En Roma, ciudad de burócratas y servicios con menos de 3 millones de habitantes, desfilaron cerca de 400 mil trabajadores exigiendo medidas más enérgicas para crear empleos y reducir la desocupación que, en el sur de Italia, afecta a una de cada dos personas en edad de trabajar y, a escala nacional, a una de cada ocho. El problema no es sólo italiano, ya que en toda la OCDE (el ``club'' de los países industrializados) la desocupación es estructural, aumenta de año en año y en el marco de la Unión Europea supera ya los 30 millones de parados. Además, la manifestación romana asume un significado particular, por el hecho de que tanto las centrales sindicales como los partidos de izquierda o centroizquierda que la organizaron figuran entre las fuerzas que sostienen al gobierno contra el cual protestaban, e igualmente porque la presión de esos sectores ha obtenido ya 100 mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes en el sur y la promesa de otros 300 mil en lo inmediato. También es significativa porque se inscribe en una serie de otras acontecimientos igualmente importantes en otros países (movilizaciones masivas en Francia, 350 mil en la capital alemana, manifestación de mineros en la misma ciudad, huelgas totales de transportes en varios países, previsiones electorales que castigan a los conservadores británicos, violentas protestas en Grecia y Polonia, por mencionar sólo las de los últimos tiempos). La manifestación romana, de este modo, es un símbolo más de una creciente tensión social y de la aparición de tendencias contrarias a la política económica general que acompaña la mundialización.

En efecto, el pleno empleo dejó de ser ya un objetivo de los gobiernos e incluso una promesa de los mismos, y la desocupación pasó a ser un dato estructural en una política que se limita a administrar la crisis y que reduce tanto el empleo en el sector industrial como en los servicios y la propia administración pública, mientras los importantes aumentos de productividad no se traducen en un crecimiento del empleo sino en el incremento sin precedentes de las ganancias del capital. Mientras los salarios reales y los ingresos de la mayoría caen y las condiciones y ritmos de trabajo empeoran, a los jóvenes se les presenta la desoladora perspectiva de no llegar a tener jamás un empleo fijo y bien remunerado y de deber resignarse a cambiar continuamente de empleos (en el caso de que consigan alguno) adaptándose a diversos trabajos que por lo general no corresponden ni a sus estudios, ni a sus capacidades ni, mucho menos, a sus necesidades.

Cuando el trabajo no está garantizado para nadie y ha dejado de ser un valor, es obvio que el paro pasa a ser una nulificación de la identidad de las personas y una pérdida de sus derechos ciudadanos. De ahí la crisis de civilización que caracteriza la aplicación de una política que sólo tiene en cuenta los datos macroeconómicos considerando a los trabajadores una variable prescindible. De ahí, igualmente, las protestas que van desde Italia hasta Corea del Sur, desde el Cono Sur hasta Ecuador e incluso Albania. Una sociedad polarizada con una desocupación insoportable amenaza el futuro. Baste pensar a este respecto que en Europa hay actualmente más desocupados que los que en la crisis de los primeros años treinta estimularon el ascenso del nazismo y la preparación de la guerra. Es tiempo, pues, de tomar medidas, mientras se pueda, para asegurar al problema del empleo prioridad absoluta, y acabar con la política que subsidia a los bancos y las empresas con el dinero público, con un keynesianismo al revés aberrante y peligroso.