La Jornada 23 de marzo de 1997

400 mil italianos exigen al gobierno cumplir su promesa de crear empleos

Afp, Ansa, Dpa y Efe, Roma, 22 de marzo Ť Decenas de miles de trabajadores acudieron hoy a una manifestación convocada por centrales sindicales para exigir al gobierno centroizquierdista de Romano Prodi el cumplimiento del acuerdo conocido como Pacto Empleo, que gremios, empresas y representantes gubernamentales negociaron en septiembre pasado y que prevé inversiones por 8 mil 800 millones de dólares en el mercado laboral.

La manifestación, que según los sindicatos reunió a 400 mil personas y según las autoridades a 150 mil, contó con la presencia de Massimo D'Alema, secretario del Partido Democrático de Izquierda, que apoya al gobierno centroizquierdista. En un artículo publicado hoy en el diario Il Mesaggero, D'Alema admitió que su participación en la marcha era una ``anomalía'', y aseguró que el acto no era en contra del gobierno sino una manera de exigir que un acuerdo ya firmado se cumpla.

Los manifestantes llegaron de distintos puntos del país y llevaban pancartas que exigían controlar las contrataciones ilegales. En Italia, la tasa nacional de desempleo asciende a 12.5 por ciento, pero el problema es más grave en la región sur del país, donde la desocupación es de 25 por ciento. La tasa de desempleo juvenil alcanza 50 por ciento.

En la víspera de la movilización, el gobierno anunció una serie de medidas tendentes a crear empleos, que incluyen facilitar la aprobación de obras públicas y reducción de impuestos a empresas sobre sus plantillas laborales, que costarán unos 7 mil millones de dólares y que tendrán que ser aún aprobadas por el Parlamento.

El líder de la mayoritaria Confederación General Italiana de Trabajadores celebró las medidas adoptadas por el gobierno, las cuales, aseguró, fueron mérito de la movilización de hoy, pero afirmó que aún así la creación de empleo debe ser una prioridad.

Por otra parte, en Alemania, legisladores de la coalición gubernamental conservadora sugirieron hoy que se introduzcan leyes que restrinjan la concesión de empleos a extranjeros y en especial, a los que no provengan de países de la Unión Europea. Entre las propuestas se encuentra la reducción drástica o eliminación de empleos estacionales que normalmente realizan los extranjeros.