Critica magistrado de La Haya el doble discurso sobre la certificación

Jesús Aranda y Triunfo Elizalde Ť El gobierno mexicano debe terminar con el ``doble discurso'' y adoptar una ``línea congruente, contundente y firme'' en relación con el proceso de certificación que hace Estados Unidos, porque el derecho internacional tiene los suficientes mecanismos bilaterales y multilaterales para exigir que la cooperación en materia antidrogas sea apegada a derecho, para dejar atrás los molestos actos ``unilaterales'', señaló Víctor Carlos García Moreno, miembro de la Corte Internacional de La Haya; mientras que Oscar González, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, coincidió con él en que la propuesta del gobierno de ``extradición temporal'' ``es una figura jurídica que a nivel internacional no se conoce''.

Asimismo, García Moreno sostuvo que la propuesta mexicana de establecer las ``extradiciones temporales'' con Estados Unidos tiene que ver con el proceso de certificación, aun cuando el gobierno mexicano no lo acepte abiertamente.

El también director del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM dijo que no objeta la legalidad de las ``extradiciones temporales'', pero sí pidió congruencia del gobierno mexicano, porque en el discurso rechaza la certificación, pero en la práctica hace lo que está a su alcance para obtener la aprobación estadunidense.

García Moreno demandó a las autoridades replantear la cooperación antidrogas con Estados Unidos, porque, dijo, ``estamos cansados de los actos como los de Humberto Alvarez Machain, la ley Helms-Burton y otras medidas legales que nos exigen actuar de inmediato para terminar con ese tipo de prácticas''.

Indicó que el gobierno utiliza un ``doble'' discurso respecto al proceso de certificación, toda vez que, mientras en el discurso descalifica este proceso y rechaza cualquier tipo de presión, en la práctica se aceptan ``propuestas'' como la de las ``extradiciones temporales'', proyecto que podría dar lugar a la violación de las garantías individuales de los mexicanos.

En los últimos años, comentó, nuestras autoridades permitieron la extradición de nacionales a Estados Unidos, la cual, si bien es legal, debe ceñirse a lo estipulado en el artículo 15 constitucional, que exige el cumplimiento de las garantías individuales de los mexicanos.

La ley establece que un connacional no puede ser extraditado por motivos políticos o si está en peligro de ser sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, enfatizó, algunos de los mexicanos que lo fueron podrían ser condenados a la pena capital, sobre todo, en aquellos casos relacionados con delitos contra la salud o con muerte de policías estadunidenses.

Por otro lado, dijo que la presión para que los agentes estadunidenses porten armas, de que se permitan las ``persecuciones en caliente'' de aviones y embarcaciones en territorio nacional, así como intensificar la cooperación en todos los aspectos, viene desde 1986, cuando se inició en ese país el proceso de certificación. Razón por la que el gobierno mexicano se ha tardado demasiado en exigir el replanteamiento de la cooperación antidrogas con bases recíprocas.

García Moreno criticó también el que la cancillería asegure que los agentes de la DEA tienen inmunidad diplomática de acuerdo con la Convención de Viena: ``Que me digan de cuál Convención de Viena, la de 1961 o la de 1963, porque en ninguna de las dos se especifica que los agentes policiacos tengan estatus diplomático o consular. De manera que si ocurriera, nuestro país está violando dicha convención''.

Finalmente, García Moreno sostuvo que México debe pugnar porque la cooperación con Estados Unidos en materia antinarco se ciña al derecho internacional, para no estar expuestos a presiones unilaterales, que se intensificaron en el pasado proceso de certificación.

Pintar la raya

Oscar González, presidente de la AMDH, dijo que ``sería bueno saber dónde, cuándo y en qué punto vamos a pintar la raya, antes de que sea demasiado tarde>?'', al aclarar que la propuesta del gobierno de México de ``extradición temporal es una figura jurídica que a nivel internacional no se conoce'', por lo que debiera explicitarse más, ya que se da el caso de que muchas veces ese tipo de acuerdos no son del todo conocidos por el Senado para aprobarlos.

Sin referirse a su experiencia como diplomático, pero con conocimiento del campo de las relaciones internacionales, hizo notar que ``ese tipo de sugerencias se pueden encontrar dentro de una práctica de origen anglosajón que recurre con frecuencia a los llamados acuerdos ejecutivos o acuerdos administrativos, para

poner en operación tratados internacionales''. Sin embargo, añadió, en el caso mexicano la propuesta debe revisarse y cuestionarse por los alcances de la misma. Según su punto de vista, ``en la medida en que se haga una definición real de la soberanía nacional, deberán cerrar filas los mexicanos con el gobierno, teniendo presente que soberanía nacional es soberanía popular y democracia''.

Por su parte, el internacionalista Benjamín Laureano Luna, presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, recuerda que los mexicanos detenidos en México ``exclusivamente deben ser enjuiciados por el tribunal competente mexicano, y no ser extraditados, aceptando presiones exteriores que acusan al Poder Judicial de ser corrupto y otras situaciones que pretendan establecer la incapacidad mexicana para enjuiciar al delincuente''.

En su opinión, los partidos mexicanos deben opinar sobre cualquier práctica de extradición que se planee, ya que se debe tener en cuenta que desde 1912 a 1972 se han firmado 11 convenciones sobre el tema pero, sobre todo, que ``cuando el poder de un Estado lo convierte en metrópoli de otro, la extradición es desigual, por no existir el principio de igualdad soberana, y en estos casos son violados los derechos humanos, porque la víctima no puede defenderse con todas las garantías necesarias, ya que se trata de un secuestro''.

Y explicó que la extradición la practican Estados con igualdad soberana, en cuyo caso los derechos humanos son salvaguardados y se realiza un juicio con todas las garantías, para que el presunto delincuente se defienda ante el juez, ``que debe ser independiente''.