No han variado la impunidad y discriminación racial en el estado, responden expertos del organismo

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 17 de marzo Ť Los indígenas y su problema de la tierra, la impartición de justicia, el rezago social y, principalmente, el conflicto en Chiapas, siguen siendo los temas de preocupación del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), que hoy comenzó a analizar el informe, actualizado, de México.

El sucinto documento, presentado por el embajador Miguel Angel González Félix, consultor jurídico de la SRE, fue alabado por su ``lenguaje altamente diplomático'', pero fue considerado ``insuficiente'' para responder a las peticiones del CEDR en su recomendación de agosto de 1995, luego del análisis del informe precedente.

El CEDR inició esta tarde el debate sobre la política del gobierno mexicano respecto a la que constituye la más grande población indígena en un país, y justo después de la presentación gubernamental del documento como de la ponencia del relator especial para México, el francés Regis de Gouttes, la discusión se centró en el tema del proceso de violencia y pacificación en Chiapas.

De Gouttes se refirió a la impunidad con la que actúan, entre otros, los grupos Paz y Justicia y Los Chinchulines, y afirmó que tal situación no será permitida, como tampoco el comité pasará por alto que las modificaciones al artículo 27 constitucional arriesgan el inalienable derecho indígena a la propiedad colectiva de la tierra. Y al preguntar ``¿cuál es exactamente la respuesta del gobierno a la demanda de tierra del EZLN?'', indicó que lo ``evidente'' es que existe una falta de voluntad para hacerle frente, mientras que la intimidación de los grandes propietarios contra los indígenas va en aumento. ``Más aún, datos existen -dijo- de que el TLC ha afectado singularmente el acceso al empleo y el poder de compra de los indígenas mexicanos.''

Incredulidad de expertos

El sentimiento de la docena de expertos que tomó la palabra fue un tanto de sarcasmo y de incredulidad. ``¿Cómo es posible que no haya quejas indígenas sobre el conflicto en Chiapas; que se hable de indígenas sin saber quiénes son, dónde están, qué hacen, tienen empleo, seguridad, educación, cuál es su nivel exacto de pobreza?'', alegó Rudiger Wolfrum.

El informe actualizado -de mayo de 1995 a mayo del 96- ``no responde a nuestras recomendaciones'', dijo enfático uno de los expertos, y reclamó que México no respeta sus compromisos: ``en agosto de 1995 acordó informar regularmente sobre la justicia a indígenas, y no lo ha hecho''.

Sobre Chiapas, encontró contradicciones entre el informe y la realidad: ``En el primero se habla de una normalidad en el estado, pero los hechos indican que el diálogo de paz está suspendido; el gobierno no respeto los acuerdos de San Andrés, e ignora el convenio 169 de la OIT, referente a la protección del trabajador indígena; la Cocopa ha sido debilitada, y los grupos paramilitares, como Paz y Justicia y Los Chinchulines siguen reprimiendo a indígenas bajo el amparo de las autoridades''.

A pesar de lo dicho por el gobierno, ``la situación en Chiapas es potencialmente explosiva'', como lo ha estado desde el inicio del conflicto y, por lo tanto, seguirá siendo preocupación del comité, adujo.

Otro de los expertos insistió en la postura de sus colegas: ``en México sigue la discriminación racial; hay medidas alentadoras, pero falta aplicarlas; y persiste la resistencia a legislar en materia indígena, lo cual es una obligación que asumió al ratificar la Convención de la ONU.