Tormenta política en España por la tortura de presunto etarra
Braulio Peralta, corresponsal, Madrid, 17 de marzo Ť La duda en torno a la violación de los derechos humanos en España se cierne sobre el gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, que aceptó hoy la dimisión del gobernador de Guipúzcoa, Angel Goya, y el cese del comisario provincial, Emilio Monge, por la ``asunción de responsabilidades políticas'' en el caso de Fernando Elejalde.
Relevante noticia de los últimos días, la ejecución del sicólogo de la prisión de Martutene, Francisco Javier Gómez, el pasado día 11, atribuido a la organización separatista vasca ETA.
Su ejecutor, el presunto etarra Fernando Elejalde, capturado poco después, estuvo desde el pasado jueves internado en un hospital recobrandose de perforación del tímpano derecho, lesiones en la cara, fracturas de apófisis trasversas izquierdas de las cuatro primeras vértebras lumbares y contusiones múltiples en brazos, tronco y piernas.
Apenas hoy, el juez Javier Gómez de Liaño dictó acto de formal prisión, en Carabanchel, a donde ingresó esta mañana. No obstante, deberá ``seguir en cama''.
La duda: ¿fue o no maltratado y torturado por la policía española? El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo hoy ante el Congreso de los Diputados: ``No se le maltrató. Los partes médicos coinciden con sus análisis clínicos''. Las lesiones de Elejalde son consecuencia de ``la fuerza necesaria que tuvieron que emplear los dos funcionarios que le detuvieron, debido a la violenta resistencia que opuso al ser capturado''. Elejalde, asegura Mayor Oreja, reconoce que ``chocó con un coche blanco''.
No creen la versión: Izquierda Unida (IU), Eusko Alkartasuna (EA) ni el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En cambio, coinciden con la tesis del Ministerio del Interior: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Por su parte, Herri Batasuna ha declarado que denunciará en foros internacionales la ``reiteración en España de las torturas''. El diario Egin publicaba hoy a primera página: ``HB reclama en Europa aislar al gobierno español''.
José Juan González de Txábarri, del PNV, respondió a Mayor Oreja en el congreso: ``No hay en España un estricto cumplimiento de los derechos humanos. Y lamentamos que el Parlamento vasco viva la soledad parlamentaria ante situaciones como ésta que nos ocupa. Las mayorías parlamentarias prefieren mirar a otro lado''.
Mayor Oreja hizo un largo relato de los hechos. Argumentó que el ``uso de la fuerza contra el etarra'' fue ``perfectamente legítimo en defensa de la policía''. Fue hasta el 13 de marzo, dice el Ministro del Interior, que Elejalde ``se quejó de intensos dolores. Se le trasladó para reconocimiento y en aproximadamente una hora y media se le empezó a atender médicamente''.
En el debate parlamentario, que duró casi tres horas, insistió en que España vive ``20 años de democracia, con un cuerpo de policía que todos los días se juega sus propias vidas en lucha contra el terrorismo. No debemos, de ninguna manera, empeñar nuestra democracia y ser más exigentes en sus comportamientos. La policía debe contar con el apoyo de la sociedad, el gobierno, todos los que quieren erradicar esta plaga que es el terrorismo''.
Aún así, tanto el PNV como IU y EA exigieron mayor rigor en la investigación y el esclarecimiento total de las razones por los golpes y contusiones a Elejalde. Porque, dijeron, ``se habla de un choque de un vehículo en marcha: hay que dar testigos''. Hubo declaraciones al principio de la detención de Elejalde de que no existió forcejeó ``y ahora se altera esa versión. Será necesario abrir un expediente administrativo a la actuación médico forense, que aceptó la prórroga de las averiguaciones del etarra''. Se debe tener más cuidado, dijeron finalmente, ``de desorientar a la opinión pública, dando a conocer lo que le conviene a su juicio''.
Con todas las molestias por parte del PP y del PSOE, las voces del PNV, EA e IU se hicieron oír. Como dijo Cristina Almeida, de IU, al final del debate: ``Más allá del terrorismo, también es necesario buscar la defensa de los derechos humanos. Es obligación de la democracia y no debemos ocultar los errores que podamos cometer''.