En un acto de verdadero cretinismo parlamentario, 251 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron en favor de la descertificación de México, con un plazo de gracia de 90 días, y con la intención de imponer seis condiciones inadmisibles por ser atentatorias a nuestra plena autodeterminación soberana.

La propuesta es doblemente idiota: por un lado pretende doblegar a un país que tiende a cerrar filas en torno del Ejecutivo cuando están en juego la dignidad nacional y la soberanía; y por el otro, la resolución refuerza al PRI y a sus corifeos cuando supuestamente se trataba de debilitarlos. Pero independientemente de los cálculos políticos sobre la permanencia del PRI en el poder, que sólo concierne a los mexicanos, la pretensión de imponerle a México condiciones de protectorado es la mejor manera de cerrar las puertas a cualquier tipo de colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico, como bien señaló el presidente Clinton cuando se enteró del voto de sus legisladores.

Con este paso de los representantes de nuestro vecino, la tensión en las relaciones bilaterales se incrementa de modo significativo semanas antes de la primera visita de Estado del presidente Clinton a México, lo que podría convertirse en el fracaso de la misma -quizá eso es lo que los representantes estadunidenses buscan. Cabe constatar que en esta ocasión, como en el caso del paquete de apoyo financiero, Clinton se la jugó solo, por determinaciones políticas y geoestratégicas del lado de México y de su aliado cercano: el doctor Ernesto Zedillo. Los dos mandatarios se encuentran del mismo lado de la barricada, aunque por razones distintas.

El presidente Zedillo no pudo menos que lanzarse aquí y en Tokio a la defensa de la soberanía, bajo los parámetros tradicionales del nacionalismo revolucionario de los gobiernos mexicanos en tiempos de confrontación con Estados Unidos. Y Clinton más bien se dedicó a resaltar los riesgos de una mayor inestabilidad en México en caso de descertificación, sin por ello descalificar la posibilidad de arrancarle a nuestro gobierno algunas concesiones en materia de ``cooperación'' contra el narcotráfico, a cambio de su apoyo sin estridencias.

Los ciudadanos, los gobiernos y los legisladores de México, Estados Unidos y Canadá aún no han internalizado plenamente los significados de la alianza subcontinental. No parecen haber incorporado que la firma y operación del TLCAN ya tiene y tendrá implicaciones geoeconómicas de consecuencias geopolíticas y geoestratégicas. No registraron que la firma del tratado traería consecuencias, por ejemplo, a nivel de la presión para la homologación política de los miembros del bloque comercial: la democratización de México se transformó en exigencia de las nuevas circunstancias impuestas por el incremento de todas las relaciones de intercambio con dos países de vieja cepa democrática: EU y Canadá. Tampoco incorporaron que la seguridad nacional de los tres países se imbricaba al punto de iniciarse un nuevo periodo en la cooperación militar y de inteligencia, al convertirse la defensa de los intereses del bloque comercial en principio estratégico de los tres países frente a los enemigos comunes: narcotráfico, terrorismo y conflictos de baja intensidad. Sobre todo, no han entendido que los mayores niveles de integración implican un respeto más acucioso de la soberanía de los países signatarios, por paradójico que parezca. Ese es el caso de los representantes descertificantes de Estados Unidos.

Habría que regular los mecanismos de cooperación, discusión, intercambio de información y solución de las controversias en el seno de la alianza, creando nuevas instancias acordes con las dimensiones del TLCAN. Una vez pasado el vendaval de la descertificación, quizás sería tiempo de crear el Parlamento de América del Norte, al modo del Parlamento Europeo, para dirimir las diferencias políticas entre los tres países y dejar atrás el nivel de vecinos chismosos y peleoneros de barrio. Para así discutir y resolver asuntos contenciosos, incluyendo el narcotráfico, en términos de racionalidad contemporánea y en igualdad de circunstancias. Y no en términos de certificaciones atentatorias al derecho internacional, en la más pura de las tradiciones imperialistas. Esa sería la instancia para discutir la Helms-Burton, el proceso migratorio, los niveles de cooperación y la inoperancia de las certificaciones unilaterales.