La creciente tensión que prevalece en Chiapas, donde casi todos los días se registran muertos y heridos luego de confrontaciones violentas entre diferentes actores sociales, políticos y religiosos de la entidad, es un alarmante indicio de que ese estado se encuentra al borde de un estallido de dimensiones imprevisibles y consecuencias graves, tanto en el ámbito local como en el nacional.

Por un lado, permanece latente el peligro de un enfrentamiento entre el Ejército y las fuerzas zapatistas; por el otro, ocurren, con frecuencia cada vez mayor, hechos como los secuestros entre priístas y perredistas en Venustiano Carranza, las emboscadas contra dirigentes evangélicos, los conflictos agrarios en la zona norte de Chiapas, así como las acciones erráticas y violatorias de los derechos humanos, como la reciente detención injustificada de dos sacerdotes jesuitas y dos dirigentes campesinos.

Tomados en conjunto, estos elementos hablan de una descomposición social y política que ha llegado a un nivel crítico, sin que se encuentren a la vista vías claras para la solución pacífica y equitativa de las demandas ni, lo más preocupante, actitudes decididas de los actores involucrados en las negociaciones de paz para alcanzar acuerdos que eviten el riesgo de un estallido generalizado y permitan la reconstrucción del muy lastimado tejido político y social de la entidad.

Los abusos de poder del gobierno local, la represiva e injustificada incursión policial en El Bosque y los enfrentamientos entre comunidades, ocurren cuando el proceso de negociación se encuentra estancado ante la falta de iniciativas procedentes del gobierno federal y de la Cocopa. Se incrementan, así, las tensiones y los riesgos de una radicalización de los diferentes grupos en conflicto.

Ante esta situación incierta y explosiva, cabe preguntarse qué está en juego y qué se busca con la prolongación indeterminada del impasse chiapaneco.

Sería grave que con esta inacción algunos sectores del gobierno estuvieran apostando al desgaste del EZLN, toda vez que éste es el más serio y estructurado interlocutor con el que cuenta el gobierno para alcanzar una salida negociada. Si esa apuesta existiera, y si llegara a surtir efecto, en vez de restablecer el control de la situación, se perdería a un actor que ha mostrado una clara disposición al diálogo y se produciría un vacío que daría lugar a un panorama de enfrentamientos generalizados entre actores que escaparían a todo control: guardias blancas, gavillas campesinas o grupos armados atomizados y mucho más radicales --y menos interesados en la búsqueda de soluciones pacíficas-- que el EZLN. Un escenario semejante cerraría, por supuesto, cualquier perspectiva de atender las demandas de justicia de los pueblos indígenas y de mantener el Estado de derecho, e introduciría factores por demás riesgosos para la adecuada realización de las elecciones del 6 de julio.

La gravedad de la situación en Chiapas, que además se ha recrudecido en un momento de crisis en muchos ámbitos de la vida nacional y en la antesala del proceso electoral de julio próximo, vuelve urgente e indispensable la realización de acciones concretas que permitan destrabar las negociaciones entre el gobierno y el EZLN y evitar un estallido social que sería a todas luces desastroso para la estabilidad, la paz y el desarrollo económico y democrático del país.