Desaparición de poderes o renuncia de Ruiz Ferro, exige Juan Bañuelos
José Gil Olmos y Martha García Ť En su segundo día, participantes del primer Encuentro Nacional por la Paz resolvieron buscar los mecanismos para contar con el apoyo de la ONU en el conflicto en Chiapas y que el EZLN tenga el reconocimiento internacional como ``parte beligerante''.
Juan Bañuelos, poeta chiapaneco y miembro de la Conai, propuso la desaparición de poderes en esa entidad o la renuncia del gobernador Julio César Ruiz Ferro y de su procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández, luego de la última ``torpeza'' de detener a dos sacerdotes jesuitas.
Con las noticias de nuevos choques en el municipio de El Bosque, Chiapas, y las denuncias de militarización en al menos 10 estados, los participantes plantearon apresurar la construcción de ``los espacios de discusión y acción que privilegien la negociación ante la imposición y el enfrentamiento''.
Divididos en dos mesas de trabajo y dos talleres, 500 personas discutieron ayer en el Centro Universitario Cultural las condiciones mínimas para la paz, y establecieron 12 compromisos: que el gobierno cumpla los acuerdos que firma con todos los sectores y grupos, dentro de ellos los de San Andrés; que ratifique los convenios y protocolos internacionales de derechos humanos, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ofrezca pleno apoyo a los equipos de observadores de la ONU y la OEA que componen las misiones especiales para vigilar la transición del conflicto.
Asimismo, que el gobierno detenga la práctica de la tortura; restringir las funciones del Ejército como lo marca la Constitución y desmilitarizar regiones y fuerzas de seguridad pública; acabar con los grupos paramilitares y guardias blancas; reconocer a las agrupaciones civiles de derechos humanos; tipificar penalmente la discriminación racial, religiosa, sexual, política y económica; establecer la autonomía de la comisión nacional y estatales de derechos humanos; garantizar la independencia del Poder Judicial; modificar el sistema penitenciario; legislar el acceso a los medios de comunicación, y libertad a presos políticos.
En las mesas se retomó la idea del presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Oscar González, quien al iniciar el encuentro dijo: ``Candil de la calle y oscuridad de su casa ha podido decirse de la actitud asumida por el gobierno mexicano en este conflicto. Baste recordar su participación activa en la búsqueda de soluciones a los conflictos de El Salvador y de Guatemala (...) Aquí, en este punto, surge la pregunta ¿qué tan serio se ha tomado el gobierno negociación para resolver el conflicto de Chiapas, y hasta dónde podemos en verdad evaluar ahora su importancia real?''
La propuesta de protección jurídica de una de las partes beligerantes se basa en los artículos 1o. y 2o. del Reglamento de los Derechos y Deberes de la Guerra en Tierra, anexo de la cuarta Convención de la Haya de 1907, en su preámbulo llamado Cláusula de Martens, y en la Convención de Ginebra de 1949 -complementada por la Conferencia de los Derechos del Hombre de Ginebra de 1974.
Respecto a la idea de consultar sobre la validez jurídica internacional de los acuerdos de San Andrés en el artículo 96 de la Carta de la ONU -que habla de la posibilidad de que órganos y organismos especializados puedan pedir a la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas ``sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades''-, Javier Elorriaga, del FZLN, dijo que si en el encuentro se decide recurrir a los organismos internacionales, se trabajará en ello porque cualquier instrumento que coadyuve a la solución del conflicto es útil.
La búsqueda de los foros internacionales, se dijo en una de las mesas, es por el temor de que con el cambio de legislatura en las próximas elecciones se llegue a plantear en el Congreso de la Unión cambios a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas del 11 de marzo de 94.