1. El federalismo fiscal mexicano, tiene como marco la Ley de Coordinación Fiscal, que da origen desde 1978 al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y el Convenio de Desarrollo Social.

2. El eje del mismo es la comisión permanente de funcionarios fiscales, constituida por los representantes de ocho zonas fiscales, en reuniones periódicas en las que participan los estados que lo deseen. En su seno existen numerosos grupos técnicos.

3. Las participaciones son las transferencias no condicionadas, y derivan de la firma de un convenio de colaboración administrativa, que deja en el gobierno central la facultad para recaudar fundamentalmente el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo (IVA) y el IEPS. Las entidades y los municipios tienen las fuentes patrimoniales, como es el caso del impuesto predial y el de compraventa de inmuebles (traslado de dominio). En el caso estatal destaca el impuesto sobre nóminas.

4. La fórmula de distribución de participaciones vigente es el resultado de las modificaciones efectuadas a la ley de coordinación fiscal en 1989 y 1990. Antes el mismo se basaba en la existencia de tres fondos: el fondo general de participaciones (FGP), el fondo financiero complementario (FFC) y el fondo de fomento municipal (FFM). Para 1990 se unifican el FFC y el FGP, dándole más peso al criterio poblacional. Sin embargo, se da un efecto negativo para las entidades de menor desarrollo beneficiarias del fondo financiero. Por lo mismo, se modifica la fórmula de distribución de participaciones, creando una tercera fracción en el fondo general, e incluyendo los incrementos en predial y agua como asignables del fondo de fomento municipal, los resultados son positivos.

5. Para 1996, el FGP se adiciona 1.5 por ciento de la RFP, quedando con 20 por ciento. El fondo para el reordenamiento urbano se integra al fondo de fomento municipal, quedando éste con el uno por ciento de la RFP. Además los estados reciben participaciones en la recaudación del IEPS (impuesto especial de producción y servicios, así como en los impuestos de tenencia y de automóviles nuevos). El monto de las transferencias es aproximadamente 24 por ciento de la RFP.

6. A partir de 1996 se otorgan facultades a los estados para gravar el hospedaje, los anuncios y cobrar derechos por bebidas alcohólicas. Se está en el proceso de aplicación.

7. Las transferencias condicionadas se han operado en por lo menos cinco frentes: 1. Los recursos del ramo XXVI, para la superación de la pobreza. 2. Educación básica; desde 1992, se dio el primer paso para la federalización de la misma. A partir de 1996 se integran los recursos del Capfce, y en 1997 se le incorporarán los recursos del INEA. 3. Salud y asistencia social: en 1997 se concluirá la transferencia de esta responsabilidad a los estados, los cuales al igual que en educación tendrán que crear un organismo público descentralizado. 4. Desarrollo agropecuario. 5. Comunicaciones y transportes: la descentralización de los recursos para la construcción, modernización y mantenimiento de carreteras alimentadoras.

8. Sumando las transferencias no condicionadas -es decir, las participaciones-, y las condicionadas -las de gasto-, las transferencias equivalen a más de la mitad de la recaudación federal participable. En el horizonte previsible de la descentralización se tiende a que algunas entidades, además de ser únicamente normativas antes de terminar el sexenio, sean instancias de concertación en una coordinación ingreso-gasto, o hacendaria.

9. Existe gran inquietud por parte de gobernadores y partidos políticos. Coinciden en la necesidad de más recursos para estados y municipios, pero difieren en la forma de obtenerlos. Resulta interesante ver que muchos de ellos, particularmente los de oposición y algunos del PRI, se resisten a ejercer las nuevas potestades tributarias, o son lentos en la actualización, por ejemplo, de sus valores catastrales.

10. En la coordinación fiscal, los estados analizan los obstáculos de la descentralización del gasto en salud y educación, con la intención de evitar costos adicionales para los estados; sin embargo, estamos ante un proceso lento, que por lo menos tardará algunos años en aterrizar.