La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU en 1948, porque los estados miembros sabían que la Segunda Guerra Mundial tuvo sus orígenes en masivas violaciones de los derechos humanos. Se pensó en aquellas décadas que si sólo pudieran garantizarse los derechos humanos, mediante la ley y las instituciones internacionales se alejarían los peligros de la guerra. Las razones de ese pensamiento siguen siendo válidas hasta nuestros días.

Ť Foto: Fabrizio León

Pero con el término de la guerra fría se transformó la naturaleza de la mayoría de los conflictos armados en el planeta. Estos se dan cada vez menos entre estados y cada vez más al interior de las naciones. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 20 millones de personas han perdido la vida en estos conflictos internos y muchos más han sido refugiados externos, desplazados internos, mutilados, heridos, huérfanos y demás víctimas de la violencia. Piénsese en Ruanda, Bosnia, Chechenia, Guatemala, para citar sólo los casos más conocidos de los últimos años.

Los conflictos internos tienen hoy, en su gran mayoría, características de conflictos étnicos, es decir, se dan entre contendientes que se identifican y se diferencian claramente por alguno de los criterios étnicos más conocidos, como son la lengua, la raza, la religión, los valores culturales, la organización social. Más allá de programas políticos y tendencias ideológicas (que por supuesto no han desaparecido), los conflictos étnicos giran en torno de concepciones distintas de la nación y del Estado, vinculadas a fenómenos culturales.

Por lo general, estos conflictos se expresan en la confrontación directa entre un Estado constituido y un grupo insurgente. Y es aquí donde la temática de los derechos humanos adquiere su mayor significado. Entre las causas de múltiples conflictos étnicos que se desarrollan hoy día en el mundo, destaca el reclamo en torno a los derechos humanos: desde las garantías elementales del individuo y del ciudadano, la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos marginados y las minorías, hasta el derecho de los pueblos a la libre determinación.

No cabe duda de que en el contexto de estos enfrentamientos no solamente los estados represivos, sino todas las partes en conflicto pueden incurrir en masivas violaciones de los derechos humanos (recuérdense las atrocidades que cometió Sendero Luminoso en Perú y las que siguen cometiendo los fundamentalistas islámicos en Argelia). Sin embargo, por lo general es la denegación de derechos humanos individuales y colectivos por parte de los estados, la que genera originalmente los conflictos políticos que pueden tornarse violentos según la circunstancia. Cuando esto ocurre, no hay paz posible sin que se ataque a fondo la problemática social que dio origen al conflicto. Por ello, tantos acuerdos de paz siguen siendo vulnerables y frágiles, mientras no haya solución a problemas de fondo. De ahí que en países como Guatemala y El Salvador la posibilidad de que se reanude la violencia sistemática sigue presente.

El levantamiento del EZLN en Chiapas, a principios de 1994, tiene su origen en la injusticia secular en que viven los pueblos indígenas. Así lo ha reconocido el propio gobierno. No es por ello extraño que el primer acuerdo que firmaron el gobierno federal y el Ejército Zapatista en las negociaciones de San Andrés (febrero de 1996) tenga por objeto los derechos y la cultura indígenas, tema esencial que constituye la base de los demás acuerdos que tendrán que venir. La temática no resuelta de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de nuestro país sigue siendo el principal escollo de todos los debates en torno a la reforma del Estado. El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno federal es el principal factor de inestabilidad que puede conducir en cualquier momento a la reanudación del conflicto en Chiapas (aunque sea por descuido).

Si se quiere construir la paz social de verdad es preciso que los derechos de los pueblos indígenas sean garantizados en la Constitución y respetados por el Estado. En ese sentido van encaminados los esfuerzos de la Comisión de Concordia y Pacificación. La descalificación de este esfuerzo por parte de voceros oficiales y oficiosos del gobierno, no ayuda a la causa de la paz ni a la de los derechos humanos.

Todavía es tiempo para construir una paz auténtica en nuestro país, pero ésta se dará solamente si se reconocen y se legislan adecuadamente los derechos humanos de los pueblos indígenas. Todo lo demás es pura retórica.