En EU, pánico de indocumentados

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 27 de marzo Ť Filas de espera de mexicanos desesperados frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), otras más para conseguir licencias de matrimonio, miles de llamadas telefónicas a abogados y organizaciones de asistencia por parte de gente espantada, desinformación y noticias de más redadas y mayor número de personas encarceladas cunden por todo el país en vísperas de la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración, el primero de abril.

Durante tres días, frente al edificio federal en Manhattan, miles de inmigrantes se formaron tratando de presentar su solicitud para conseguir la permanencia en este país, en un número que duplicó los mil 500 que normalmente visitan esa oficina. Finalmente las autoridades informaron que ya no se atendería a la gente en forma personal, sólo por correo, lo que provocó más desesperación entre muchas personas que habían dormido ahí para mantener su lugar.

Cientos se han formado frente a las oficinas municipales del SIN en varias ciudades para intentar casarse antes del primero de abril, buscando una pareja que posea la residencia o ciudadanía, esperando con eso salvarse de ser deportados.

Pero todo fue en vano, ya que la gente fue desinformada y presentar una petición para ``legalizarse'' o casarse antes del primero de abril no es suficiente para defenderse ante las reglas del juego definidas por la nueva ley de inmigración.

Estas escenas se repitieron en Chicago, en Houston y en múltiples entidades. ``Cunde la confusión'', repiten los activistas y abogados, al señalar que la ley es tan complicada que sólo pocos expertos y, en algunos casos, las propias autoridades, la entienden completamente. ``Hay cientos de páginas de regulaciones para la aplicación de la ley'', comenta la abogada Suan Gzesh, ``y aún no hay definiciones claras sobre cosas como la presencia ilegal''.

Así, tanto en esta capital como en Miami, Nueva York, Houston, Los Angeles y Chicago millones de indocumentados enfrentan ahora lo que algunos defensores de los derechos del inmigrante consideran la peor crisis en años. Y la crisis se profundiza para los inmigrantes ancianos e incapacitados porque de aquí al primero de agosto muchos de ellos perderán la asistencia social, ya sea a través de pagos mensuales, cupones de alimentos o atención médica.

Gzesh, quien trabaja para Heartland Alliance en Chicago, organización de apoyo para la comunidad inmigrante, comentó a La Jornada que, de hecho, con la nueva ley ``se trata de la autodeportación, haciendo que sea intolerable a la gente permanecer aquí'', y a manera de ejemplo dijo: si la madre de una familia es forzada a regresar a México, ¿qué decisión tomarán sus hijos y su esposo?

Pero el problema para los opositores de las leyes de inmigración no es el derecho de un país a definir su política, sino la forma como se aplica la ley. ``El problema es la forma en que se definen las leyes, y en Estados Unidos la política migratoria no es igual para todos, más bien está diseñada para ser discriminatoria, selectiva y por lo tanto injusta'', afirmó María Jiménez, directora del proyecto de inmigración del Comité Americano de Servicio de los Amigos (AFSC) en Houston.

Jiménez agregó: ``los empresarios internacionales no tienen problemas migratorios, sólo los trabajadores internacionales pobres''. La aplicación injusta de las leyes migratorias se manifiesta en varios niveles, indicó en entrevista con La Jornada.

Un empresario que invierte 2 millones de dólares y contrata a ocho obreros durante más de dos años no tiene problemas para conseguir su permanencia, ``pero los trabajadores pobres no pueden adquirirla''. Así, afirmó, las políticas están diseñadas ``para mantener el esquema de desigualdad en Estados Unidos e internacionalmente'', y agregó que es parte de la aplicación de la estrategia de ``ajuste estructural'' dentro del propio Estados Unidos para crear una fuerza de trabajo de menor ingreso y la generación de altas utilidades.

Mexicanos, el grupo más perseguido

Por otro lado, Jiménez y Gzesh señalan que los mexicanos son el grupo más perseguido en la aplicación de las leyes antiinmigrantes, por lo cual no sólo es injusta la aplicación de la ley por razones económicas sino también raciales.

