La nueva norma viola derechos humanos y atenta contra la cooperación, dice el acuerdo

José Gil Olmos y Rosa Elvira Vargas Ť Las cuatro fracciones de la Cámara de Diputados pidieron ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores interponga sus oficios para que se postergue la entrada en vigor de la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos, programada para el primero de abril, por considerar que viola los derechos humanos y atenta contra la cooperación de los dos gobiernos.

De igual manera los legisladores solicitaron la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, y del procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para que informen sobre los acuerdos a los que han llegado los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico.

Otro punto de acuerdo que se presentó ayer en la sesión fue la integración de una comisión pluripartidista que constate la situación de los municipios del norte de Chiapas --Sabanilla, Tila, Tumbalá, Salto de Agua y Palenque--, donde los últimos meses se han suscitado enfrentamientos y asesinatos que han agravado el conflicto en ese estado y el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno Federal.

En la sesión ``doble'' que sostuvieron los legisladores, a fin de tomar las vacaciones de Semana Santa, hubo gran inasistencia y sólo participó poco más de la mitad. Con escaso debate y apremiados por el tiempo mezclaron temas nacionales y el relacionado con Estados Unidos.

Apenas discutieron puntos como contrabando de armas, trabajadores migratorios y el narcotráfico como temas de agenda para la próxima reunión de los presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton.

Además, hablaron sobre las denuncias de financiamiento extranjero a partidos y agrupaciones políticas, y las quejas por el desalojo del campamento civil de Los Loxichas, donde el Ejército mexicano busca integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Desde el principio se evadió el debate. Al iniciar la primera sesión, el diputado Luis Sánchez Aguilar, a nombre de la fracción socialdemócrata --que él solo representa-- presentó una iniciativa de decreto de ley para prohibir que partidos u organizaciones políticas con fines de observación electoral obtengan financiamiento del exterior, para evitar que cualquier gobierno extranjero realice política en el país a través de ``prestanombres'', explicó el legislador.

Según Sánchez Aguilar, luego de presentar copias de documentos, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que recibe apoyo del Departamento de Estado y de agrupaciones políticas estadunidenses, ha dado su apoyo a agrupaciones mexicanas como Alianza Cívica; Democracia, Acción y Paz Social (Demos Paz, con integrantes del PAN); Consejo para la Democracia, de Julio Faesler; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que dirigió Mariclaire Acosta; Frente Cívico Potosino; Movimiento Ciudadano por la Democracia, y Mujeres en Lucha por la Democracia.

Ante las afirmaciones de Sánchez Aguilar, en tribuna el coordinador del PRD, Pedro Ettiene, dijo que no caerían en ninguna ``provocación'' o ``falso debate'' ahora que su partido se consolida. Por su parte, en entrevista, el diputado Juan Guerra señaló que consciente o inconscientemente el diputado Sánchez Aguilar caía en el juego gubernamental de tratar de descalificar al PRD o de impedir los apoyos externos a las agrupaciones cívicas nacionales que tratan de conformarse como observadores en los comicios del 6 de julio próximo.

Salvado el debate --a pesar de que el diputado Salvador Martínez della Roca quiso responder a las acusaciones del ex perredista-- se presentó el punto de acuerdo en relación con la ley estadunidense en contra de los inmigrantes, conocida como Acta 1996.

Cuatro puntos se establecieron en el acuerdo pluripartidista: respeto y cumplimiento a los compromisos de salvaguarda irrestricta del Grupo Binacional de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares, en relación a los trabajadores migratorios; que la Secretaría de Relaciones Exteriores interponga sus buenos oficios para que se postergue la aplicación de dicha ley estadunidense; que el grupo binacional se enriquezca con una Comisión Especial Legislativa permanente de ambos Congresos --a instalarse en los 60 días siguientes a su aprobación--, y que el presidente Ernesto Zedillo incluya en su agenda el tema para discutirlo en su próxima reunión con su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton.

En la misma sesión, el diputado Luis Sánchez Aguilar solicitó a la Secretaría de Gobernación el traslado de Ana María Vera Smith del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, a otro centro donde reciba el ``trato de mujer'' y no sea objeto de restricciones extremas, al ser acusada de formar parte de la dirigencia del EPR. De igual manera condenó el desalojo que sufrió el pasado 21 de marzo el campamento civil en San Agustín Loxicha, Oaxaca, donde el Ejército y la Policía Judicial estatal ha detenido a más de 50 personas, presuntamente vinculadas con este grupo armado.

Mientras tanto, la fracción perredista anunció que interpondrá este martes un amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia que admitió la demanda por daño moral interpuesta por José Córdoba Montoya en contra de los diputados perredistas Jesús Zambrano y Ramón Sosamontes Herreramoro, por las afirmaciones de su presunta relación con el asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.