Se dijo en este espacio el 17 de marzo que los gobiernos han perdido la guerra contra el narcotráfico y que, ante esta realidad, la única arma efectiva es la legalización del consumo de drogas. Tal derrota gubernamental queda en evidencia por diversos hechos, entre ellos los siguientes:

a) En Colombia, gran productora de cocaína, ha sido encarcelado primero y muerto después el poderoso jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. En México han sido detenidos también importantes capos como Rafael Caro Quintero y Juan García Abrego. Sin embargo, la cocaína se continúa produciendo, sigue pasando por varias naciones como México y sigue entrando en Estados Unidos. Ello ocurre por dos razones: porque la demanda estadunidense no ha cesado y porque, al ser capturados los grandes jefes de las bandas, éstos son inmediatamente sustituidos, y la oferta continúa.

b) En los países productores y de tránsito, prácticamente todas las estructuras del poder público han sido infiltradas, y corrompidos muchos de sus servidores, por el dinero que los narcotraficantes manejan a manos llenas. Y si en México han sido encarcelados dos generales, en Colombia han sido destituidos tres ministros de Defensa. Irónicamente, a veces también los bienes que les son decomisados a los contrabandistas causan conflictos, como ocurre con los recursos usados por Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla para pagar a testigos.

c) Estados Unidos, arrogante certificador de los esfuerzos extranjeros contra las drogas ilegales, no sólo fracasa en impedir la entrada de estupefacientes en su territorio, sino también en evitar la producción local. Así, en la actualidad produce mariguana para satisfacer 50 por ciento de la demanda estadunidense según unos y hasta 70 por ciento según otros. La mariguana se ha convertido en uno de los principales cultivos en ese país y el valor de su cosecha se calcula entre 20 mil y 40 mil millones de dólares.

Pocas dudas razonables pueden quedar de que los gobiernos han sido vencidos por el narcotráfico. Es preciso insistir en que la única forma de combatirlo con eficacia es despenalizar gradualmente el consumo de drogas y, de ese modo, desarticular el gran negocio cuyas utilidades son tan vastas que dan para pagar enormes sobornos, armar poderosos ejércitos e invertir en diversas actividades lícitas, una vez que el dinero ha sido lavado. El cómo emprender la legalización tendría que ser determinado por los gobiernos y podría ser motivo de foros mundiales y regionales. En este sentido, la experiencia de Holanda al despenalizar el consumo de drogas tendría que ser motivo de un obligado análisis.

Una de las principales objeciones que se ponen a la legalización es el aumento en el número de los consumidores, y sí, quizá tal sea el precio por pagar, al menos en un primer momento. Pero es previsible que, puestos a pagar, el precio menor sea el de las consecuencias de la legalización, ya que en la actualidad el precio se paga en dinero y en vidas sacrificadas en el combate antinarcóticos, en corrupción, en resquebrajamiento de instituciones, en una gran erosión de la estabilidad nacional.

La honorabilidad del presidente Ernesto Zedillo no resultaría afectada ni siquiera si fueran absolutamente veraces los señalamientos de Diego Fernández de Cevallos sobre la presunta deuda fiscal del mandatario por un inmueble en Acapulco. Por eso resulta desproporcionada la reacción del Presidente y muchos de sus copartidarios ante la declaración del ex candidato presidencial panista, quien anteriormente fue exhibido como deudor fiscal --de una cantidad mucho mayor que la atribuida a Zedillo-- por el líder priísta en el DF, Roberto Campa Cifrián.

Como quiera, el ángulo más preocupante del caso es la aceptación por parte de la dirigencia nacional del PRI, en boca de la diputada Rosario Guerra, de que los predios de Punta Diamante le fueron entregados a Fernández de Cevallos como pago por ``urnas quemadas'' en favor del PRI. Esa acusación, en la cual no les importó a los dirigentes priístas involucrar al asesinado José Francisco Ruiz Massieu, entonces gobernador de Guerrero, debe ser precisada y, si procediera, castigados sus protagonistas. ¿De qué urnas se trata, por qué fueron quemadas, quiénes fueron los responsables y beneficiarios, fue determinante la incineración para variar algún resultado electoral, se trató de la elección presidencial de 1988? La diputada Guerra, quien acaso haya abierto una caja de Pandora, le debe una amplia explicación a la sociedad mexicana.