El asunto de la bandera en la catedral a media asta y con el escudo boca abajo, nada menos que en el aniversario de Benito Juárez, sigue dando de qué hablar. La curia insiste en que la responsabilidad recae sobre los guardias presidenciales, que son quienes izan o arrían la bandera; sostiene que los sacerdotes deben pedir permiso para circular por la catedral y exige por último el derecho a manejar los símbolos patrios en el recinto del templo. Es más, solicita a la Secretaría de Gobernación que aplique la ley a los responsables de ese hecho y se deslinden las responsabilidades del Estado de las de la Iglesia: ``Al César lo que es del César'', parece ser el contenido de la exhortación que monseñor Norberto Rivera formula en nombre de la Iglesia católica mexicana.

El caso sería solamente anecdótico y podría ser interpretado como mero error o ignorancia de algún miembro del personal subalterno de alguna de las dos partes en conflicto, si otros elementos no dieran margen para la suspicacia que una investigación imparcial debería eliminar. En primer lugar, la fecha en que se produjo el hecho (el natalicio del forjador de las leyes de Reforma, Benito Juárez) y la campaña de los sectores integralistas en algunas ciudades administradas por el Partido Acción Nacional contra aquél, llegando a cambiar de nombre a avenidas o calles que lo conmemoran, se prestan a una interpretación, quizá maliciosa, de lo que bien puede ser una equivocación, pero también podría convertirse en una violación no solamente del protocolo, sino también de la ley, o en un silencio cómplice e interesado ante un hecho que reduce simbólicamente la figura y la gloria del Benemérito.

En segundo lugar, llama la atención que en los medios indirectamente acusados por este hecho, nadie haya sentido la necesidad de reafirmar su respeto por Juárez, o al menos por la historia, para excluir toda duda sobre la intencionalidad del incidente con la bandera o sobre su participación en el mismo. Por supuesto, no es obligatorio curarse en salud proclamando una inocencia que oficialmente nadie ha puesto en duda, pero llegado el momento de identificar a los responsables de un acto ilegal, nunca está de más declarar que el mismo es repudiable y reafirmar el respeto por las personas y las ideas con las cuales no se está obligado a comulgar.

Es necesario, por lo tanto, que, como piden las autoridades eclesiásticas católicas, quien debe velar por los asuntos del culto y por las relaciones entre el Estado y las iglesias, investigue y actúe para aclarar lo que pertenece al César, para bien y para mal, y lo que corresponde en cambio a otras asociaciones. En un campo tan delicado hay que eliminar hasta la sombra de la duda.