Luis Hernández Navarro
Dilemas de la Cocopa

La Cocopa atraviesa por la peor crisis de su historia. En diciembre pasado la Secretaría de Gobernación rompió el compromiso que había establecido con ella, y la acusó con el Presidente de la República de ser parcial. Días después, el jefe del Ejecutivo presentó una propuesta de reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígenas, radicalmente distinta a la iniciativa de la comisión legislativa.

La ofensiva gubernamental metió a los legisladores en un impase de dos meses, del que pretendió salir elaborando una posición sin coherencia interna. De manera simultánea y contradictoria sostuvo su iniciativa original; señaló que algunas voces autorizadas opinaban que era perfectible, y omitió que otras plantearon que el problema con ella no era si podía o no mejorarse, sino que no había voluntad del gobierno para cumplir los acuerdos de San Andrés, e indicó que había que buscar otras opciones para reanudar el diálogo entre el EZLN y el gobierno. Como era obvio, el EZLN desautorizó la opinión de los legisladores.

La crisis coloca a la Cocopa ante dilemas de difícil solución. ¿Debe reducir su papel ante el conflicto y ser un mero facilitador de la relación entre las partes o debe generar iniciativas autónomas que ayuden a su solución? ¿Debe dejarse llevar por la coyuntura electoral o mantenerse al margen de ella?

La Cocopa construyó entre mayo y diciembre del año pasado una ruta alterna a San Andrés para construir la paz en el corto plazo. Su iniciativa, que en lo esencial consistió en comprometerse a promover la aprobación de las reformas constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígena, facilitar la firma de la paz y el retiro de la declaración de guerra y la continuación de la negociación del resto de la agenda, reventó con las objeciones presidenciales a la propuesta de la comisión legislativa.

Para construir esta iniciativa tuvo que rebasar las labores enmarcadas sólo en la coadyuvancia y moverse con autonomía de las partes. Ante las adversidades se comportó como un poder independiente. Supo utilizar con habilidad las contradicciones entre la comisión Bernal-Del Valle y el secretario de Gobernación. La autoridad política de algunos de sus integrantes y la relación de otros con el presidente Zedillo favorecieron la tarea.

Sin embargo el panorama cambió radicalmente a partir del veto presidencial a la propuesta de la Cocopa. La comisión se paralizó. Las infidencias de algunos de sus integrantes sobre el comportamiento del secretario de Gobernación erosionaron la relación con éste. La ofensiva gubernamental en contra de la ley indígena fue enfrentada sólo por integrantes individuales de la comisión pero no por ella. La Cocopa trató de resolver en corto, desde la ciudad de México y desde arriba lo que debió solucionar públicamente, desde Chiapas y apoyándose en la sociedad civil. La comisión no exigió al gobierno que retirara su propuesta ni dijo una sola palabra sobre la intensificación de las operaciones militares en la zona de influencia zapatista.

Y cuando, finalmente tomó posición sobre el conflicto, lo hizo de manera contradictoria, abriendo la puerta para deshacerse de su compromiso con el EZLN, cuando la coyuntura electoral había consumido los tiempos para generar un espacio de maniobra.

Los dilemas de la Cocopa sólo pueden resolverse con utilidad para el proceso de paz si ésta sigue un camino: ser fiel a sus compromisos, independiente del Poder Ejecutivo y ajena a los intereses electorales. Para ello debe sostener su documento, exigir al gobierno que retire el suyo y no abrir la puerta a opciones que la llevan a perder su principal capital: la credibilidad y la confianza.