León Bendesky
Crisis bancaria

Los banqueros mexicanos se jugaron la partida desde que se puso en marcha el Acuerdo de unidad para superar la emergencia económica a principios de 1995. De inmediato apostaron a la reducción de las tasas de interés que traería el alivio a los deudores para reducir la enorme carga de las carteras vencidas. Perdieron esa partida y desde entonces la crisis bancaria ha continuado. Entre sus rasgos más visibles está, sin duda, la enorme cantidad de recursos que ha comprometido el gobierno mediante el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa) para apoyar a las instituciones, previniendo la quiebra y, con ella, la desaparición de los ahorros. Está también el rápido cambio en la estructura de propiedad de la banca, que está ahora más concentrada y en la que han entrado, con enormes ventajas económicas, bancos españoles, canadienses y de otros países.

Desde que estalló la crisis a finales de 1994, tanto el gobierno como los banqueros se han esforzado por minimizar las verdaderas dimensiones del boquete abierto en el sistema financiero. El caso es que de una u otra forma se ha hipotecado la capacidad de gasto público al destinar fondos hasta por 30 años al saneamiento de una banca quebrada. De manera periódica ambos, gobierno y banqueros, señalan públicamente las virtudes de la gestión de la crisis bancaria, y a cada reiteración corresponde un nuevo episodio que pone al descubierto la situación de penuria del sistema bancario.

El más reciente de estos episodios ocurrió unos días después de que en la Convención Bancaria de Cancún, que se ha convertido en una sesión de catársis y complacencia entre banqueros y funcionarios del gobierno y el banco central, se anunció otra venta de cartera vencida al Fobaproa. Esta vez fue de nueva cuenta Serfin, el tercer banco del país, el que, por tercera ocasión vende sus malos préstamos al gobierno. Esta venta fue por 10 mil 300 millones de pesos y en total llega ya a más de 39 mil millones. Con esto, el gobierno se convierte en propietario del 20 por ciento de las acciones de Serfin y pone las condiciones para que el Banco Hong Kong Shangai compre otro 20 por ciento de ese banco.

La historia de esta crisis bancaria será un capítulo estelar de la historia económica del México contemporáneo. Sorprenderá, no cabe duda, a los estudiosos del tema y ocupará un lugar junto a las fabulosas historias de la especulación con tulipanes en Holanda, de los enormes fraudes de la Compañía de las Indias Orientales en Francia o de los vertiginosos movimientos de capitales de los fondos de inversión de George Soros, que provocaron la devaluación de la libra en un solo día. Los bancos mexicanos no sólo han sido responsables de una mala gestión de sus negocios, han participado en la repartición de un verdadero botín y hasta han sido acusados recientemente por el mismo gobierno de acciones de fraude con recursos fiscales. Queda también pendiente el asunto del lavado de dinero.

Al parecer, el Fobaproa es un barril sin fondo, o más bien un pagaré que habremos de pagar todos por muchos años. Y mientras tanto los bancos siguen dando tumbos, el gobierno los dotará ahora de recursos, prácticamente sin costo, por medio de las Afores y juntos extraerán de manera forzosa recursos de la población para financiarse. Ante esto, ni la mayoría priísta en el Congreso ni la flamante oposición han abierto un debate nacional ni cuestionado la gestión financiera. Y, sin embargo, este es uno de los asuntos de gobierno más urgentes de la nación.

El mismo día en que se daba la noticia de la tercera venta de cartera vencida de Serfin al Fobaproa, podía leerse en la prensa el siguiente titular: ``Enfrenta la banca saneada un desplome de la rentabilidad'', y otro que anunciaba que en mayo será la primera venta de activos en poder de Fobaproa por 300 millones de pesos (El Financiero, 19 de marzo de 1997). La banca no está saneada y no es todavía posible ver el final de la necesidad de intervención del gobierno para mantenerla a flote. Por otro lado, la venta de los activos que ha comprado Fobaproa se va a convertir en un mecanismo adicional para fomentar la concentración de la riqueza en el país. No hay todavía reglas claras para participar en la subasta de activos sumamente depreciados en cuanto a su valor de mercado, y sólo falta que sean los mismos bancos los que recompren esas propiedades y deudas en un remolino de especulación de proporciones enormes.

Para todos ha sido evidente el significado de la más reciente crisis económica del país. Aunque no se entienda de economía y finanzas, sí se comprende el efecto de una caída de más de 6 por ciento del producto en un solo año y de las desiguales condiciones de la incipiente recuperación. Pero además de ese efecto de la crisis está la situación del sistema bancario que arrastra consigo las posibilidades de crecer y aumentar los ingresos de la población. Ante este hecho no hay una explicación clara de parte del gobierno y es apreciable la ineficacia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para enfrentar la situación. Hay muchas preguntas sin respuesta en cuanto a la gestión de la crisis bancaria y esa es otra deuda que han contraido las autoridades y los banqueros, una deuda económica y, sobre todo, una deuda política.