Las recientes elecciones en Morelos se han significado por ser un aviso sobre las posibilidades de volatilidad que tiene el electorado, un recordatorio de que en la contienda electoral hay cada vez menos certidumbre respecto de los resultados y por ser una constatación más de que nuestro sistema de partidos se encamina a su consolidación. Los partidos tendrán que saber leer las múltiples lecciones de los comicios morelenses.

Pero han sido relevantes también por la reciente implantación institucional de los procedimientos electorales. El expediente electoral no sólo muestra sus capacidades para procesar contiendas con altos grados de competitividad sin grandes conflictos, sino que los alegatos de los partidos tienden a situar sus cuestionamientos en un plano más moderado que en el pasado. Por supuesto que los procedimientos son perfectibles, pero hay que hacer notar que hace tiempo que se abandonaron los cuestionamientos genéricos.

En ese sentido, no deja de llamar la atención el artículo ``Cosoloacaque y Woldenberg'', que hace una semana en estas mismas páginas publicó José Barberán a propósito del padrón electoral. El autor advierte cierto triunfalismo en los juicios sobre la confiabilidad del padrón electoral, discrepa de aquéllos que lo ven como un punto alejado de la polémica, y funda sus aseveraciones en la denuncia de sobreempadronamiento. Permítaseme discrepar de los argumentos de Barberán.

En primer lugar, metodológicamente no es lo más adecuado equiparar el padrón electoral con el conteo de población, son ejercicios con finalidades y normas distintas; la información que se proponen ofrecer responde a lógicas y necesidades distintas. No es lo mismo ir en busca de la información a los domicilios, que obtenerla en módulos. Además, hay razones migratorias, de dinámica poblacional, que permiten prever, por ejemplo, que las localidades expulsoras de población estén sobreempadronadas, en la misma proporción que estén subempadronadas las localidades receptoras de población. Hay razones históricas que anticiparían que existen también problemas de límites entre localidades (en el caso concreto que cita Barberán entre Minatitlán y Cosoleacaque) que pueden distorsionar la comparación. Sin embargo, derivar que tras esas inconsistencias, hay mala fe o intencionalidad política es la operación que parece un poco más arriesgada. Vamos, habría que cuestionarle a Barberán, y por supuesto oír a los propios partidos, si estarían dispuestos a tomar como base para la emisión de credenciales y listados el conteo de población de 1995.

En segundo lugar extraña el tono. Pareciera que se hace referencia a un padrón electoral sin fiscalización alguna; como si no existiera ninguna instancia técnica ni política para aclarar diferencias; como si las autoridades actuales carecieran de toda legitimidad por un lado, y fueran incapaces de desplegar iniciativa política para aplicar correctivos por el otro. Es por decir lo mejos injusto. No se trata de avalar acríticamente el padrón, simplemente de confiar en que el proceso de construcción institucional, con la cantidad de auditorías y comités técnicos que esto supone, podrán constituir una vacuna contra las ocurrencias.

En tercer lugar, no únicamente hay razones técnicas para sustentar la afirmación de que el padrón electoral, con todo lo perfectible que pueda ser, es un instrumento que cuenta con los mecanismos necesarios para hacerlo confiable, también hay razones políticas para pensar que un alegato de impugnación genérica a los procedimientos electorales va a contracorriente. Guerrero, el estado de México y ahora Morelos son buenos ejemplos no de elecciones impecables, pero al menos de procesos con la limpieza necesaria como para que todas las fuerzas reconozcan el dictamen de las urnas. Insisto, no es que no sea perfectible el tema electoral, lo que parece inútil es querer revivir el litigio en torno al padrón electoral con el dramatismo que el autor propone, cuando es más o menos obvio que las arengas de autoridades y partidos están en otro lado.

Por último, me parece que si se insiste en ensayar comparaciones cuestionables (conteo contra padrón); si se hace caso omiso de las instancias y garantías de que disponen los partidos para desahogar sus dudas; si no se pueden leer los procesos electorales recientes como positivos, lo único que queda es asumir la carga de la prueba: que quienes insisten en cuestionar el padrón sean capaces de demostrar que las posibles incapacidades, ineptitudes o colusiones de las autoridades actuales tienen un efecto electoral constatable y una clara intencionalidad política.