La Jornada 17 de marzo de 1997

MONTES AZULES, CHIAPAS: 3 AÑOS DE VIDA SI PERSISTE LA DEFORESTACION

Angélica Enciso, enviada/I, Montes Azules, Chis. Ť En plena reserva de la biosfera Montes Azules y donde, si continúa la actual depredación, en tres años desaparecería este último reducto de bosque tropical del país, se acerca don Jacinto, quien ofrece en diez pesos cada uno de los cuatro colmillos de un tapir.

--¿Qué hicieron con el animal?-- se le pregunta.

--Comida-- responde.

El tapir es, junto con el tlacuache, el oso hormiguero, el tucán real, el tlacuachillo acuático, el grisón, el mono araña, el mono aullador, el cocodrilo de pantano, el águila arpía y los loros cabeza de azul y blanca, una de las especies de fauna que están en peligro de desaparecer.

En la base militar de San Quintín, municipio de Ocosingo, en los límites de la reserva, este indígena tzotzil, quien desconoce que está prohibida la caza de esa especie, ofrece su ``mercancía'' y dice tener como posibles clientes a los cerca de 800 elementos de los batallones de Infantería 25 y 32 que ahí se ubican. Aquí, según comenta uno de los soldados, algunos de sus compañeros han comprado monos en 400 pesos y también loros de cabeza azul.

La afectación de la diversidad de especies se suma a su deforestación, ya que México dispone hoy de tan sólo 10 por ciento de lo que fue su selva tropical lluviosa y la mitad de ella corresponde a la selva Lacandona, sobre todo a Montes Azules. Sin embargo, si continúa su actual tendencia de devastación, se prevé que en tres años desaparecerá este último reducto de bosque tropical.

En la región está representado 28.4 por ciento del total de mamíferos del país, 31 por ciento de las aves, 11.7 por ciento de los reptiles y 8.8 por ciento de los anfibios.

En la protección del área, ``la política oficial ha sido poco clara y contradictoria'', según admite el mismo gobierno a través de un borrador del programa de trabajo de la reserva, a cargo del Instituto Nacional de Ecología (INE).

Objeto de múltiples proyectos de trabajo por parte de los gobiernos federal y estatal, ninguno ha logrado consolidarse, además de que existen grandes conflictos por la tenencia de la tierra que se contraponen con los objetivos de preservación.

Si acaso hay algunos trabajos aislados de organizaciones no gubernamentales y de la misma dirección de la reserva, cuyos resultados aún no se concretan.

Montes Azules, con una extensión de 331 mil 200 hectáreas, fue decretada como reserva de la biosfera el 12 de febrero de 1978. Ese mismo año también se emitieron decretos de dotación para 26 ejidos de la subregión de Las Cañadas, que también afectan a la comunidad lacandona y la reserva.

Durante varios años más, el gobierno continuó con el reparto de tierra y aún hay gente en espera de ella. La región, de gran diversidad cultural, tiene habitantes tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y lacandones, además de inmigrantes de entidades del centro del país y de Centroamérica.

Esta reserva es una de las diez áreas naturales protegidas de México que cuenta con recursos del programa Global Enviromental Facility (GEF) del Banco Mundial, que para el otorgamiento de esos dineros pone como condicionante que las reservas cuenten con un programa de manejo y con personal trabajando permanentemente en las zonas. Sin embargo, esta reserva aún no cumple con todos esos requisitos.

Beneficios del primero de enero de 1994

En la comunidad de Zapata, ubicada dentro de los límites de la reserva, junto a San Quintín, donde se encuentra una de las más grandes bases del Ejército en la entidad, la gente se resiste a admitir que está dentro de una reserva ecológica; sin embargo, se han organizado para guiar a los turistas hasta la azulverde laguna de Miramar, sitio donde residieron los primeros lacandones.

Aquí, la única presencia institucional que se tiene desde hace tres años es la del Ejército, mientras que la organización Conservación Internacional ha comenzado a realizar trabajos agroforestales con los ejidatarios.

