ESPACIO ABIERTO Ť José Ureña

Lozano, a las puertas del proceso.

Si las autoridades fincan responsabilidades por todo lo que le han encontrado, si no hay voluntad presidencial que lo proteja, el ex procurador general de la República pronto deberá ir a la cárcel.

No nada más porque el priísta Humberto Roque Villanueva presente documentos que a su juicio prueban que Fernando Antonio Lozano Gracia ``no quiso profundizar, para nada, en el tema del narcotráfico''.

Por eso y porque la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) de Arsenio Farell Cubillas ha descubierto irregularidades que beneficiaron a Lozano y a su equipo con graves perjuicios para la nación.

Los cargos: premios y estímulos injustificados, cientos de autos que no aparecen, aviones perdidos, equipos entregados con fines partidistas a presidentes municipales de filiación panista, nepotismo, servidumbre de familiares pagados por el erario...

No concuerdan inventarios de los bienes decomisados

El miércoles 19 de marzo el reportero Alejandro Torres publicó la siguiente información:

``En 1995, la Procuraduría General de la República (PGR) vendió dos lotes de

aeronaves a personas presumiblemente vinculadas con la organización del narcotraficante Amado Carrillo. Entre los aparatos se encontraba un Cessna 206, matrícula XB-XAX, que habría sido utilizada en reiteradas ocasiones para transportar droga.

``De acuerdo con documentos oficiales, esas aeronaves fueron vendidas a precio de chatarra y, aunque no cubrían las condiciones mínimas para operar, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) expidió el certificado de aeronavegación 961430025 para el monomotor Cessna XB-XAX.''

La información está plenamente corroborada por investigadores y funcionarios de la Secodam. La venta se hizo en noviembre de 1995 a través de la empresa Silugar, SA de CV, y formó parte de una de las muchas operaciones en que la PGR se deshizo de equipo decomisado a narcotraficantes.

Esa avioneta al menos se vendió, aunque luego fue abandonada y decomisada de nuevo. El problema es con decenas y decenas de aviones embargados, que no aparecen ni en los papeles. No están en los hangares de la PGR, pero tampoco en los archivos se dice qué destino tuvieron.

Del uso de esos aviones no han dado informes ni Lozano Gracia ni el ex oficial mayor José Antonio Gándara, bajo cuya responsabilidad se supone que estaban esos y otros bienes asegurados en distintos operativos de la lucha contra el tráfico y venta de estupefacientes.

Y si esos extravíos se dieron en el caso de aviones, cuyo desplazamiento necesita de controles rígidos, ¿qué puede esperarse de vehículos terrestres, en especial de los automóviles de lujo que utilizan los barones de la droga, sus lugartenientes y sus familias?

La respuesta la tiene el equipo de Farell: están desaparecidos cientos -sí, centenas- de automóviles. Se sabe de ellos porque fueron inventariados al momento de aprehender a narcotraficantes, pero la papelería no asienta el destino que se les dio.

Lozano, un procurador muy caro y premiado como nadie

Ni las casas se escaparon de ese mal uso. Está confirmado que varios funcionarios de la Procuraduría en manos panistas llevaron a sus familias y, convertidas en domicilios particulares, les dieron la oportunidad de disfrutar el confort de esas costosas construcciones.

Los informes indican que el ex procurador estaba enterado. Pero si no lo estaba, sí supo y no ha explicado las razones por las que él y su gente recibían premios, estímulos y recompensas fuera de toda normatividad, al grado de superar con creces los casi 50 mil pesos que por salario mensual le correspondían.

Esto, aunque oneroso para el erario, tenía menos importancia. Menos porque él puede argumentar razones extraordinarias. Pero en el caso de los bienes bajo su custodia no. Si fueron vendidos, regalados o realmente extraviados por falta de control, ¿qué hará el gobierno en caso de ser reclamados? Simple: pagarlos.

Quién sabe hasta dónde quiera actuar el gobierno, a sabiendas que vendrían nuevos embates como la acusación de Diego Fernández de Cevallos al presidente Ernesto Zedillo, pero este asunto lleva a otro proceder donde se pueden fincar mayores responsabilidades contra Lozano y su equipo.

Se trata de la manera en que se integraron las averiguaciones de muchos delincuentes. Los especialistas saben que de ellas depende el castigo, y da la casualidad -casualidad- que la mayoría de los juicios fracasaron por la forma tan endeble en que se consignó a los presuntos culpables.

De esto acaso aporte mayores elementos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, pues hubo centenas de acusaciones por fraude fiscal y el resultado no es favorable para las autoridades hacendarias. Inclusive el nuevo procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, ha tenido que intervenir para tratar de fortalecer los cargos.

Si es real la voluntad política de hacer observar la ley, acaso las investigaciones se extiendan a gente cercana a Lozano. A su lado había asesores -Fernando Gómez Mont y su familia de abogados son un ejemplo- que tomaban la defensoría y resultaban exitosos. ¿Por qué? Acaso algún día informe Secodam si encontró algo por ahí.

Lozano no debía usar los bienes discrecionalmente

Parte de las anomalías que hoy documenta la Contraloría se dieron a conocer en el pasado. El 18 de febrero de 1996 se detallaron aquí -Lozano Gracia, en campaña- entregas de maquinaria pesada a ayuntamientos panistas para que hicieran obra pública y, obvio, proselitismo.

