Consenso en el IFE: veto a propaganda oficial 30 días antes del 6 de julio

Jesusa Cervantes Ť Autoridades federales, estatales y municipales deberán suspender 30 días antes de la elección del 6 de julio la difusión de programas de asistencia social, en caso de aprobarlo hoy el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Hasta la tarde de ayer, el proyecto para suspender la difusión pública sobre la realización de programas gubernamentales como Procampo estaba consensada entre consejeros y representantes de partido.

Durante las elecciones de 1994, el IFE aprobó un exhortó similar, pero el plazo que se fijó fue de 20 días antes de la elección.

En su sesión de hoy, el Consejo General aprobará también un monto obligatorio con que los partidos deberán abrir cuentas de cheques para que con ellas efectúen las erogaciones de sus campañas para diputados.

La cuenta se instituye para llevar un mayor control en la fiscalización de los gastos. Hasta la tarde de ayer los montos eran, partiendo del tope de campaña que es de 676 mil 091 pesos para diputados, de 30 mil 424.12 pesos, es decir, 4.5% del límite.

Y aunque en la orden del día no se incluye la cuenta de cheques para asambleístas, integrantes del IFE habían acordado ayer que sería un 6 por ciento de los 507 mil 069.25 pesos del tope de gasto, es decir, la cuenta tendrá que abrise (en caso de mantenerse las cifras), por 30 mil 426.15 pesos.

En la sesión se determinará también el financiamiento para las 12 agrupaciones políticas que obtuvieron su registro como tales y que será de un millón 587 mil 308.95 pesos para cada una; en total el IFE erogará 20 millones 635 mil 016.41 pesos.

Se aprobará además el proyecto que acepta la alianza entre el PRI y la agrupación política Frente Liberal Mexicano Siglo XXI y el Partido Cardenista con la agrupación denominada Organización Auténtica de la Revolución Mexicana, para lanzar candidatos a puestos de elección popular.

La secretaría ejecutiva dará además aviso sobre la pérdida de registro como agrupación política nacional a Alianza Cívica, ya que ésta prefirió seguir como observadora.

En este mismo sentido, se establecerán los lineamientos bajo los cuales las organizaciones de observadores electorales deberán rendir cuentas sobre el origen y monto del financiamiento que reciban.

El último punto de la agenda de hoy y que podría causar discusión es el proyecto de acuerdo por el que se integra una comisión para conocer de los actos que generen presión o coacción a los electores, ``así como de otras faltas administrativas''.

Fuentes del IFE consideraron que el proyecto impulsado por el representante del PRD Leonel Godoy y el consejero Jaime Cárdenas, prodría causar polémica, ya que existe una fiscalía de delitos electorales y éstos están tipificados en el Código Penal.