Adelfo Regino Montes
La lucha por la tierra

A Xjel y otros hermanos que somos nosotros, seres integrales y no criminales como dice el poder

En nuestras comunidades la ofensiva contra los auténticos intereses indígenas nos coloca en un escenario de incertidumbre en lo que hasta hoy es un mito: el ``Estado de derecho''. En Xi Nich se reflejan nuestros hermanos de Jaltepec de Candayoc Mixe; su historia de lucha por la tierra es larga.

A principios de siglo, Jaltepec poseía 62 mil hectáreas de las cuales hoy sólo quedan a la comunidad 14 mil 861; el resto está en manos de comunidades reubicadas, la Secretaría de la Reforma Agraria, terratenientes, ganaderos e invasores. Este es el caso de la invasión a terrenos comunales de Jaltepec que hizo Ubaldo Padilla Barragán por 100 hectáreas.

``Desde hace más de diez años --dicen autoridades comunales--hemos venido luchando en forma legal para recuperar nuestras tierras, pero la `justicia' no nos ha favorecido; nuestras autoridades comunales y municipales han tenido que pisar la cárcel, porque dicen que nosotros somos los invasores y los violentos''. El absurdo pensar de los operadores humanos de la justicia dice: ``son invasores quienes siempre vivieron en esas tierras''; ``atentan contra la paz aquéllos que con una microcomputadora en su morral sugieren ideas y cambios reales''.

Como extranjeros en su tierra fueron tratados Don Elías, Román, Marciano, Gregorio y Austreberto, en la madrugada de 1989 cuando semidesnudos se los llevaron a las cárceles de Tuxtepec y a Tehuantepec, donde los torturaron e incomunicaron. Su delito fue exigir sus tierras comunales. Aquella madrugada se convertiría en parte de la vida cotidiana de la comunidad, agudizándose en diciembre pasado con las aprehensiones del ex presidente del Consejo de Vigilancia, Conrado Cosme Ramírez, y de cuatro comuneros, acusados por el cacique Ubaldo Padilla de robo y daño en propiedad ajena; esto aparejado a una historia de corrupción que involucra autoridades ministeriales y de Justicia del Bajo Mixe.

Las acusaciones del 22 de enero de 1996 se fundan en pruebas fabricadas para afectar a la comunidad. Se les acusa de destruir una cerca y de robar una puerta y alambres de púas. Sin embargo, ese día los comuneros habían realizado un tequio, de tal modo que nadie pudo haber estado en el lugar donde supuestamente se cometieron los delitos. A pesar de esto, el juez Segundo de Distrito en Oaxaca, Tomás Quiroz Robles, sostiene al emitir su juicio con respecto al amparo que solicitaron los comuneros, que formar ``grupos de trabajo (se refiere a la comunidad)... implica que los integrantes de dicho tequio se separaron para efectuar cada quien su labor''. El propio juez considera que una de las actividades que realizaron los acusados fue ir a dicho lugar (al terreno en litigio) y cometer el ilícito. El ``brillante juez'' remata su reflexión diciendo: ``Por tanto, si dos de los quejosos (los comuneros acusados) en su calidad de representantes de la comunidad, demandaron al pasivo la restitución del terreno en donde acontecieron los hechos, y a la fecha no se les ha dado posesión de ese inmueble, es factible objetivamente que los impetrantes de garantías desarrollaron su conducta para obtener, por propio derecho, lo que solicitaron por la vía legal''.

Lo anterior muestra el descaro jurídico-institucional al que recurren para fundar sus argumentos; ellos mismos ponen en duda la eficacia de sus labores de supuesta justicia al dar a entender que la gente ya no confía en sus procedimientos y juicios, razón por la cual se recurre al ejercicio del derecho en manos propias.

¿Por qué tanta persecución y dolor en estos días y en estas tierras? Jaltepec demanda la restitución de 100 hectáreas de terrenos comunales. Al Tribunal Superior Agrario no parece importarle que se queden sin tierra y alimentación 30 familias mixes, pero sí privilegia a un solo individuo.

Considerar a Jaltepec como no propietaria de las tierras que ancestralmente ha ocupado es un absurdo jurídico y moral que alargaría el calvario de injusticia.

En este contexto es impostergable la restitución de tierras; sólo así evitaremos problemas penales, como esas órdenes de aprehensión en contra de comuneros y autoridades comunitarias. Sólo así evitaremos que se siga importando una justicia ciega a los verdaderos intereses de la gente que labora y vive en esas tierras. Xjel kyaj mijts mnaatyu'uke.