Antonio Rovira Viñas, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo en el Parlamento Español, planteó el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, en forma improvisada pero clara, desde la perspectiva europea, importantes conceptos en la Mesa ``Viejos problemas, nuevos desafíos de los derechos humanos'' del seminario internacional ``Europa-México sobre derechos humanos'', organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la LVI Legislatura y la Comisión Europea en México. Esperando ser fiel a sus palabras, considero útil darlos a conocer a la opinión pública, para alentar y esclarecer la difícil transición a la democracia que impulsa el pueblo en México. Al hablar de los nuevos desafíos, en los que centró su exposición, se refirió primero a la internacionalización de los derechos fundamentales por parte de las instituciones multilaterales, para exigir allí su cumplimiento, ideando formas para que la lesión de estos derechos no sea una cuestión puramente doméstica. Los dramáticos casos de Europa del Este son muy ilustrativos a este respecto.

Lo cual una vez más contrasta con la posición conservadora de algunos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Perú y México, de pretender restarle eficacia y limitar la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la defensa de tales derechos. En efecto, es bien sabido que el 2 de diciembre del año pasado los representantes de tales gobiernos propusieron en un seminario en Washington, con el apoyo del actual secretario general de la OEA, modificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para, entre otras cosas, limitar la iniciativa de individuos y organizaciones civiles para presentar denuncias y solicitar resoluciones a la CIDH, así como la participación directa de las víctimas en los procedimientos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eliminando también el carácter público de éstos. Felizmente para la sociedad y sus organizaciones, tales intentos están claramente en contra de las actuales tendencias en la comunidad internacional y confiamos que la vergüenza que ya están causando en su seno los haga desvanecerse.

Otro de los conceptos que volvió a plantear Rovira Viñas fue el de la indispensable interdependencia entre los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque algunos teóricos, influenciados nuevamente por el neoliberalismo --digo yo--, tratan anacrónicamente de cuestionar los fundamentos de estos últimos, el problema no radica en su fundamentación, que es clara, sino en encontrar formas más eficaces y socialmente participativas para hacerlos vigentes en la sociedad. Es evidente que cualquier ciudadano es sujeto de esos derechos, que son tan esenciales como los fundamentales --dijo--, pero no es indispensable que el Estado se los tenga que garantizar siempre directamente en la práctica, aunque sí está obligado a promover las condiciones que permitan su disfrute. Lo que otra vez contrasta --digo yo-- con muchas de las políticas públicas que se aplican actualmente en México.

Y fue aquí donde Rovira expresó por un lado un axioma que les resulta incomprensible a muchos de nuestros actuales círculos de poder, y sacó una necesaria conclusión para la cultura actual de los derechos humanos. Está más que demostrado --argumentó-- que para generar riqueza es absolutamente indispensable el reparto de la riqueza, y hemos de ser conscientes de que tenemos que cambiar nosotros mismos para que los derechos de todos sean posibles. De donde se colige la importancia de la educación en la solidaridad y en la tolerancia, pues son también contradictorios en la práctica el lujo y el dispendio, por ejemplo, con una cultura de respeto a los derechos humanos. Y hemos de respetar en la práctica como iguales a los que son distintos a nosotros.

Otro punto útil que me llamó la atención de su exposición fue su insistencia, desde la perspectiva europea, en la obligación del Estado por generar las condiciones que han de permitir las posibilidades de bienestar de sus sociedades, al mismo tiempo que el rechazo de éstas a que el Estado les determine cuál debe ser este bienestar, así como la necesidad de que éste se modernice y actualice constantemente para acercar a sus ciudadanos y a las agrupaciones de éstos a la toma de decisiones.