Desde hace tiempo, en diversos medios de comunicación, voces autorizadas han denunciado la existencia del tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos. Es difícil darse una idea cabal de la magnitud de este negocio ilícito, pero por lo poco que se sabe no es de ninguna manera un asunto menor.

Recientemente, un diario norteamericano de San Diego, California, dio cuenta del hallazgo de un embarque de armas que fue detenido en la zona fronteriza. Se habla de que es parte de un cargamento mayor y que, al menos, algunas armas ya se encuentran en nuestro país.

¿Qué hacen los norteamericanos para detener ese ilegal tráfico? Ellos, que son tan puntillosos en el asunto del narcotráfico, al grado que no les importa violar el derecho internacional con tal de llevar a cabo su absurdo e inútil proceso de certificación, hacen poco por detener el traslado de armas, a juzgar por lo que se conoce. Si nuestro país certificara las acciones que llevan a cabo los norteamericanos en este rubro, es seguro que los reprobaríamos.

El embajador mexicano ante el gobierno de Estados Unidos señalaba, en una entrevista, que cuando se plantea a los norteamericanos el asunto de las armas, responden que el problema es el consumo mexicano. Sin embargo, para tráfico de drogas, afirman que el problema es la oferta mexicana. Como se ve, ellos nunca resultan culpables. Con esta óptica, no es extraño que se tengan fricciones en la relación bilateral con nuestros vecinos del norte.

Los norteamericanos parecen no comprender que una buena relación entre ambos países requiere tres elementos básicos; cooperación, cese de cualquier medida unilateral y la asunción de responsabilidades y tareas comunes en beneficio propio y de la vecindad.

En este sentido, lo más adecuado es plantear el asunto de la certificación en el largo plazo, para evitar que año con año haya una pequeña guerra interna de declaraciones y que, al exterior, parezca que hagamos malabarismos diplomáticos para evitar que nos alcancen los ajustes de cuentas que hacen el Congreso y el presidente norteamericanos. Debemos plantear que su reiterada intromisión en nuestra vida interna termine o encuentre siempre una enérgica, puntual y contundente respuesta.

La certificación norteamericana debe terminar, en primer lugar, porque es atentatoria contra nuestra soberanía, daña las relaciones entre ambos países y ayuda a que el ambiente antimexicano se intensifique allende el Bravo. En segundo lugar, tal medida ha resultado totalmente ineficiente para combatir el narcotráfico. Es falso suponer que la certificación es un asunto de política interna de Estados Unidos. Es una acción que condiciona y afecta las relaciones entre ambas naciones. En este sentio, es una medida unilateral y tiene el carácter de intervencionista.

El Presidente de la República ha impulsado una política de cooperación con Estados Unidos que no ha tenido reciprocidad en algunos sectores norteamericanos. Se han confundido nuestros mensajes de buena vecindad con subordinación. Se han equivocado al creer que nuestras necesidades económicas y financieras se anteponen a nuestra historia y soberanía. Intercambio comercial no es, para nosotros, equivalente a sumisión política.

Es hora de que partidos políticos, ciudadanos, organizaciones y gobierno, en lugar de estar adivinando las supuestas intenciones ocultas de los encargados de nuestra diplomacia, le hagamos saber a los estadunidenses que en la defensa del derecho a la autodeterminación estamos unidos.

Cooperación, sociedad comercial y responsabilidad compartida, sí. Vasallaje, nunca.