Defensores de derechos civiles de ese país piden suspender la asistencia militar a México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 18 de marzo Ť Un grupo de líderes religiosos, activistas de derechos humanos y un dirigente indígena estadunidenses se reunieron con altos funcionarios en la Casa Blanca y el Departamento de Estado para expresar sus preocupaciones sobre la actual situación en Chiapas y solicitar que Estados Unidos suspenda su asistencia militar a México.

Las reuniones coinciden con una serie de audiencias legislativas esta semana, durante las cuales se espera que se presenten interrogantes sobre el monitoreo del ``uso final'' de los helicópteros y otro equipo antinarcóticos otorgado a México y Colombia por Estados Unidos, indicaron fuentes congresionales. Estos encuentros también se realizan cuando el Senado está considerando su posición sobre la certificación de México.

``Instamos al gobierno de Estados Unidos a que conduzca un examen pleno del tipo de asistencia militar que se destina a esa parte del mundo'', explicó Milo Yellowhair, vicepresidente de la Nación Oglala Lakota, indios estadunidenses. En entrevista con La Jornada, Yellowhair dijo que, a nombre de 455 grupos indígenas de América del Norte, ofrecía la solidaridad a los de México.

Otro miembro de la delegación, el obispo católico Thomas Gumbleton, de Detroit, indicó que Estados Unidos es el principal proveedor de armas a México. ``Ostensiblemente éstas son para la guerra contra la droga, pero nosotros creemos que se utilizan contra el pueblo mexicano'', declaró. La delegación se reunirá con el director para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad, James Dobbins, con el director de asuntos mexicanos en el Departamento de Estado, John Leonard, y en las próximas semanas con el coordinador de derechos humanos del Departamento de Estado y con funcionarios de la oficina del zar antinarcóticos, Barry McCaffrey.

La delegación, añadió Gumbleton, solicitaba asimismo que se suspenda el envío de los 53 helicópteros restantes prometidos al Ejército Mexicano como parte de un paquete de asistencia antinarcóticos.

El reverendo Lucius Walker, de Pastores por la Paz, añadió que su organización considera que Estados Unidos está ``directamente involucrado'' en actividades encubiertas para desestabilizar a México, y también se refirió a planes de contingencia del Pentágono que plantean operaciones militares estadunidenses ``abiertas'' en ese país.

Cuando varios periodistas pidieron a Walker y otros miembros de la delegación evidencias, ofrecieron un documento de 41 páginas con reportajes periodísticos mexicanos y estadunidenses, pero no presentaron otras pruebas.

Cuando un periodista señaló que el Departamento de Estado ha reiterado que tiene procedimientos de monitoreo del ``uso final'' de todo este equipo, Walker afirmó que no son adecuados porque dependen principalmente de los informes del gobierno mexicano. ``Eso es como permitir que un zorro presente un informe sobre cómo está vigilando los pollos'', ironizó.

Esta semana, varios legisladores preparan una serie de preguntas sobre la asistencia militar estadunidense a esfuerzos antinarco en América Latina, en el contexto del debate anual sobre el presupuesto para estos programas. La Jornada se ha enterado de que miembros del Comité de Apropiaciones del Senado han redactado una serie de interrogantes sobre el traslado de helicópteros estadunidenses a México y Colombia. Algunos desean promover más asistencia a Colombia, pero varios demócratas y republicanos han cuestionado la efectividad del monitoreo del equipo enviado a México. ``Se va a dar un debate sobre esto'', afirmó un asesor, pero advirtió que las acusaciones generales presentadas hoy por la delegación que se entrevistó con funcionarios gubernamentales podrían no ser la forma más efectiva para generar este debate.

De hecho, el Departamento de Estado ha ordenado a sus embajadas intensificar el monitoreo del equipo suministrado a varios países, para asegurarse de que las agrupaciones no estén asociadas con abusos a los derechos. Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones humanitarias han pedido al gobierno de Estados Unidos asegurarse de que este equipo no sea utilizado en acciones que violen las garantías ciudadanas.