México vive tiempos inciertos.

En el escenario internacional asistimos a un acoso de la soberanía nacional que se expresa tanto en la inevitable globalización, cuyas reglas del juego tienden a implantarse a costa de las atribuciones y facultades de los Estados nacionales, como en las renovadas pretensiones injerencistas estadunidenses, que apuntan tanto a dictarnos una política antidrogas al gusto de Washington como a controlar nuestros recursos naturales, especialmente el petróleo.

En el ámbito interno, el país enfrenta un marcado deterioro institucional, una de cuyas claves principales es la extendida corrupción, conceptuada como toda forma de privatización indebida e irregular de recursos y bienes públicos. Con ese telón de fondo, los escándalos recientes, la guerra de acusaciones y contraacusaciones y la derivación de las pugnas políticas al terreno policiaco o judicial, han provocado un pernicioso descrédito generalizado entre los actores y factores de la vida pública.

Por otra parte, los acuerdos nacionales y los consensos sociales establecidos tras la Revolución Mexicana presentan severas fracturas que se manifiestan, en su aspecto negativo, como una polarización política, social y económica y, en su aspecto positivo, como una creciente y nueva pluralidad.

En el marco de la erosión institucional, debates y enfrentamientos que parecían históricamente superados han resurgido con virulencia. La Iglesia católica, del brazo de sectores totalitarios y desfasados, pretende recobrar fueros y poderes que perdió el siglo pasado, como la atribución de normar la conducta pública y privada de los ciudadanos y la de imponer contenidos anticientíficos y medievales en los programas de educación pública.

Enfrentado a estos y otros acuciantes problemas, México celebra hoy el 191 aniversario del natalicio de Benito Juárez.

Ante estos acosos, el ejemplo de Juárez sigue vigente.

Juárez no sólo fue el patriota que defendió con éxito la soberanía, la independencia y la dignidad nacionales, agredidas por el que era entonces uno de los ejércitos más poderosos del mundo; fue, además, el líder de un equipo de gobierno que ejerció el poder con un sentido ético y moral ejemplar; fue, también, el estadista que estableció una clara separación entre los intereses públicos y la privacidad espiritual de los ciudadanos y acabó con el nefasto maridaje de la institución católica con los poderes políticos y económicos. Juárez logró concitar la unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía nacional, el desempeño del poder apegado al derecho y a la ética y la separación de la Iglesia y el Estado.

Para México, Juárez es un un legado histórico y humano que no podrá ser destruido por la mezquindad partidista de los ayuntamientos blanquiazules que, como el de Naucalpan, han empezado a borrar de calles y avenidas el nombre del Benemérito de las Américas, ni por un dirigente panista mexiquense que exhibe su crasa ignorancia histórica afirmando que Juárez era ``priísta''.

Hoy, cuando México afronta tiempos inciertos para su soberanía, para su estabilidad, para su vida republicana y para su unidad nacional, el ejemplo de Benito Juárez tiene plena vigencia.

La resolución aprobada ayer por el Senado de Estados Unidos, que ratifica la certificación otorgada a nuestro país en forma unilateral por el gobierno de ese país en materia de lucha contra las drogas, elimina temporalmente la posibilidad de una seria crisis en las relaciones bilaterales, la cual habría de seguro tenido lugar si los legisladores estadunidenses hubieran decidido revertir la aprobación dada por el presidente Clinton.

El anterior es un dato reconfortante. Pero la esencia intervencionista y abusiva del mecanismo de la certificación sigue intacta, y permanece de pie la agresiva actitud de la clase política estadunidense, que se empeña en arrogarse la atribución de juzgar a otros gobiernos y naciones. En sus alegatos de ayer, diversos senadores hicieron ver su arrogancia imperial cuando expresaron que tienen el ``derecho'' de plantear exigencias e imponer condiciones a México. Por ello, la resolución certificadora posterga, pero no soluciona, el conflicto de fondo. Para eliminarlo, y para avanzar sustancialmente en la colaboración bilateral en el combate a las drogas y al narcotráfico, los poderes públicos estadunidenses deberán renunciar a sus pretensiones de establecer normas de conducta a otros países.

Por otra parte, debe reconocerse que el debate entre el Capitolio y la Casa Blanca en torno a la certificación o la descertificación ha servido para que los políticos del país vecino empiecen a darse cuenta de que Estados Unidos tiene una responsabilidad central por las dimensiones, el poder y la capacidad de destrucción que ha adquirido el narcotráfico: en tanto Washington no emprenda acciones de fondo para contrarrestar el consumo de sustancias ilícitas por parte de sus mismos ciudadanos, y en tanto las autoridades de la potencia vecina sigan cerrando los ojos a la vasta criminalidad interna que desarrollan las bandas de traficantes y al hecho de que Estados Unidos es la capital mundial del lavado de dinero, el trasiego de drogas no podrá ser eliminado, por mucho que los gobiernos de las naciones de porducción y tránsito se esfuercen en esta lucha.

En otro orden de ideas, y aunque resulte bienvenida toda iniciativa orientada a lograr una distensión en el crispado ambiente en que se han desarrollado las relaciones bilaterales en las últimas semanas, habrá que examinar cuidadosamente la propuesta mexicana en el sentido de que se adicione al Tratado de Extradición la figura de ``extradición temporal'', propuesta que dio a conocer ayer el canciller José Angel Gurría. Debe analizarse, en primer lugar, si tal iniciativa no resulta lesiva para la soberanía nacional, y si no vulnera el principio legal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Asimismo, la cancillería debe explicar si tal propuesta es fruto de una decisión libre y unilateral de México, y si no surgió como parte de una negociación ligada a la más reciente decisión del Capitolio.