La organización tenía proyectado efectuar programas de educación ambiental, pero esta comunidad, con luz eléctrica desde hace unas semanas, rechazó que les presentaran videos. ``Les pueden cambiar la forma de pensar a los niños'', argumentó el comisariado ejidal Guillermo López Pérez. Sin embargo, los primeros televisores ya habían comenzado a llegar.

Actualmente, las tierras de propiedad ejidal-comunal representan 17 por ciento de la reserva, mientras que los terrenos de propiedad indefinida ocupan 25 por ciento y la mayor parte son predios ocupados desde hace tres o cuatro décadas.

En el caso de Zapata, Manuel Gómez relata que el ejido se estableció en 1968, cuando cuatro familias provenientes de Sabanilla, ejido que hace frontera con Tabasco, buscaban un sitio para establecerse.

Esta zona, rica en caobas y cedros, comenzó a ser talada desde 1880 y era propiedad de los hermanos Bulnes, quienes se ubicaron a las orillas del río Jataté y Chocoljá, por los cuales transportaban los cargamentos de madera para llevarlos a su destino final, en el mercado de los muelles de Londres, Liverpool y Nueva York, según relata el historiador Jan de Vos.

A partir de entonces y hasta la primera mitad de este siglo, la selva Lacandona fue objeto de un ``saqueo parcial de la riqueza forestal, pero no fue destrucción del bosque'', según indica De Vos en el texto Una selva herida de muerte, historia reciente de la selva Lacandona. Considera que ``esta apreciación ya no vale para la historia más reciente, de 1949 a la fecha. En los últimos años, la selva sufrió una devastación tan descomunal y tan acelerada, que se puede afirmar que, al llegar al año 2000, ya no habrá bosque tropical en Chiapas, si continúa el actual ritmo de desmonte''.

Zapata, al igual que muchos ejidos de la selva se encontraba prácticamente incomunicado hasta hace tres años, ya que después del conflicto zapatista el gobierno inició la construcción de la carretera a Ocosingo y se les dotó del servicio de agua potable.

``A partir de que empezó el conflicto es que el gobierno se preocupó. Esto que tenemos, señala a su alrededor Guillermo López, joven indígena tzotzil, es fruto de ese primero de enero''.

También ha comenzado un programa de vivienda con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), mediante el que, por cada mil pesos que aporta el propietario, la dependencia aporta otros mil para la construcción de espacios de seis por seis metros.

La fuente de ingresos de este ejido es básicamente la producción de café, pero para otros más también los es la caza y la venta de especies. Las actividades agropecuarias ocupan en este momento 20 por ciento de la superficie de la reserva, mientras que el resto conserva la cubierta vegetal primaria.

La dotación de terrenos a los lacandones lo relata Jan de Vos: ``Uno no puede evitar la impresión de que la política oficial, con respecto a la selva Lacandona, ha sido muchas veces poco definida y a veces francamente contradictoria. El ejemplo más trágico de esa falta de coherencia es el decreto de 1972 que proclamó a 66 lacandones jefes de familia como dueños legítimos de 600 mil hectáreas''.

Agrega que ``este documento, hecho a todo vapor, originó un grave enfrentamiento entre aquellos nuevos latifundistas y más de 20 colonias tzeltales y choles que desde hacía tiempo se encontraban instaladas dentro de la zona prohibida. Estas comunidades fueron obligadas a abandonar sus asientos y a reagruparse en dos gigantescos centros de población'', conocidos ahora como Frontera Corozal y Nueva Palestina.

Dentro de la reserva y su zona de influencia hay aproximadamente 68 comunidades, con un total de 26 mil 220 habitantes. Tan sólo en la reserva, de acuerdo con el censo de 1990, hay casi 10 mil.

El investigador Miguel Angel Vásquez, de El Colegio de la Frontera Sur, resume así la situación actual de la selva: ``corrupción que promueve el contrabando, falta de cultura forestal y ecológica entre los campesinos, desorganización de las comunidades asentadas, duplicidad de responsabilidades y funciones institucionales de dependencias federales, falta de apoyo financiero para el desarrollo de modelos piloto bajo investigación intensiva, escaso acceso a la información estadística básica en cuanto a disponibilidad de recursos y falta de sanciones enérgicas y de vigilancia eficiente''.