Acuden investigadores de la CNDH
Triunfo Elizalde y Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió ayer a Oaxaca a tres visitadores para que certifiquen cuál es la situación en la penitenciería de Santa María Ixcotel, donde murieron siete internos y 60 más resultaron heridos a raíz de un motín.
La acción obedece al seguimiento de la recomendación 108/96, que el 13 de noviembre de 1996 dirigiera la CNDH al gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, solicitándole corregir anomalías en el citado penal, mismas que venían siendo denunciadas desde años atrás, tales como sobrepoblación, existencia ilegal de un cogobierno entre autoridades carcelarias y reos, tráfico de drogas y venta de protección, entre otras.
Ya desde el 26 de agosto de 1993, la CNDH había advertido al mandatario estatal en la recomendación 171/93, de la situación de peligrosidad en que vivían los cerca de mil internos en dicho penal, conocido entonces como Penitenciaría Central de Oaxaca, debido a que no había gobernabilidad por la existencia de un cogobierno ilegal, a través del cual se generaba un clima de amenazas, extorsiones, venta de espacios y derecho a visitas familiares, tráfico de drogas y pésima calidad de vida por la falta de servicios elementales.
Fernando Coronado Franco, Luis González Plascencia y Sergio Rivera Cruz, son los tres visitadores adjuntos de la CNDH que desde ayer se encuentran en Oaxaca, para entrevistarse con el secretario de Gobierno, con el director de Prevención Social y con funcionarios del penal. Para su trabajo, se coordinarán con la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca.
La misión de este grupo de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional, es checar hasta dónde el gobierno de Carrasco Altamirano ha cumplido la recomendación 108/96.
Por otra parte, en un documento interno la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió también a finales del año pasado de los problemas sociales y de violencia que podrían suscitarse en los penales de la entidad, de acuerdo con un recuento de las condiciones de infraestructura, falta de personal, atención médica y sobrepoblación en el penal de Santa María Ixcotel.
El estudio fechado en diciembre de 1996, denominado Los derechos humanos y el sistema penitenciario en el estado de Oaxaca, expone en diez puntos la problemática particular de cada uno de los reclusorios regionales. La CEDH indica en el documento: ``La mayoría de los penales oaxaqueños no fueron construidos ex profeso para servir como centros penitenciarios; 21 cárceles, que representan el 75 por ciento, funcionan en edificios viejos o mal construidos, ubicados generalmente en áreas anexas a los palacios municipales y no cuentan con la infraestructura acorde con los lineamientos técnicos que en materia penitenciaria se requiere. Solamente seis reclusorios fueron construidos conforme a esos lineamientos y el resto han sido adaptados. Asimismo, en 21 reclusorios (78 por ciento) no se observa la separación que por mandato constitucional debe existir entre procesados y sentenciados.
Empero éstos no son problemas exclusivos de Oaxaca, pues según la CNDH, de 134 recomendaciones emitidas entre septiembre de 1991 y marzo de 1993, el 72 por ciento (97), se refirieron a instalaciones inadecuadas o en mal estado.