La condescendiente --por no llamarla con peor adjetivo-- actitud de los gobiernos neoliberales de México frente a las exigencias imperiales norteamericanas, nos había conducido por el camino de mantener una sumisión inocultable ante las pretensiones globalizadoras, privatistas y modernizadoras que la línea política del gobierno de EU había venido imponiendo a la estructura y funcionamiento del aparato estatal nuestro, y que ha llegado a extremos como la privatización de la petroquímica primaria, y aun de parte de la industria petrolera, la adopción de una política económica contraccionista en el interior, que nos ha llevado al desempleo y a niveles salariales miserables, a la celebración de un TLC y una política de fomento de la inversión extranjera que cada vez nos hace más dependientes de intereses ajenos y más inequitativos en la distribución interna.

La táctica gubernamental de sumisión se completaba con la muy poco elegante actitud de recurrir a nuestros vecinos del norte para salir de los atolladeros de los que no podíamos salir por nuestro esfuerzo propio. Esa creciente dependencia fue fortaleciendo entre los grupos políticos dominantes de EU, la idea de que estaban moralmente investidos de la facultad de señalarnos no sólo las líneas generales de política económica, sino los mecanismos de ``democratización'' electorera y televisiva, y hasta las reglas de ejecución de las normatividades fijadas por nuestros órganos competentes, por indicaciones del jefe del poder Ejecutivo.

Esa actitud de prepotencia indiscutible llegó a tener su más cabal expresión con motivo de la gran campaña, supuestamente coordinada, contra el tráfico de drogas. La sumisión de nuestra élite gobernante a los intereses imperialistas, y en los últimos años la estrecha vinculación y solidaridad de muchos funcionarios públicos con narcotraficantes, dieron pie para que una parte importante de los políticos y legisladores de EU se sintieran con el derecho de lesionar la soberanía de México, imponiéndole, mediante una ya bien conocida descertificación, una serie de reglas condicionantes para que el gobierno de México siga contando con su simpatía.

La ofensa a nuestra soberanía es de tal manera grave, que el propio gobierno zedillista no pudo aguantar en silencio el golpe y ha hecho, desde Japón, estruendosas declaraciones en defensa de la soberanía de México, si ésta llega ser atacada en los hechos. ¿Más hechos pedimos?

Quisiera pensar que la declaración de defensa de la soberanía nacional no es sólo un ardid más para ganar votos en estos meses tan significativos. Quisiera poder aceptar que la opinión nacional confía en la palabra de Zedillo, no obstante su calidad de sucesor de Salinas. Deseo creer que los 90 días de prueba que el Congreso de EU concede a Zedillo le servirán para que, apoyándose en la confianza por conquistar al pueblo mexicano, rechace definitivamente el propósito de transformarnos en una entidad federativa más de EU.

Grande y significativa es la oportunidad que el abuso imperialista le brinda al presidente Zedillo para enderezar el rumbo y superar la crisis, llevando a cabo una gran lucha nacional por la defensa y reconstrucción de la soberanía nacional mexicana.

Para esta batalla, el presidente Zedillo tendrá que apoyarse sólidamente en la sociedad mexicana entera, que estará dispuesta a participar en esa batalla, siempre y cuando Zedillo demuestre su auténtica vocación nacionalista y democrática, unificadora y patriótica, apartándose del entreguismo económico y la sumisión política que venimos padeciendo desde 1982, desechando el intervencionismo exterior.

Simultáneamente están corriendo dos plazos trascendentales; el de más de cien días que faltan para las elecciones del 6 de julio y el de 90 días que, según parece, nos concederá graciosamente el Congreso de EU, para someternos a sus deseos.

Esperemos que el transcurso de esos dos plazos tan disímbolos nos permita ver un gobierno mexicano guiado auténticamente por los mejores propósitos para la nación.

¿Podemos abrigar aún la esperanza de que las ofensas y agravios del imperialismo determinen una reorientación fundamental del actual régimen gubernamental y una gran lucha nacional, en la que el gobierno y pueblo unidos reconquisten una plena soberanía bajo la cual se ampare una batalla ya inaplazable por la justicia social y la dignidad humana?

Noventa días nos conceden los legisladores yanquis. ¿Cuántos necesitamos nosotros?