La Jornada 20 de marzo de 1997

Acuerdo entre la Casa Blanca y el Senado para mantener la certificación Flexibilizaron legisladores sus demandas; formalizan hoy la resolución Se confirma: Clinton presentará en septiembre informe sobre México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 19 de marzo Ť La Casa Blanca y líderes del Senado negociaron un acuerdo esta noche que mantendrá la decisión del presidente Bill Clinton de certificar la cooperación antinarcóticos de México, pero obligará al mandatario a rendir un informe al Congreso el próximo primero de septiembre sobre el ``progreso'' específico de México en diez áreas generales de la cooperación en la lucha contra la droga.

En contraste con un borrador de la resolución presentado anoche por varios senadores, el texto consensado esta noche ya no contiene una provisión que daría al Congreso el derecho de evaluar y aceptar o rechazar el informe presidencial del primero de septiembre en un plazo de dos semanas.

Se espera que el pleno del Senado inicie la consideración de esta medida a las diez de la mañana de este jueves y es probable que se produzca un voto ese mismo día. La Cámara de Representantes también tendría que aprobar la resolución negociada, pero ya que no se refiere a la certificación, esa aprobación podría ocurrir después del receso de Pascuas, que inicia el viernes.

Por lo tanto, el Senado al evadir de esta forma el tema de la descertificación, y si actúa como se prevé este jueves, casi seguramente habrá concluido con el asunto de la certificación de México este año.

El acuerdo aún incluye una crítica a los esfuerzos antinarcóticos de México

La resolución negociada esta noche todavía incluye una crítica a los esfuerzos antinarcóticos de México. ``Es el sentir del Congreso que se ha dado un progreso inefectivo e insuficiente para detener la producción y tránsito de las drogas ilícitas'', indica el borrador final, copia del cual fue obtenido esta noche por La Jornada.

Este acuerdo fue negociado en un reunión extraordinaria realizada a las siete de la noche y en la cual participaron el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sandy Berger, el zar antinarcóticos Barry McCaffrey, el encargado de asuntos narcóticos del Departamento de Estado, Robert Gelbard, y un grupo de influyentes senadores, entre ellos Dianne Feinstein, Paul Coverdell y Kay Bailey Hutchison. También se integraron por primera vez a esta discusión privada los senadores Christopher Dodd, John Kerry y John McCain.

En esta última reunión los senadores aceptaron debilitar aún más su propuesta previa (dada a conocer por La Jornada el miércoles) en algunas partes para responder a ciertas objeciones de la Casa Blanca. La administración Clinton estaba descontenta con la obligación de tener que informar al Congreso en septiembre, según un participante en estas pláticas entrevistado por este diario.

Pero la Casa Blanca fue tajante en su rechazo al derecho del Congreso de permitir otro voto más sobre si México estaba cooperando o no en la lucha antinarcóticos al evaluar el informe rendido por Clinton el primero de septiembre. ``Era inaceptable porque en efecto obligaba una segunda decisión sobre la certificación sólo unos meses después'', explicó un funcionario del gobierno de Clinton. Como resultado, la sección que permitía un segundo voto de aprobación legislativa fue suprimida.

La resolución contiene 18 ``conclusiones''

No obstante, el texto del acuerdo de esta noche está basado en gran parte sobre un borrador de una ``resolución conjunta'' presentado anoche por los senadores Feinstein y Coverdell a la administración Clinton. La resolución conjunta que se presentará este jueves al pleno del Senado incluye 18 ``conclusiones'', que van desde el uso de drogas ilícitas en Estados Unidos, la importancia de mejorar la cooperación bilateral antinarcóticos a la importancia de la implementación de una legislación de lavado de dinero en México.

Sin embargo, esta noche los senadores acordaron suprimir de esta lista de conclusiones una referencia específica a las demandas estadunidenses de conseguir la autorización de México para que los agentes de seguridad pública estadunidenses puedan portar sus propias armas al operar del lado mexicano de la frontera, y sustituir este texto con algo que se refiere a la ``protección adecuada'' de esos agentes. Además, una sección de esta misma lista, que en la versión anterior criticaba directamente a México por su falla al extraditar a sus nacionales acusados de narcotráfico, fue editada para integrar una referencia sobre cómo México ha empezado a permitir algunas extradiciones de este tipo.

