Las instituciones son un nexo clave en la interrelación --siempre compleja, irremediablemente tortuosa-- entre la economía y la política. Dado que esa interralación tiene consecuencias inevitables sobre el crecimiento económico, la eficacia del orden institucional es un importantísimo factor de estabilidad. El Premio Nobel Douglass North ha mostrado que un orden institucional eficiente reduce al máximo posible la incertidumbre económica, define y limita el margen de actuación económica de los políticos y establece claramente los costos --que por regla general deben ser elevados-- de toda transgresión deliberada de los acuerdos y normas establecidos.

En México, el orden institucional dista mucho de alcanzar esa eficiencia. El diseño y la ejecución de la política económica son funciones gubernativas escasamente regladas, y el proceso de toma de decisiones en esta materia no está sujeto a ninguna clase de escrutinio (es decir, de examen y averiguación) por parte de la sociedad. Estas circunstancias permiten que los funcionarios públicos operen con un alto grado de discrecionalidad en la gestión de los asuntos económicos, comerciales, financieros y fiscales de la nación. Además de los problemas estructurales de la economía, las deficiencias institucionales que permiten tal discrecionalidad explican por qué la política gubernamental tuvo una gran responsabilidad en la configuración y el desencadenamiento de las crisis de 1985-86 y 1994-95.

En efecto, la crisis de 1986 la precipitó en gran medida la expansión del gasto público que el gobierno de Miguel de la Madrid llevó a cabo, entre el segundo semestre de 1984 y el primero del siguiente año, con una finalidad política específica: facilitar la campaña electoral de los candidatos del partido oficial en las elecciones federales de 1985. Ese episodio significó una desviación del programa económico del propio gobierno --un programa que fue originalmente estructurado en torno al ajuste de las finanzas públicas y que no contemplaba ningún incremento sustancial del gasto. Aquella decisión fue un acto político totalmente discrecional que tuvo costosas consecuencias económicas y financieras para la sociedad: la mini expansión fiscal condujo a una pérdida de control sobre el proceso de estabilización en que se encontraba la economía, y fue uno de los factores determinantes del crítico cuadro recesivo, inflacionario y cambiario que padeció el país en 1986.

La discrecionalidad en que discurre el proceso de toma de decisiones económicas también tuvo un peso decisivo en la configuración de la crisis que siguió a la devaluación de diciembre de 1994. En el marco de un tipo de cambio sobrevaluado y un déficit creciente e insostenible en la cuenta corriente de la balanza de pagos, las autoridades decidieron en aquel año electoral una expansión extraordinaria del crédito interno que, por un lado, financió objetivamente la fuga de capitales y, por otro, canalizó recursos a través de la banca de desarrollo por un monto cercano a 4 por ciento del PIB. La utilización política que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hizo de esos recursos todavía es materia de debate y controversia entre diversos sectores de la sociedad. En todo caso, la gestión económica y financiera del gobierno volvió a tener un peso determinante en el desencadenamiento de la crisis.

Las autoridades que estuvieron directamente involucradas en ambos episodios reconocieron, en el mejor de los casos, ``errores de cálculo e instrumentación'', nunca la manipulación de las variables fiscales, monetarias y financieras con propósitos políticos. El calendario electoral de la nación vuelve ahora a coincidir con una coyuntura económica y financiera sumamente crítica. A la luz de las experiencias reseñadas, cabe preguntarse si algunos cambios ocurridos en los años más recientes en la estructura institucional (por ejemplo, la autonomía del banco central y los nuevos mecanismos de control de la función presupuestaria del gobierno) redujeron efectivamente los espacios de autonomía con que operó nuestro sistema político-económico. ¿Serán suficientes esos cambios para frenar la tentación (o la necesidad) de manipular la economía en favor de una determinada causa político-electoral? En los meses venideros estaremos en condiciones de saberlo.