Además del inicio del proceso electoral, del viaje presidencial a Japón y de la decisión descertificadora de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el cuarto de los acontecimientos trascedentales a que se hizo referencia ayer es que, por primera vez en muchos años, escuchamos al presidente de la República manifestar, con gran énfasis y entusiasmo, al negar una imputación de un conocido abogangster panista, que la honestidad en su conducta, la ilicitud en sus actividades, la modestia en su patrimonio y la digna limitación económica en su vida pública y privada, eran méritos y cualidades que debían exigirse a todos los funcionarios públicos. Después de los años del latrocinio alemanista, de los de la ``renovación moral'' lamadridista, del saqueo desvergonzado del salinismo, incluyendo la frase famosa de Hank González de que el ``político pobre es un pobre político'', las palabras de Zedillo tienen un saludable efecto de volver a plantear la honradez y la modestia patrimonial como cualidades de los hombres consagrados a funciones públicas frente a la muchedumbre de delincuentes e inmorales que se han posesionado de los puestos y recursos públicos, tiene un mérito.

Pero --y aquí surge un descomunal escollo-- para que el pueblo de México crea en la sinceridad de sus palabras y éstas no se queden en simple expresión vacua, se requieren varias condiciones:

A) Que el presidente Zedillo se gane la confianza de la sociedad demostrando que respeta y cumple sus compromisos y, por lo mismo, acepta, quiéranlo o no los duros de su partido, la obligatoriedad de los Convenios de San Andrés Larráinzar y, por lo mismo, acepta que los Acuerdos discutidos y tomados por las partes, se envíen al Congreso de la Unión para iniciar el proceso de revisión constitucional.

B) Que Zedillo cumpla su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y respete los derechos humanos de todos los mexicanos consagrados constitucionalmente; haga volver al Ejército a sus cuarteles, en los términos previstos por la Constitución; ponga fin a la campaña de represión violenta contra ciudadanos inconformes y respete y haga respetar el resultado del proceso electoral federal en curso.

C) Que el mismo mandatario reoriente la política económica neoliberal señalada por la élite financiera e imperialista de Estados Unidos y establezca las bases de una economía destinada a dar mejor nivel de vida a los mexicanos y una plena independencia económica y una completa soberanía a la nación.

D) Que elimine la política de impunidad establecida en favor de la mayoría de los políticos corruptos, ladrones y asesinos, cualquiera que sea el nivel que tales delincuentes hayan alcanzado, e imponga a los responsables las sanciones que marca la ley, sin dejarse doblegar por agradecimiento inmoral o por pavor ante los dólares y las armas de fuego de los delincuentes.

Si logramos ver que el presidente Zedillo tome el camino de apoyarse en el pueblo, aunque pierda la simpatía del lesionado Clinton y su camarilla, creeremos en la sinceridad de sus declaraciones contra la deshonestidad corrupta neoliberal, en contra de la corrupción como sistema general de gobierno y en la enérgica defensa de nuestra amenazada soberanía.

No quiero imaginar que las declaraciones de Zedillo respecto a la defensa firme de nuestra soberanía y contra la inmoralidad y corrupción de nuestros gobernantes sean simples tretas para tratar de recuperar sufragios para el PRI, quien sufre aparatoso, catrastrófico y merecido derrumbe; prefiero imaginar que ambas declaraciones están inspiradas en sinceras convicciones patrióticas y éticas. Pero quiero tener muy presente que no es mucho el tiempo que queda para que Zedillo conquiste, por primera vez, la confianza popular. El 6 de julio próximo concluirá el plazo para saber si lo logró, mediante los cambios esenciales en su orientación política y económica, arrastrar a la mayoría ciudadana y si, por tanto, podremos construir pacíficamente, con o sin Zedillo, un Estado de derecho para defender a México y servir a los mexicanos.