No se aceptará ``borrón y cuenta nueva'' con Paz y Justicia, advierten desplazados de la región norte
Matilde Pérez U. Ť Las más de 3 mil familias desplazadas y retornadas en el norte de Chiapas aclararon que mantendrán su resistencia civil y pacífica, y no aceptarán ningún convenio del grupo Paz y Justicia mientras éste pretenda sólo el ``borrón y cuenta nueva''.
Los desplazados y retornados reiteraron sus ocho principales reclamos, entre ellos la liberación de los 30 presos de Cerro Hueco, la restauración de las garantías individuales, el castigo a los responsables de los asesinatos de 11 menores y 22 perredistas y la restitución de los bienes patrimoniales de los perredistas y las familias afectadas por Paz y Justicia.
Subrayaron que el pacto definitivo de no agresión --se han firmado 179 desde agosto del año pasado a la fecha-- deberán avalarlo también los gobiernos federal y estatal, el Congreso de la Unión, la Cruz Roja Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Comité Internacional contra la Discriminación Racial de la ONU y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones defensoras de los derechos humanos que trabajan en la zona.
Por la situación, la Cruz Roja Internacional --que volvió a trabajar en la zona desde el 12 de marzo-- está dispuesta a establecer campamentos en Sabanilla, Tila, Tumbalá o Palenque.
María de Lourdes Rodríguez, del grupo de trabajo de los diputados del PRD que incluye a Adriana Luna Parra y Martín Longoria --quienes desde 1995 observan el desarrollo de los acontecimientos en esa zona--, señaló que son pocos los avances en los compromisos asumidos por el gobierno de Julio César Ruiz Ferro para distensar la región.
En un informe, los legisladores indicaron que los pactos firmados hasta la fecha son superficiales y realizados con interlocutores inadecuados. ``Son utilizados por el gobernador del estado para justificar ante la Federación que ha hecho un buen trabajo como mediador, y para frenar las críticas de la opinión nacional e internacional'', aseguraron.
Añadieron que el gobierno del estado no ha evitado que Paz y Justicia continúe impidiendo el libre tránsito en la zona de conflicto, particularmente en los caminos de las comunidades de El Crucero y Miguel Alemán; sus abusos en Jolnistié Libertad, donde ha obstaculizado que 129 niños ingresen en la escuela; el establecimiento de relaciones con el gobierno de Tabasco, para investigar a presuntos culpables en el robo de más de dos mil cabezas de ganado, y la revocación de sentencia a los presos de Cerro Hueco conforme a derecho.
María de Lourdes Rodríguez informó que el recorrido que realizaría por la zona el primer visitador de la CNDH, Mario Alvarez Ledesma, se limitó a los ejidos Paraíso y Agua Fría, municipio de Sabanilla, a donde llegó en helicóptero y se entrevistó con el personal de Seguridad Pública del estado, algunos retornados, así como con dirigentes del grupo Paz y Justicia.
Agregó que al término de la visita, Alvarez Ledesma dijo que le parecía exagerado el reporte de las ONG, por lo que el diputado Martín Longoria le aclaró que son cinco los municipios donde actúa Paz y Justicia, afectando a un mínimo de 10 ejidos por cada uno. También se le entregaron las listas de las familias desplazadas, de los retornados, los nombres de los asesinados, las actas que levantaron las autoridades ejidales por el robo de bienes y las fichas informativas de los presos en Cerro Hueco.