``Falta de conocimiento jurídico'', probable causa del rechazo del EZLN a la contrapropuesta oficial, informa el gobierno a la ONU

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 17 de marzo Ť El informe de México al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) se centró en los temas de derechos humanos e impartición de justicia, labor educativa, el proceso de pacificación en Chiapas, flujos migratorios en la frontera sur y labor en materia de protección de mexicanos en el extranjero, especialmente en la frontera norte.

El informe y la sustentación de éste fueron presentados por Miguel Angel González Félix, consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores; Morelos Canseco Gómez, director adjunto de Gobierno en Gobernación, y Alicia Pérez Duarte, consejera de la misión de México en Ginebra.

En la sustentación se habla de la ``nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas'', basada en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de la identidad india como componente de la nacionalidad; garantizando su inclusión y promoviendo el diálogo para su desarrollo.

Respecto a la situación en Chiapas, se apunta que el gobierno mantiene la voluntad de alcanzar la paz mediante la negociación y que la suspensión actual del diálogo es considerada ``temporal''.

Se indica, además, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha suspendido unilateralmente el diálogo en ocho ocasiones, como ``un recurso para llamar la atención sobre sus planteamientos y demandas''. Se afirma que aquél no ha sido reanudado pese a que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo ``ha concedido las cinco condiciones adicionales'' para hacerlo.

Se refiere, asimismo, a que el EZLN rechazó el 11 de enero de 1997 las observaciones gubernamentales presentadas por la Cocopa para la redacción de la Ley sobre Derechos Indígenas, hechas con el afán de ``precisar elementos de técnica jurídica y evitar que la reforma sea anticonstitucional''. ``El gobierno -se añade- no desconoce los acuerdos ni intenta renegociarlos, aunque creemos que la negativa del EZLN (...) quizá obedece a su desconocimiento de la técnica jurídica legislativa, y es la razón por la cual se ha postergado el cumplimiento de los acuerdos, y no, como se pretende creer, por una posición intransigente del gobierno federal''.

En el informe, el gobierno señala que nunca ha aislado las poblaciones de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, ni impedido el abasto de alimentos y medicinas: ``no ha pretendido ni pretende eliminar a las poblaciones indígenas'' de los siete municipios en conflicto, ni de Chiapas ni del resto del país.

Por otra parte, respecto a denuncias sobre actos de intimidación a extranjeros en Chiapas, informa que el control migratorio se hizo para vigilar su legalidad, y que a los turistas se les conminó a abandonar la zona, para su propia seguridad. En Chiapas, dice, se mantiene el total y absoluto respeto a las garantías individuales.

Finalmente, se presenta abundante material respecto a la situación migratoria en las fronteras sur y norte de México. Este tema, consideraron unánimemente los expertos de la ONU, no entra en el mandato de la CEDR; pero señalaron que es válido que el informe incluya la problemática migratoria de centroamericanos hacia México como información.

Por lo que toca a la situación de discriminación de mexicanos en Estados Unidos, se preguntaron, ``¿se trata de una queja contra Estados Unidos?'' Si fuera así, habría que plantearla en las instancias respectivas y no en la CEDR, dijeron los expertos, quienes tomaron nota del alegato para hacer uso de la información cuando toque analizar el informe de Estados Unidos.