Jiménez dijo que según cifras de un estudio del Urban Institute en 1994, de cada diez indocumentados en EU sólo cuatro cruzan por la frontera con México, pero 85 por ciento de los recursos destinados para detener el flujo migratorio se dedica a la frontera sur. Indicó que de cada cien indocumentados 39 son mexicanos y también lo son 90 por ciento de los detenidos.

En Chicago, según Gzesh, las autoridades ``sólo persiguen mexicanos''. Pero aun si intensifican sus acciones, esta estrategia no funciona y sólo provoca más temor y condiciones más injustas, además de fragmentar a las familias. En el estado de Illinois, casi todos concentrados en la zona de Chicago, se deportó a mil 200 mexicanos, pero durante el mismo periodo se calcula que ingresaron más de 10 mil. Se calcula que en Illinois suman 150 mil los indocumentados mexicanos. La ciudad de Chicago ha incrementado la proporción de su población latina, principalmente por el flujo de mexicanos, de 19 por ciento en 1990 a 24 por ciento en 1995.

Sin embargo, las autoridades siguen intensificando la aplicación de la ley a través de acciones policiacas. En la línea telefónica de la organización de María Jiménez para reportar abusos y redadas, el número de llamadas se duplicó el último mes. Informa que se está encarcelando con más frecuencia a los que intentan entrar con documentos falsos, cuando antes les quitaban los papeles y los regresaban; incluso algunos están cumpliendo condenas de 90 días a dos años en la cárcel.

El presupuesto para la ``migra'' se ha incrementado en más del 100 por ciento, según Jiménez, y se ha ampliado la cooperación entre el SIN y las policías locales. Peor aún, la nueva ley permite que los empleados reporten la presencia de indocumentados, dice, y pone como ejemplo que las recepcionistas de clínicas médicas tienen que verificar el estatus migratorio de los pacientes y después de solicitarles todos sus datos pueden llamar a las autoridades para informar sobre los clientes. También hay trabajadores que pueden reportar la presencia de sus colegas indocumentados.

Redadas sin precedente

Jiménez sostiene que su organización sabe de nuevas redadas desde Florida y Arkansas hasta Washington, ``donde participaron helicópteros y agentes esposando a madres e hijos'', y que las redadas se han incrementado a los niveles más altos desde hace diez años. También se están ampliando los centros de detención y se ha contratado espacio en más de 900 cárceles de condado en el país para detener indocumentados.

``Por primera vez el temor que cunde entre la comunidad inmigrante está justificado'', considera Jiménez. ``Estamos luchando contra todo esto'', dice, y la opinión pública ha permitido todas estas represalias por el clima antiinmigrante que impera aquí. ``No está basado en un argumento lógico. Cómo es posible que 8 por ciento de la población estadunidense, los que nacieron fuera de este país, sean responsables de todos los problemas económicos y sociales de los que se les acusa'', pregunta.

Dice que la falta de respuesta tiene diversas razones, entre otras que muchos no se percataron de la ``gravedad'' de las implicaciones de la nueva ley ``ni hubo la capacidad política para enfrentarla''. En parte esto se debió a una división en el movimiento de los derechos del inmigrante porque algunas organizaciones decidieron abandonar la defensa de los indocumentados para proteger los derechos de los ``legales''. ``Pero no lograron salvarlos, ya que a ellos también les están quitando sus beneficios y la asistencia social, porque no entendieron que ese no era el ataque, era un ataque xenófobo y racista''. Sin embargo, Jiménez considera que al manifestarse las consecuencias se integrará un movimiento con más capacidad política, pero en el largo plazo.

Para Gzesh, el problema fundamental de la política migratoria estadunidense es que aún no reconoce la relación especial con México y sigue aplicando las mismas medidas que aplica a otros países. ``Es desconocer los vínculos históricos, económicos, sociales, políticos y culturales entre ambos países, es desconocer el flujo migratorio como un factor del proceso de integración económica y ese flujo no podrá ser irrumpido por lo que diga alguna ley''.