La investigación Colosio, plagada de anomalías: ambas cámaras

Jesús Aranda Ť La comisión senatorial que da seguimiento al caso Colosio estableció en un informe que las investigaciones del asesinato del político sonorense presentan ``manifiestas irregularidades, omisiones, confusiones y carencia evidente de una técnica de investigación acorde con la legislación procesal penal'', que tuvieron lugar desde el mismo día del magnicidio.

Los senadores de la República encontraron 37 errores y omisiones ``que pudieron tener impacto relevante en el curso de la averiguación previa'', además de una agenda de 52 puntos que entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que contiene cuestionamientos objetivos, ``cuya respuesta parece imprescindible'' para el pleno escalrecimiento del caso.

Por su parte, el senador perredista Cristóbal Arias acusó al presidente Ernesto Zedillo de no haber llevado a los hechos su voluntad de vencer la impunidad y su compromiso de resolver el caso Colosio.

Durante la sesión en la que se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Donaldo Colosio, los integrantes de la citada comisión presentaron un análisis ``tecnicojurídico'' basado en los informes oficiales del caso, sentencias y procesos en contra de diferentes personas involucradas, así como entrevistas con los encargados directos de la investigación.

Además, el informe cuenta con el apoyo de especialistas en derecho penal, ``a fin de realizar un análisis permanente y cuidadoso de las actividades y diligencias probatorias del caso'', con el objetivo también de hacer propuestas y recomendaciones concretas a la Subprocuraduría especial encargada de la investigación.

Precisamente, se informó en el Senado de la República que, además del análisis que se hizo público, se elaboró un anexo, en el que se detallan los 37 errores y omisiones, así como los 52 puntos cuya respuesta ha quedado pendiente.

Entre las irregularidades detectadas destacan: las primeras diligencias ministeriales, practicadas en Tijuana el mismo día del asesinato relativas al interrogatorio del asesino material ``ahora confeso y ya sentenciado''; las declaraciones de testigos a quienes primero se les mostraba el video del crimen; la falta de aseguramiento del escenario del atentado, así como la precipitación en la práctica de esas diligencias y peritajes.

Esto, además de la pérdida de ``un tiempo valioso y determinante'' para recibir el dicho de muchos otros testigos que, ahora, tres años después del crimen, aún están por localizarse.

Asimismo, el informe acusó al ministerio público de incurrir en ``una falta de técnica jurídica de no sujeción a las pruebas procesales, y sobre todo, insuficiencias para acreditar la responsabilidad penal'' en los casos de Tranquilino Sánchez Venegas, Rodolfo y Vicente Mayoral y Othón Cortés, en virtud de las fallas detectadas en las actuaciones procesales en su contra, relativas a ofrecimiento y desahogo de pruebas.

Por ello, insiste el escrito, ``los jueces de las causas respectivas, al hacer la valoración de las pruebas, las desecharon y dictaron sentencias absolutorias.

En el informe, los legisladores explicaron que la comisión no tiene facultades jurídicas ni de investigación, sino que su función es la de ``no permitir que se olvide la brutal agresión que se perpetró a través de Luis Donaldo Colosio contra la civilidad política, la madurez social y la tranquilidad de la República''.

Por otra parte, el senador perredista Cristóbal Arias Solís dijo ante el pleno que en México ``la impunidad le sigue ganando la batalla a la procuración de justicia, y que la voluntad política asumida por el presidente Ernesto Zedillo durante su toma de posesión para dar una lucha frontal en contra de la injusticia se ha negado en los hechos.''

Criticó también a sus compañeros legisladores por el poco interés mostrado en las investigaciones del caso Colosio y los llamó a no permanecer indiferentes ante el informe que momentos antes había leído el senador priísta Angel Sergio Guerrero Mier, porque sería tanto como caer ``en el juego de la simulación y de la mascarada de los actos de ritual con los que el domingo se recordó en el país la muerte de Colosio.

Arias Solís responsabilizó directamente al Ejecutivo de no tener una verdadera voluntad política para resolver el caso. El punto más oscuro de este asunto, concluyó, ``es que estamos en cero desde el 23 de marzo de 1994''.

Por otro lado, el senador panista Alfredo Ling Altamirano estableció también que ``todo lo que ha entorpecido la investigación'' tiene que ver con la partidización que se la ha dado a la indagación.

Posteriormente, en entrevista al término de la sesión, Ling Altamirano destacó su preocupación porque el fiscal actual del asunto, Luis Raúl González Pérez haya cancelado líneas de investigación. Parece, dijo, que quiere retomar la idea del asesino solitario, lo cual es inaceptable, subrayó.