INDISCUTIBLE, EL COMPRADOR POTENCIAL

Matilde Pérez U. enviada / III y última, Palenque, Chis. 18 de marzo Ť Con su propuesta de fideicomisos, la Secretaría de la Reforma Agraria se ha convertido en una empresa de avalúo, afirman los coordinadores de Xi Nich, quienes advierten: ``Este es nuestro territorio, lo único que nos queda de todo lo que nos han arrebatado. Ya no hay más cerros a dónde subir para escondernos, por eso exigimos respeto''.

Víctor Guzmán, Sebastián González Cruz y Carlos César Aguilar están convencidos de que la firma de los acuerdos agrarios y la aceptación de fideicomisos para ubicar a campesinos solicitantes de tierras no soluciona el problema agrario. Sin una investigación seria y profunda del acaparamiento de tierras y sin decisión de repartirla, persistirán los conflictos, puntualizan.

``Este es nuestro territorio, lo único que nos queda de todo lo que
nos han arrebatado'', dicen los habitantes de Palenque, Chiapas.
Foto: Ernesto Ramírez

En 1994, en el marco del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas, y ante el compromiso de los gobiernos federal y estatal de solucionar los problemas agrarios que las organizaciones consideran prioritarios, Xi Nich presentó un listado de 53 casos de regularización de tenencia de la tierra, dotación, reacomodo y ampliación, con más de 40 años de existencia en los municipios de Palenque, Ocosingo, Playas de Catazajá, Tila y Salto de Agua.

En apariencia, el trato político había cambiado, pero el jurídico se endureció. ``Se repitieron añejos burocratismos y corrupciones en las indemnizaciones (pagos) a los propietarios privados y se propició la división de las organizaciones. Ante ello, Xi Nich acordó exigir que las soluciones fueran dentro del diálogo de San Andrés, en la instalación de la mesa agraria'', recuerda Ema Villalba, coordinadora de asuntos agrarios de la organización.

Hoy, la situación agraria en Chiapas se agrava por falta de soluciones reales. ¿Acaso la política agraria es para dividir, enfrentar, reprimir y que las comunidades renuncien a sus legítimos derechos?, se pregunta, y recuerda que en 1995 fueron desalojadas las familias que ocupaban los predios Patricio, La Libertad, Los Angeles, Unión Hidalgo, Tiutzol, en los municipios Playas de Catazajá, Sabanilla y Tila.

Un año después se actuó en contra de los habitantes de Emiliano Zapata, Nuevo Plan de Ayala y San Miguel, en Palenque. Ahora persiste la amenaza de desalojo contra San Lorenzo y ocho poblados --Nuevo Tila, Nuevo Tumbalá, Nuevo Progreso, Nuevo Jerusalén, Flor de Cacao, Lázaro Cárdenas II, Doctor Manuel Velasco Suárez II y San Jacinto Lacan Ha-- de la zona Desempeño.

Los acuerdos agrarios que fomenta la SRA para informar que en Chiapas ya concluyó el rezago agrario están hechos en términos jurídicos imprecisos y oscuros, indica. También advierte sobre la probabilidad de que a ejidos y comunidades ubicadas dentro del corredor turístico maya les resten superficies por causa de utilidad pública. La ley agraria establece en el artículo 93 que los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados ``para la creación y ampliación de áreas para el desarrollo turístico''.

``¡La puerta del mundo maya se abre!'', señala la publicidad de la Secretaría de Turismo, pero ¿qué pasará con esos mayas choles, tzotziles y tzeltales?, que, según la misma institución: ``donde quiera que vaya los encontrará, permita que le muestren su herencia''.

``Seguiremos con la lucha civil pacífica y legal, con el acompañamiento de la misión de jesuitas --asentada en la región desde 1958--, porque ya es una costumbre en las comunidades. Nosotros no somos un obstáculo ni peligro para el desarrollo de la región, también la queremos y por eso ofrecemos respeto a los vecinos no indígenas'', precisa Víctor Guzmán.

Pero, aclara, los primeros beneficiados por ese desarrollo turístico y agroindustrial, o de otro tipo, ``tenemos que ser los habitantes de estas tierras. No somos personas retrasadas, tenemos la misma capacidad e inteligencia de cualquier mexicano egresado de escuelas, a pesar de estar frente a una guerra que quiere acabarnos''.

Agrega que quienes se resisten a la reconciliación social son los ``grupos económicos poderosos y políticos que quieren seguir controlando, para su beneficio, la región y seguir explotando lo que dejaron nuestros antepasados (la zona arqueológica). Se están escudando en el gobierno y en las fuerzas policiacas para sostener ese poder. Ellos son los obstáculos para esa reconciliación''.

Hace 11 años, recuerda Sebastián González, se creó el Comité de Defensa de la Libertad Indígena (CDLI) para ``gritar que queríamos justicia''. A la falta de servicios básicos --agua, electricidad, centros de salud, viviendas, escuelas actas de nacimiento-- se sumaban los frecuentes atracos de la policía contra quienes iban a la cabecera municipal a comerciar. En 1991 --durante el gobierno de Patrocinio González Garrido--, luego del desalojo de los campesinos de Cuauhtémoc Cárdenas, el asesinato de Eugenio Aguilar y el brutal desalojo del plantón para demandar servicios para las comunidades, que llevó a iniciar la caminata de mil 50 kilómetros hacia la ciudad de México para exigir la liberación de 103 detenidos y respuesta a las demandas, se creó Xi Nich, integrada por la Unión de Comunidades Indígenas de la Selva de Chiapas (Ucisech), Tsoblej Yu'un Jwocoltic y las comunidades del CDLI.