35 mil empleados de Hacienda, en posición de abusar: datos oficiales

Víctor Cardoso Ť Durante los últimos siete años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió más de mil 300 denuncias en contra de personal y funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos, encargados del cobro de impuestos a la población, de las cuales derivaron 46 destituciones y 42 inhabilitaciones; siete ocupaban cargos de administradores.

Según datos de la propia subsecretaría, el nivel de actos ilícitos realizados por su personal se debe a que la mayoría de los 35 mil empleados de la dependencia cuenta con atribuciones suficientes en los trámites fiscales y para influir en el manejo de cuentas, desviar recursos o aceptar dádivas de los contribuyentes.

De enero de 1995 y hasta octubre pasado, la SHCP había aplicado 209 sanciones contra empleados de la Subsecretaría de Ingresos, 93 de ellas a personal operativo, 68 a jefes de departamento, 41 a subadministradores y siete a administradores.

Del número de castigos ejercidos el año pasado, los más severos fueron las 46 destituciones, 42 inhabilitaciones, más 10 medidas disciplinarias en contra de personal involucrado en actos ilegales.

El grado de denuncias presentadas por los contribuyentes llevó a la Subsecretaría de Ingresos a plantear para este año la aplicación de una reforma administrativa al interior de esa dependencia que incluye la regionalización de muchos de los procesos de recaudación para llevar un mayor control, el establecimiento de una base de datos computarizada y el control informático de los causantes.

De esa manera se evitará que los em- pleados soliciten dinero a los causantes para evadir o reducir el pago de impuestos, y que incluso el dinero que los contribuyentes envían por correo, cheque o giro no ingrese a la Tesorería de la Federación.

Para la dependencia, el número de sanciones contra personal coludido con los evasores fiscales podría ser superior, pero muchos contribuyentes se niegan a ratificar sus denuncias y los procesos administrativos y judiciales no llegan a concretarse.

Considera que la defraudación fiscal, que el año pasado representó algo más de 45 mil millones de pesos, en alguna medida se realiza con la participación de malos servidores públicos.