Pedirán citar a CSG y a Bodenstedt en el juicio del caso Cárdenas-Córdoba

Rosa Icela Rodríguez Ť Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano negó que sus declaraciones le hayan causado algún daño moral a José Córdoba Montoya y aseguró que ``el supuesto daño se lo ocasionó él mismo por su servicio a Carlos Salinas y sus patrones sistemáticos de violación de la Constitución, indicativos de la actividades criminales de la mayor peligrosidad social''.

Al informar a la prensa nacional e internacional acerca de la respuesta a la demanda civil por daño moral 1664/96 B que interpuso Córdoba contra Ramón Sosamontes, Jesús Zambrano y él mismo, el líder perredista aseguró que ``atrás de la demanda está la mano de Salinas, que quiere continuar acosando al PRD y deja ver que el proyecto político democrático y el poder de Carlos Salinas siguen enfrentados.

En su primer día de campaña como aspirante a jefe de gobierno del DF estuvo acompañado del asesor jurídico de la presidencia Samuel I. del Villar, quien anunció que en el juicio citarán a declarar al ex presidente Salinas, a Córdoba y a Marcela Bodenstedt, además de otras personas que puedan aportar datos para evaluar la moral del francés naturalizado mexicano y sus responsabilidades en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Cárdenas demandó a las autoridades una investigación sobre las implicaciones de Córdoba y las pruebas presentadas, en torno a la difusión de su asociación con Marcela Bodenstedt y el narcotráfico; las declaraciones inculpatorias de Luis Colosio Fernández con el homicidio de su hijo; las publicaciones y opiniones de comentaristas; el probable encubrimiento de las responsabilidades y la fama pública del actor.

Respecto a que Córdoba perdió su trabajo como representante de México en el Banco Interamericano de Desarrollo, Samuel del Villar sostuvo que los datos aportados por el acusador son ``incompletos y engañosos'' y que tienen pruebas de que durante su desempeño como servidor público no se condujo con apego a la legalidad.

Aclaró que la demanda viola el artículo 61 constitucional --relativo al fuero--, ``toda vez que está plenamente comprobado que es una reconvención, una inquisición y un ataque judicial a la expresión de las opiniones --de Zambrano y Sosamontes-- como integrantes de la Legislatura del Congreso de la Unión''.

Aseguró: ``El vínculo entre el homicidio de Colosio y Córdoba no es resultado de nuestras opiniones sino de lo que él mismo considera en su demanda como `honor' de ser el servidor más intimo, más vinculado, más entrañable y más influyente en las decisiones criminales de Carlos Salinas, de la competencia coordinadora en el desempeño del Estado Mayor Presidencial y en los mandos del Centro de Información y Seguridad Nacional''.

Luego señaló que la afectación de su honra fue causada por su propia percepción corrompida de la ética en el servicio público, y por conducta ante la opinión pública, y no por las opiniones de los perredistas.

En la respuesta de la demanda, Del Villar incluyó 183 anexos documentales y 42 testimonios, que serán requeridos ``para apoyar la veracidad de la contestación''.

Al final demandó a la Procuraduría General de la República que investigue la demanda penal interpuesta el 4 de noviembre de 1996 contra José Córdoba, Carlos Salinas y otros funcionarios por diversos motivos de orden federal, entre ellos tráfico de estupefacientes y de influencias. Y aclaró que no contrademandan a Córdoba ``porque merece castigo por otros presuntos delitos, pero no por sus opiniones'' y ateniéndose a la libertad de expresión.