Las conclusiones todavía indican que los cárteles de la droga operan ``con impunidad'' en México, y que las confiscaciones de cocaína y los arrestos de narcotraficantes se han reducido desde 1992. Otra sección dice que ``existe evidencia de que una corrupción significativa afecta a las instituciones del gobierno de México (incluyendo la policía y los militares)''.

En una referencia específica a las propuestas del senador Coverdell para llevar a cabo un esfuerzo multilateral en la lucha antinarcóticos, el borrador insta a que el presidente Clinton en sus viajes a México y América Latina este año, presente a discusión el tema de la cooperación antinarcóticos. En particular, la resolución insta a que el presidente ``defina planes para acciones específicas para mejorar la cooperación en torno a estas actividades, incluyendo la consideración de una alianza multilateral coordinada''.

Bajo esta resolución negociada por la Casa Blanca y los senadores, el presidente está obligado a presentar un informe ante el Congreso ``no más tarde que'' el primero de septiembre de 1997 sobre el ``progreso significativo y demostrable'' en diez rubros de la cooperación bilateral antidroga lograda entre marzo y septiembre. Estos rubros incluyen el desmantelamiento, arresto y enjuiciamiento o extradición de líderes de los mayores cárteles, plena implementación de una legislación contra el lavado de dinero y el crimen organizado en México, erradicación de la corrupción oficial, incluyendo pruebas de verificación, y un apoyo mayor de Estados Unidos para identificar, remover y enjuiciar a oficiales corruptos. Otra sección que se refería al fortalecimiento de la cooperación aérea y marítima fue editada esta noche para suprimir las referencias específicas a ``marítima'' y ``aérea'', para quedar sólo como ``argumentar y fortalecer la cooperación bilateral''.

El informe que se debe rendir el primero de septiembre, según esta propuesta, deberá incluir una sección sobre el progreso logrado por el gobierno estadunidense en sus esfuerzos de educación antidroga en su propio país, así como también su implementación de un esfuerzo ``comprensivo'' de interdicción y el despliegue de mil agentes más del Servicio de Inmigración y Naturalización en la frontera.

Una semana de discusiones nocturnas

Se llegó al acuerdo final después de casi una semana de intensas discusiones nocturnas de funcionarios del gobierno de Clinton y varios senadores en torno a los mecanismos para alentar una cooperación más amplia por parte de México en los esfuerzos antinarcóticos.

Funcionarios de la Casa Blanca habían argumentado a lo largo de la semana que cualquier imposición de condiciones específicas a México sólo resultaría en impedir que el presidente Ernesto Zedillo pudiera aceptarlas. ``En efecto, estábamos diciendo que si uno lo solicita específicamente dentro de la legislación, no lo obtendrá, porque Zedillo será forzado a rechazarlo públicamente'', afirmó un funcionario.

Al mismo tiempo, los senadores Feinstein, Coverdell y Jesse Helms insistieron que era muy importante rechazar el argumento de que México había ``progresado'' en sus esfuerzos antinarcóticos, y que era necesario señalar por lo menos algunos rubros generales donde necesitaba mejorar. Estos senadores amenazaron, unas horas antes de llegar al acuerdo final, que si la Casa Blanca no aceptaba una versión de su propuesta, presentarían una resolución que sólo proponía la plena descertificación del vecino país. Varios senadores que no favorecían una descertificación preferían no tener que votar en contra por temor a que se percibieran como ``suaves'' sobre el tema de la droga y México.

Pero con el Congreso a punto de suspender sus actividades el viernes para su receso de Pascuas, el tiempo se desvanecía. Cuando la Casa Blanca ofreció esta noche aceptar la resolución, pero sin la cláusula que permitía una revisión legislativa del informe presidencial, la mayoría de los senadores que participaban en la negociación aceptó inmediatamente. La senadora Feinstein, la más vociferante promotora de la descertificación, quedó algo aislada en su posición y fue forzada a reconsiderar si continuaría insistiendo con su versión más dura con un disminuido apoyo de sus colegas.