Los presos en Cerro Hueco, los muertos de El Bosque, los desalojos violentos, las agresiones de las guardias blancas y la policía de Seguridad Pública en el norte de Chiapas, desmienten a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

En el comunicado de prensa fechado el 14 de marzo de 1997 la Cocopa se permite precisar que sus integrantes insisten en ``que en todas sus acciones, decididas por consenso, han antepuesto el interés supremo de la paz a los intereses de partido o personales''. Sin embargo no se conoce la más tímida condena de la Cocopa a las personas, al partido político o a las autoridades responsables de las aprehensiones arbitrarias, de la fabricación de delitos, de los disparos a la población desde helicópteros, de los asesinatos constantes, de los excesos de militares, de la protección a grupos paramilitares.

Es mandato de ley que la Cocopa coadyuve al proceso de paz, pero esta función no se puede limitar a esperar, inactiva y cómodamente, una respuesta positiva del Presidente de la República. Ya en su comunicado del 4 de marzo los miembros de la Cocopa reconocieron su lamentable impotencia como legisladores ante el Ejecutivo federal, aunque no han explicado las razones que los llevaron a aceptar su implícito fracaso. Pero su incapacidad para hacer que el gobierno respete su palabra y su firma, cumpliendo con los Acuerdos de San Andrés, no los exime de otros muchos compromisos con la paz.

Muy pronto se cumplirán cuatro meses de que la Cocopa presentó su propuesta de reformas constitucionales que recogía parte importante de los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas. En el tiempo transcurrido desde entonces, los miembros de esa comisión podían haber hecho mucho, o por lo menos podían haber dicho algo para impedir que la situación de incertidumbre e indefinición generada por el gobierno federal esté siendo aprovechada por éste, y por las fuerzas que en el estado de Chiapas no han renunciado a despojar a los indígenas de sus tierras y de sus derechos.

Además de los legisladores del Congreso de la Unión --entre los que se distingue un senador por el estado de Chiapas--, en la Cocopa deberían participar por ley, un representante del Poder Ejecutivo y otro del Legislativo del mismo estado, a quienes correspondería en primer término, preocuparse y ocuparse de las críticas condiciones que atentan contra la paz. Es del dominio público que en la guerra que se libra, sobre todo en los municipios del norte de la entidad, se mezclan intereses políticos y personales de individuos con responsabilidades en el gobierno estatal, y con representación en los congresos local y federal.

Desde su fundación en enero de 1995, la organización Paz y Justicia ha sido identificada por su filiación priísta y por sus actividades de corte paramilitar; sus miembros han sido coordinados principalmente por funcionarios municipales, comisariados ejidales, líderes magisteriales, y un diputado local, obviamente del PRI. De otros diputados federales, también del PRI y de Chiapas, se conocen las razones ideológicas que tienen para apoyar a Paz y Justicia, o bien, han sido señalados como promotores del grupo armado Los chinchulines. Del senador por Chiapas y miembro de la Cocopa sorprende que no haya mostrado mayor interés en la guerra civil que viven los choles, ``porque siendo miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana, debería estar enterado que el Instituto Bíblico que dicha Asociación Religiosa mantiene en Palenque es la casa de formación de los pastores presbiterianos y adventistas que dirigen, en muchas comunidades de Tumbalá, Tila y Sabanilla al grupo paramilitar Paz y Justicia'' (Informe Ni paz ni justicia).

El saldo de muertos y heridos, de perseguidos y encarcelados, que han dejado las últimas acciones de la Seguridad Pública y de las guardas blancas indica que contrariamente a lo que afirma la Cocopa, ``el interés supremo de la paz'' no ha sido antepuesto a los intereses personales de sus miembros, ni a los intereses del partido del gobierno.

Más que una instancia coadyuvante en el proceso de paz, la Cocopa ha sido un ejemplo de cómo son utilizadas las comisiones plurales para corresponsabilizar a los miembros de todos los partidos de las decisiones impuestas por el poder; y ejemplo también de cómo el ``consenso'' ha servido, más para amordazar a la oposición, que para avanzar en acuerdos favorables a la mayoría de la sociedad.