La Jornada 28 de marzo de 1997

La extradición, acto de soberanía, afirma la PGR

Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño E. Ť La política que ha marcado el gobierno de México en materia de extradición ``se ha caracterizado por ser un acto de soberanía, estrechamente ligado al principio de reciprocidad internacional y a las relaciones de cooperación y asistencia mutua entre Estados soberanos'', sostuvo la Dirección de Asuntos Legales Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).

La figura jurídica de la extradición, expuso la dependencia en torno al espíritu de los convenios internacionales, ``no es sólo un procedimiento administrativo de entrega y recepción de delincuentes, sino que tiene como objetivo primordial combatir los espacios de impunidad y la proliferación de conductas ilícitas que menoscaban los principios de convivencia''.

En cuanto a los narcotraficantes considerados como extraditables o que han sido reclamados por las autoridades estadunidenses, la dependencia tiene una lista en la que sobresalen Amado Carrillo Fuentes, capo del cártel de Juárez, cuya solicitud de orden de aprehensión provisional con fines de extradición, data de enero de 1996.

Junto al llamado Señor de los cielos se encuentran los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, así como los dos personajes que quedaron al frente de las operaciones del cártel del Golfo, desde enero del año pasado, cuando fue capturado el jefe Juan García Abrego: Francisco Guerra Barrera y Oscar Malherbe de León, éste, detenido el 20 de febrero pasado.

Otro capo preso en México, reclamado por las agencias estadunidenses, es Joaquín El Chapo Guzmán Loera, detenido por la balacera en la que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

De acuerdo con la información de la PGR, las agencias antidrogas de Estados Unidos identificaron plenamente la cúpula del cártel del Golfo, por las declaraciones de otros dos extraditables: Juan Ortiz y José Emilio Rivera Piñón, El Charrito. El primero fue extraditado a Texas el 30 de enero de 1994 y juzgado en una Corte Federal de Houston.

El Charrito, en cambio, fue sentenciado en México a seis años de prisión y se concedió su extradición a Estados Unidos de manera diferida hasta el año 2001.

Las fichas de estos dos presuntos narcotraficantes, señalan lo siguiente:

En el caso de Juan Ortiz, estaba considerado como ``uno de los mayores narcotraficantes mexicanos por su relación con el cártel de Cali, Colombia. El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) lo tenía ubicado como una de las personas más cercanas a Juan García Abrego y responsable directo de la venta de toneladas de cocaína en el sur del estado de Texas, además de experto en operaciones de lavado de dinero por medio de casas de cambio.

``La Policía Judicial Federal de México lo detuvo el 22 de mayo de 1993 en Cancún, Quintana Roo, y aunque se amparó contra la solicitud de extradición formulada por el gobierno de Estados Unidos, ésta no prosperó, por lo que fue entregado a las autoridades estadunidenses el 30 de enero de 1994.

``De 39 años de edad, Ortiz fue trasladado a Houston y recluido en el la prisión del condado de Harris. El juicio en su contra se inició el 15 de marzo de ese mismo año''.

La ficha de El Charrito lo ubica también como uno de los principales operadores del cártel del Golfo, ``ligado a los capos de Cali. Fue detenido el 10 de noviembre en Morelia, Michoacán, acusado de robo. En el juicio, aquí en México, fue condenado a seis años de prisión.

``Identificado por el FBI y la DEA, el gobierno de Estados Unidos lo reclamó por delitos contra la salud, en su modalidad de contrabando de cocaína. En junio de 1995, el gobierno de México concedió su extradición diferida; es decir, una vez que cumpla su sentencia en México, lo cual será hasta el año 2001.

``La decisión mexicana no satisfizo a su contraparte estadunidense que sigue reclamando su entrega'', reconoce la PGR.

Actualmente México tiene firmados tratados de extradición con Estados Unidos, Brasil, España, Cuba, El Salvador, Guatemala, Belice, Colombia, Bahamas, Panamá, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Países Bajos e Inglaterra.