Existen prisiones clandestinas de las fuerzas armadas en varios estados

Triunfo Elizalde Ť La existencia de ``prisiones subterráneas clandestinas'', localizadas ``en cuarteles del Ejército Mexicano, en bases navales de la Armada de México y en zonas militares'' del país, ``sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas'', fueron denunciadas ayer en conferencia de prensa por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH-FFV), a través de Jorge Bautista Martínez.

Se aseguró que en los últimos nueve años --seis del régimen de Carlos Salinas y tres de Ernesto Zedillo-- se han documentado 520 desapariciones forzosas de indígenas, campesinos, líderes gremiales, luchadores sociales y oponentes al gobierno en diversos estados de la República Mexicana.

Respecto del Campo Militar Número Uno, Baustista Martínez, secundado por Rosario Ibarra de Piedra, lanzó a los candidatos a la gubernatura del Distrito Federal, ``sin importar partido, tendencia o ideología: si contemplan dentro de su campaña política visitar ese cuartel militar, para comprobar la existencia de prisiones subterráneas clandestinas, donde se tortura por sistema a los civiles que son aprehendidos por las fuezas armadas y que, luego, para que no haya denuncias, los desaparecen''.

Dejó en claro que su organización, Eureka!, tiene documentados 482 casos de desapariciones forzadas, que junto con la información recabada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que asegura que en 1995 fueron secuestrados y desaparecidos nueve personas, y en 1996, 39, suman un total de 520 las víctimas de ese delito de lesa humanidad, ``como lo señala la propia Organización de Naciones Unidas (ONU)''.

Ambos luchadores sociales plantearon: ``Si quien gane las elecciones de julio --preguntó Bautista Martínez-- tiene contemplado, dentro de su programa de trabajo, terminar con ese campo militar, o qué va a hacer para que allí se respeten los derechos humanos y no se concentre a desaparecidos y detenidos ilegalmente que son torturados y eliminados''.

Dijo Rosario Ibarra: ``¿Qué van a hacer para que ya no se den los espectáculos dolorosos de búsqueda de familiares ante la puerta número ocho, que es por la que hay que buscarlos cuando se tiene noticias o sospechas de que los tiene en su poder el Ejército?''.

Ibarra invitó a no ver a los infantes de marina como ``blancas palomas'', ya que el color sólo se refiere a sus uniformes y no a sus acciones, y agregó que ``en las bases navales se concentran también, de manera ilegal, a secuestrados y desaparecidos por las fuerza militares, sólo para torturarlos y mantenerlos escondidos mientras les van arrancando confesiones que sólo involucran a otras personas que el gobierno tiene interés en perjudicar''.

También invitó a los mexicanos a dejar de ser ``muy machos'' y, por lo mismo, resignarse a que un día todos vamos a ser torturados y tenemos que aguantar al máximo. ``No --dijo--, lo importante es rechazar la tortura. Luchar porque ese delito de lesa humanidad sea erradicado''.

Durante la conferencia de prensa, encabezada por Jorge Rafael Díaz, presidente del CDH-FFV, se afirmó que los agentes gubernamentales, ``sean uniformados o no, conducen secretamente a sus víctimas a sitios de reclusión de los que no se tiene registro oficial. Los libros de gobierno, en el caso de que los haya, no son reportados a la autoridad judicial competente, y ninguna de las instancias de gobierno se responsabiliza por su vida, la integridad y la seguridad de la persona''.

Luego de decirse que la tortura sigue siendo el único método utilizado por las corporaciones policiacas y militares para conocer la culpabilidad o no del detenido, se dijo que, por lo general, las víctimas son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ``mediante prácticas de tortura que tienen por objeto obtener información acerca de la propia víctima, de sus familiares y conocidos, para actuar también en contra de ellos'', se indicó.

Según la citada ONG, ``en la mayoría de los casos las víctimas de detención y desaparición son ejecutadas por sus captores con objeto de mantener el secreto de su identidad como de preservar la clandestinidad de las estructuras represivas a que se ha recurrido para llevar a cabo los interrogatorios... En algunas ocasiones el cuerpo de la víctima es arrojado a lugares públicos con la intención de infundir temor a la población, intentando disuadirla de participar en actividades que cuestionen al régimen''.

La desaparición forzada, se dijo, no es un fenómeno nuevo en México. Se utilizó frecuentemente tras la masacre de 1968 ``y de manera sistemática para desactivar a los grupos guerrilleros en la década de los 70. Fue entonces cuando se afirmó que mientras en los dos sexenios anteriores se había observado un ``decremento'' en las desapariciones, actualmente éstas se han incrementado, sobre todo en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Sinaloa, ``coincidiendo en los primeros dos con las labores de investigación y persecución de integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR)''.