A nadie deben sorprender ni escandalizar las discusiones vehementes en cualquier foro, a condición de que las ideas no se sustituyan por insultos estériles, aunque aquéllas, como suele ocurrir cuando no se debaten abstracciones puramente filosóficas, encubran intereses inexpresados.

En el IFE, la representación del partido oficial se opuso con viveza a la decisión del Consejo General de hacer un exhorto a los gobiernos federal, estatales y municipales para que 30 días antes de los próximos comicios, y durante la jornada electoral, suspendan la difusión pública de sus programas de asistencia social, cuando éstos no sean de estricta necesidad o de utilidad pública. Expresamente se exceptúan los programas de emergencia y los relacionados con condiciones de riesgo para la población.

Si, como se dijo, esa decisión fuera innecesaria e inútil, la objeción, la excesiva irritación y las amenazas de recurrir al Tribunal Federal Electoral, lo serían también. Lo que no hay, evidentemente, es ilegalidad por el lado del IFE.

En efecto, el artículo 4 del Cofipe, en su párrafo 3, que no fue reformado, establece que ``Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción en los electores''. Y el artículo 82, del capítulo en que se enumeran las atribuciones del Consejo General, y que sí fue afectado por las reformas promulgadas el 22 de noviembre del año pasado, dispone en el párrafo 1, inciso w): ``conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan...''. De modo que no tiene nada de ilegal o extralegal que el IFE instituya una Comisión Especial como órgano operativo para dar cumplimiento a esas atribuciones, si bien las denuncias serán luego turnadas por ésta a la Fiscalía Especial encargada de los delitos electorales.

Puede admitirse que en circunstancias de mayor madurez democrática, esa medida podría parecer hasta un tanto extraña. Pero estamos en México, y saliendo apenas trabajosamente, con la ciudadanización de los órganos electorales, del perímetro de la incredulidad fincada en los viejos vicios y trampas de la simbiosis de un partido ``casi único'' y el poder público. Ahora los poderes estatales y municipales son compartidos por varios agrupamientos políticos, todos los cuales podrían utilizar indebidamente la publicidad asistencial para fines electorales; pero sólo uno de ellos ha protestado airadamente por la restricción, con lo cual se hace sospechoso de haber estado planeando atraer votos por ese medio.

Todavía se recuerda el poderoso ascendiente que ejercía el programa de Solidaridad (y no era el único) sobre los electores. Así que se justifican sobradamente las suspicacias, la diligencia y los esfuerzos del IFE ciudadanizado por garantizar la mayor equidad y transparencia y por buscar que todos creamos en su trabajo.

Por lo demás, el exhorto del IFE, como dice la consejera Jacqueline Peschard, tiene el sentido de una invitación, un llamado, una recomendación. Se trata, pues, de un exhorto en sentido lato, no del que equivaldría a un medio de comunicación procesal, girado, verbigracia, por un juez. Como sea, tiene una fuerte carga de obligatoriedad moral, y todos estaremos muy pendientes de su riguroso cumplimiento.

Sobre ciertos grupos de electores están ejerciéndose, desde mucho antes de que se iniciara el proceso electoral, algunas formas de coacción insolente, abierta y tal vez mayormente punible que la de las ofertas asistenciales. Siendo el sufragio un derecho que se ejece de manera individual, directa y secreta, el personaje que preside, por así decir, el Congreso del Trabajo, ha ofrecido al partido oficial, por sí y ante sí, ocho millones de votos. Puede suponerse que no se trata sino de una fantasía lacayuna, pero aun en tal caso ese señor atenta impunemente contra los esfuerzos democratizadores de la reforma política en su variante electoral y aboga por la perpetuación del corporativismo.

Lo mismo, pero con mayor agresividad todavía, está haciendo el máximo dirigente de la CTM cuando amenaza con la expulsión y el despido a los trabajadores que se abstengan de votar o a los que, según sus misteriosos servicios de inteligencia, no voten por el partido tradicional. ¿No hay nada que pudiera hacer el IFE al respecto? Porque todos estos despropósitos y bajezas, cualquiera que sea su efecto real (y puede no ser despreciable), significan una coacción despiadada, se levantan como la bruma sobre el pantano y niegan valores democráticos penosamente arrastrados a la ley.