La certificación, a salvo; ofrece México extradición temporal

David Aponte Ť El gobierno de México propuso a la administración del presidente Bill Clinton una adición al Tratado de Extradición bilateral firmado en 1978, para introducir la figura de ``extradición temporal'' que permita enjuiciar, sentenciar y hacer cumplir la condena a los delincuentes, fundamentalmente los narcotraficantes, en ambos lados de la frontera, informó ayer el canciller José Angel Gurría.

Con la nueva cláusula, los perseguidos de la justicia de México y Estados Unidos tendrían que cumplir sus sentencias en cárceles mexicanas o estadunidenses y, en su caso, en ambas. ``A partir de esa propuesta queremos evitar fricciones'' con las autoridades del vecino país, argumentó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) convocó la tarde de ayer a una conferencia de prensa, en la cual el titular de la dependencia dio a conocer la posición de México respecto de la votación en el Senado de Estados Unidos, ``que deja de lado el tema de la certificación'' antidrogas.

Gurría dijo que la determinación de la Cámara de Senadores estadunidense representa un ``triunfo de la razón'' sobre la ``recriminación y los dedos acusadores''. Esa es una decisión que no implica ningún condicionamiento para México y es producto de la ``cordura'' de los senadores, de la intensa labor del presidente Clinton y de la firme posición del gobierno mexicano, aseveró.

``La resolución implica que prevaleció la razón, la sensatez y el deseo de cooperar por encima de la recriminación, e inclusive, de las expresiones injuriosas que hemos escuchado de algunos sectores en ese país con motivo del proceso aludido.''

En la declaración preparada destacó que algunos de los considerandos de la resolución del Senado contienen información ``inexacta o equivocada, la cual no refleja el esfuerzo de México'' en la lucha antidrogas.

De esa forma, ``México reitera que no acepta ni aceptará presiones externas. Actuará, en cambio, conforme a los mecanismos bilaterales que en un marco de respeto, reciprocidad y corresponsabilidad buscan objetivos comunes entre las dos naciones'', indicó.

El jefe de la diplomacia mexicana añadió que las autoridades manifiestan su disposición a mantener el diálogo con el gobierno de Estados Unidos en el tema de la cooperación antidrogas, siempre sobre las bases del respeto mutuo, el estricto apego a las normas del derecho internacional y, en particular, del principio de igualdad soberana de los Estados.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Gurría dijo que el proceso de certificación antidrogas ha quedado atrás. Con la resolución del Senado ``se privilegia la cooperación y no existe posibilidad de que la Cámara de Representantes revierta'' la decisión del presidente Clinton.

Acerca de las reglas de los 51 agentes de la DEA que operan en México, afirmó que las normas no han variado desde que fueron revisadas en 1992. Los elementos estadunidenses siempre han disfrutado de inmunidad consular de conformidad con la Convención de Viena de 1962. En ese contexto, no están autorizados a portar armas.

``Las reglas no han cambiado y no hay previsión de que pudieran cambiar''. Los agentes de la DEA sólo están autorizados para intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes mexicanas, añadió.

Sobre el tema de la extradición, reveló que el gobierno de México hizo una propuesta a Washington para adicionar el tratado bilateral firmado en 1978, instrumento que fue objeto de una modificación en noviembre de 1994 para prohibir expresamente los secuestros transfronterizos.

``Hemos sugerido al gobierno estadunidense que podamos plantear una adición al Tratado de Extradición, una adición sobre la cual ya hay precedente, porque tenemos cuando menos dos tratados de extradición que incluyen esa mecánica:

``En donde haya la figura de la extradición temporal, mediante la cual pueda ser enjuiciada una persona en México, en caso de ser declarada culpable, darle su sentencia.

``(Posteriormente) extraditarlo al otro país, que cumpla allá el proceso, allá se le enjuicie e inclusive, de ser declarado culpable, se le sentencie con las pruebas frescas todavía, y después se le regrese a México para que cumpla su sentencia completa y después se regrese al segundo país a cumplir su sentencia allá.

``Esta es una propuesta que México le hizo al gobierno estadunidense. ¿Por qué? Porque está creando constantes fricciones el hecho de que nosotros tengamos por ley que procesar primero en México, si es que hay cargos en México. Sin embargo, así está en la letra del (actual) convenio de extradición'', explicó.

Gurría argumentó que el objetivo es evitar ``espacios de impunidad. Algunos delincuentes han pretendido aprovechar las diferencias de los regímenes jurídicos de ambos países y ninguna de las dos naciones puede permitir o aceptar refugios de narcotraficantes y criminales''.

De aceptarse la iniciativa mexicana, los delincuentes pueden ser objeto de extradición antes de cumplir sus respectivas sentencias en México o en Estados Unidos.