto voluntarios automatizados para que compañías puedan verificar la situación migratoria del personal que emplean. El capítulo quinto establece restricciones de beneficios públicos a inmigrantes legales e impone condiciones más estrictas para que residentes permanentes o ciudadanos de Estados Unidos puedan reunirse con familiares, incluyendo esposos e hijos.
Entre otras condiciones, exige a nacionales estadunidenses o residentes legales demostrar que perciben un sueldo superior en 120 por ciento al salario mínimo, para poder llevar a Estados Unidos a esposas o hijos que viven en el extranjero.
El capítulo sexto incluye nuevas medidas relacionadas con peticiones de asilo y prohíbe a estudiantes extranjeros obtener educación gratuita en escuelas públicas.