En una misiva al SIN, la cancillería impugna la ley de inmigración ilegal

David Aponte Ť El canciller José Angel Gurría envió una carta a la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), Doris Meissner, para expresar el rechazo del gobierno de México a la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, y solicitar el inicio de consultas bilaterales sobre la aplicación de las nuevas legislaciones en la materia.

En un documento de 15 páginas, expuso que la también denominada Acta de 1996 ofrece un amplio margen de arbitrio y libertad a los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes la podrían interpretar en perjuicio de los trabajadores migratorios mexicanos.

Al respecto, pidió a la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización que las autoridades migratorias de Estados Unidos eviten cualquier violación a los derechos civiles y humanos de la comunidad mexicana residente en ese país.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó los compromisos adquiridos por los países de América del Norte y Centroamérica en materia de protección de los derechos de los migrantes y sus familias, refrendados en la segunda Conferencia Regional de Migración, celebrada a principios de marzo en la ciudad de Panamá.

En el texto, que será difundido el próximo domingo, expresó su preocupación por los efectos negativos del paquete de leyes migratorias, entre ellas el Acta 1996, que restringe los derechos de asistencia pública y educación a los migrantes documentados e indocumentados, en la numerosa población de origen mexicano.

Ciertamente, la legislación corresponde a una determinación de carácter interno. Sin embargo, la autoridad mexicana tiene la responsabilidad de vigilar que los derechos de sus nacionales no se vean afectados, donde quiera que ellos se encuentren, agregó el diplomático.

Respecto de la aplicación del nuevo marco legal de inmigración, que iniciará su entrada en vigor el primero de abril, el consulado de México en Los Angeles consideró que la reforma al sistema de asistencia social causará severas consecuencias en California: el estado dejará de percibir cerca de 10 mil millones de dólares al año por concepto de ayuda en favor de los inmigrantes legales.

Cerca de 93 mil residentes serán desprovistos de los beneficios del Ingreso Suplementario de Seguridad, consistente en ayuda monetaria para personas de bajos ingresos, mayores de edad e incapacitados; 400 mil residentes legales dejarán de recibir estampillas de comida, y 200 mil migrantes documentados perderán los beneficios de la Ayuda a Familias de Hijos Dependientes, que ofrece asistencia económica hasta que los hijos están en condiciones de mantenerse por sí mismos, expuso.

Sobre los servicios médicos, los residentes legales podrían perder los beneficios de Medical, programa que ofrece ayuda para personas de bajos ingresos, cuyo presupuesto es de 100 millones de dólares anuales para el condado de Los Angeles, continuó.

Por lo que hace al terreno educativo, la legislación impondrá mayores limitaciones a los estudiantes extranjeros que de-seen ingresar a escuelas públicas de nivel elemental, secundaria y en programas de educación para adultos, señaló.

En su documento, la representación consular añadió: ``Las tendencias políticas dominantes vislumbran circunstancias adversas al progreso educativo de los latinos. La trasferencia de poderes y recursos presupuestales del gobierno federal a los estados y los cambios políticos y judiciales en contra de los programas de acción afirmativa (alfabetización, educación primaria, secundaria y para adultos), podrían agravar -en lugar de aliviar- las disparidades que determinan el atraso educacional de los latinos''.