Rechazo en Senado y SRE a la nueva Ley de Inmigración de EU

David Aponte Ť La Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, conocida como Acta de 1996, modifica sustancialmente los derechos y defensa de los migrantes mexicanos, documentados o no, incrementa su vulnerabilidad y hace más difícil su estancia de vida y trabajo en ese país, señala un documento elaborado por el área consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

``El ambiente hostil y discriminatorio en contra de nuestros compatriotas ya no sólo es fomentado por sectores conservadores de la comunidad anglosajona, sino --tristemente hay que decirlo-- por personas de origen mexicano'', menciona.

A partir de las nuevas legislaciones antiinmigrantes, Ley Antiterrorista, Ley sobre la Reforma a la Asistencia Social y la Ley de Inmigración Ilegal --esta última entrará en vigor el primero de abril--, se afecta de manera directa a las comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos. Al parecer el prejuicio racial y étnico que actualmente permea en territorio estadunidense ocupa ya un lugar permanente en la vida pública, agrega.

El texto considera que los problemas que afronta una creciente comunidad mexicana, aproximadamente de 17 millones, de los cuales 7 millones cuentan con la nacionalidad estadunidense, demandan de las representaciones consulares acciones y programas con resultados tangibles, útiles y provechosos.

De esa forma, las tareas consulares deben orientarse a satisfacer las necesidades en aspectos cívicos, educativos, culturales, laborales y de salud, indica.

``Sólo a través de esta perspectiva es posible procurar situaciones menos desagradables o lamentables ahora que se anticipan iniciativas para restringir la educación bilingüe, para imponer el inglés como idioma oficial, para negar vivienda a los indocumentados, para endurecer los registros para adquirir la ciudadanía y para las contrataciones de mano de obra extranjera'', precisa.

Al respecto, propone la creación de una unidad especializada al interior de la SRE o un grupo de trabajo de carácter transitorio encargado de estudiar, analizar y prever los efectos de las iniciativas de ley, federales o estatales, que afecten de manera directa a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

``La Consultoría Jurídica podría realizar en mejor forma esta función con el concurso de las representaciones consulares y abogados consultores, a través del envío de publicaciones o notas relacionadas sobre las propuestas de ley y los comentarios de especialistas en la materia.

``Mediante la elaboración de folletos o papelería, los consulados podrían informar a cada una de las comunidades, oportunamente, los aspectos más relevantes de las leyes, los efectos de su aplicación y los recursos a su disposición para la defensa de sus derechos y no pretender hacerlo al momento de su promulgación''.

El documento también hace una serie de recomendaciones para fomentar tareas de protección preventiva: la difusión de la información sobre la situación actual, el clima discriminatorio y de restricción de la migración, a los potenciales migrantes; el intercambio de datos relacionados con la forma de vida, trabajo, costumbres y valores de Estados Unidos. Un programa de esta naturaleza encabezado por los delegados regionales de la SRE en el territorio nacional ofrecería expectativas diferentes a los trabajadores migratorios.

Adicionalmente, opina que es indispensable reforzar las áreas de protección consular con más personal, principalmente en los consulados de México en California.

En ese sentido, agrega que en esa entidad --donde se encuentra el 50 por ciento de los mexicanos residentes en Estados Unidos-- existen diez consulados y 31 personas dedicadas a atender las necesidades de la población. En seis de las representaciones sólo hay una o dos personas encargadas de estas tareas. ``Además de ello, es en ese estado donde más se perciben tendencias discriminatorias y restriccionistas para nuestra comunidad'', agrega.