El entonces director general de Control de Bienes Asegurados de la PGR, Ernesto Guerrero González, firmaba convenios en hojas simples y sin foliar para que los alcaldes de su partido recibieran remolques, camiones, tractocamiones, cargadores, camionetas y otros equipos.

La referencia llevaba a Monclova, Coa-huila, cuyo munícipe Carlos Alberto

Páez Falcón recibió en una sola operación, el 11 de septiembre de 1995, 21 equipos pesados. Eso sí, el escrito de entrega dice que el edil se comprometió ``a entregarlos cuando así le sean requeridos''.

Cientos de documentos similares son analizados en la Dirección General de Responsabilidades de la Secodam. Según los investigadores, la normatividad vigente no facultaba al ex procurador en capilla para celebrar esos convenios y menos para usar los bienes de manera discrecional.

De acuerdo con esos informantes, Lozano y el PAN están muy preocupados y han acudido en busca de información para saber cuánto de sus desórdenes administrativos se sabe. Esa sería la razón por la que no se dieron pormenores a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En este reclamo se encontró un dato adicional: el contador mayor de Hacienda, Javier Castillo Ayala, también ha tratado de acceder a la investigación al parecer con el propósito de proporcionar los datos a los panistas, que casualmente -¿otra casualidad?- manejan la Contaduría.

Darle la información significaría exponerse a que se filtraran pormenores a la prensa y que se facilitara la defensa de Lozano Gracia. Eso sucedió, dicen quienes saben, cuando se investigaba al gobernador coahuilense Rogelio Montemayor Seguy y familiares suyos por la desincorporación de una planta de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex).

Colosio anotó ¡cuidado! cuando volaba a Tijuana

Hace tres años, cuando Luis Donaldo Colosio viajaba en el jet de Ricardo Canavati de Culiacán a La Paz, revisó su agenda del 23 y 24 de marzo y le llamó más la atención su encuentro con la comunidad universitaria en Mexicali.

-Cuidado!!! -escribió con tres signos de admiración.

Era su costumbre revisar los programas con antelación. En el vuelo consideró ``muy importante'' su encuentro con los agricultores del valle de Santo Domingo, a la sazón con serios problemas por la sequía y la falta de apoyo oficial.

No estuvo de acuerdo en que se le programaran entrevistas sólo para la televisión -Canal 10-, pues anotó en la parte baja con una flecha: ``La radio es más importante, pero en fin...''.

Tampoco convino con su Coordinación General de Campaña y la Subcoordinación de Logística en que sólo se le programaran para Baja California Sur encuentros con sectores productivos, medios de comunicación, el obispo y la estructura territorial. Observó:

``¿No voy a tener entrevistas con las ONG's (organizaciones no gubernamentales)? Son importantes en BCS. El delegado de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social, de donde salió candidato) las ha trabajado!!!''.

De La Paz viajó en jet a Tijuana. Llegó a las 15:40 horas locales, las 17:40 del Distrito Federal, 40 minutos tarde. Su comitiva enfiló a Lomas Taurinas. Palomeó en su programa Diálogo con colonos.

De ahí no salió vivo, pero en su agenda quedaron dos preocupaciones. El jueves 24 tendría en Mexicali un Encuentro con la comunidad universitaria, y puso en la parte superior: ``¿Cómo va a ser, dónde? Cuidado!!!''.

En Baja California, primer estado de oposición, el PRI está dividido. En sus tarjetas, Colosio dejó consignada su preocupación: ``¿Ya para entonces se habrán arreglado las pugnas internas del partido en el valle?''. Se refería, obvio, al valle de Mexicali, donde el cenecismo sigue indisciplinado, enfrentado al PRI.

Eso fue hace tres años. Descanse en paz.

Tema libre

A raíz de la detención y consignación del director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), Jesús Gutiérrez Rebollo, aquí se adelantó que había tres generales más bajo sospecha. Ya se sabe de dos y al parecer al tercero no se le pudieron documentar los cargos... También se dijo que se investigaba al cuñado de un gobernador, quien al parecer colaboraba con narcotraficantes desde su posición de policía fiscal. Se trata de Víctor Hugo Enríquez Andrade, hoy responsable de la Policía Federal de Caminos en Morelos. Remitió la carta que lo exonera. Firmada el 9 de diciembre de 1992, el entonces director de la Policía Judicial Federal, Adolfo León Aragón, informó al director de Aduanas, Luis Manuel Gutiérrez Levy: ``Me es grato dirigirme a usted con el fin de agradecer la colaboración de que fuimos objeto por parte del director de la Policía Fiscal Federal, en virtud de que la información que nos fue proporcionada tuvo como resultado el decomiso de 500 kilogramos de cocaína y la detención de cinco presuntos responsables por delitos contra la salud...''. Se dirigieron copias al procurador Ignacio Morales Lechuga y a Jorge Carrillo Olea, cuñado de Enríquez Andrade... Las previsiones priístas indican que las 12 curules morelenses plurinominales se distribuirán así: cinco al PRI, cuatro al PRD, 2 al PAN y una al Partido Civilista. Es decir, habrá 13 diputados priístas, cinco panistas y 11 perredistas. De cualquier forma, Carrillo Olea no tendrá, como hoy, un Congreso manipulable.