La evasión fiscal de ambulantes, 1.6% del PIB
Patricia Muñoz Ríos Ť El monto de la evasión fiscal del comercio ambulante en el último año es casi dos veces superior a los recursos que el gobierno destina a los programas de combate a la pobreza; similar al dinero canalizado en ocho años al Programa de Abasto Social de Leche, y casi diez veces superior a la inversión que realizó el país en infraestructura educativa, como construcción y equipamiento de escuelas.
Un extenso informe de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) advierte lo anterior y expone que en 1997 la evasión de impuestos de parte del comercio ambulante alcanzará entre 21 y 22 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones corresponderán sólo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) no enterado.
Detalla que la evasión de los ambulantes en el último año es igual a la suma del presupuesto destinado para ese lapso a las secretarías de Comercio, Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social y Reforma Agraria, en conjunto.
El mismo gobierno, asegura, fortalece la ``cultura de la informalidad'' pues la autoridad no los persigue como a los empresarios formalmente establecidos, a pesar de que evaden a la luz del día no sólo impuestos, sino también el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Infonavit y 2 por ciento sobre nominales; no pagan uso de luz, agua y predial; violan leyes como la de Derechos de Autor y Protección al Consumidor, y la mayor parte de la mercancía que venden es robada o de contrabando, apunta el documento.
Estima además que de continuar la actual tendencia de crecimiento del ambulantaje para el año 2000 la evasión total alcanzará una suma cercana a los 29 mil 500 millones de pesos.
Por ello, advierte que de no tomarse medidas de control inmediatas ``la actividad comercial en su conjunto podría inclinarse a operar por la vía de la ilegalidad'', pues es más redituable.
Reconoce, sin embargo, que en los últimos 25 años las crisis recurrentes no han favorecido el desarrollo de la economía formal; además se ha incrementado el índice de inequidad en la distribución de la riqueza en el país hasta 24.7 por ciento; no se han creado empleos y el poder adquisitivo de los salarios se encuentra en su nivel histórico más bajo de las últimas dos décadas.
Este deterioro observado en la economía, aunado a las bondades que ofrece operar dentro de la ilegalidad, han potenciado el crecimiento del ambulantaje con el consecuente debilitamiento del comercio formal, ``lo que impactará severamente la captación fiscal'', indica el análisis al precisar que durante 1996 este sector dejó de pagar impuestos por un valor equivalente al 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Señala que en los dos últimos sexenios el número de vendedores ambulantes creció 108.5 por ciento, mientras el personal ocupado en el comercio formal aumentó 65.1 y la Población Económicamente Activa (PEA) en 23.35, e incluso de continuar esta tendencia hacia al año 2000 este sector de la economía informal habrá crecido 294 por ciento, por lo que habrá aproximadamente un millón 260 mil puestos en las calles.
La Concanaco, así como la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), consideran que es preciso eliminar la discrecionalidad y el burocratismo para evitar que esta actividad siga operando al margen de la ley, ya que si bien la situación económica ha agudizado el problema, ``la crisis no debe servir de excusa para que los vendedores ambulantes continúen operando en un marco de absoluta ilegalidad''.
Destacan que la alta evasión de impuestos generada por el comercio ilegal afecta severamente el nivel de ingresos tributarios del país, pero también perjudica a los contribuyentes, pues en la medida en que se siga dejando la carga fiscal sobre unos cuantos sectores se mantiene alto el costo impositivo para quienes cumplen con sus obligaciones.
Ante ello, ambas organizaciones hacen un llamado a racionalizar la regulación administrativa para facilitar el proceso hacia la formalidad; tomar medidas para reducir la carga impositiva empresarial y ampliar el universo de contribuyentes; revisar las demás disposiciones legales y administrativas de la vida económica de México, para que no se frene o impongan barreras a la actividad empresarial y ``remover de sus puestos a todos los funcionarios públicos que estén permitiendo discrecionalidad o solapando la instalación de puestos en la calle''.
Ante todo, considera la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, es necesario que el gobierno ``reactive el desarrollo del aparato productivo'' y establezca las condiciones para generar empleos formales, fortalecer el poder de compra de los habitantes y reducir el costo del dinero, a fin de estimular el consumo interno.
Sin embargo, apuntó, lo primordial es que este régimen mejore el ingreso real de la población y la distribución equitativa de la riqueza en el país. De acuerdo con datos oficiales, la concentración del ingreso se ha ido agudizando y la participación del trabajo en el PIB se encuentra en niveles similares a la década de los 30.